Baldo Kresalja - Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía

3. El Perú no es ajeno a esa crisis, la que está asociada a la de los partidos políticos, pues casi todos ellos han perdido identidad y carecen de idearios y programas. De cierta forma, esto se ha extendido a otras importantes instituciones políticas fundamentales, como el Congreso, del cual la población tiene una opinión muy desfavorable85. Es preciso asimismo señalar que los procesos electorales son cada vez menos deliberativos y más dependientes de una propaganda audiovisual con poco contenido. Por ejemplo, la institucionalización de la conflictividad social, las continuas protestas en varias partes del territorio son parte de la escena política en el Perú y ello, afirma Carmen Ilizarde, es fruto de una crisis de representación, que ha sido incluso reconocida por el Estado, tal como lo ponen en evidencia los informes de la Defensoría del Pueblo. Quienes intervienen lo hacen reivindicando un mayor espacio. Esa conflictividad social, dice Ilizarde:

merece pensarse como una forma de participación política independiente del sistema de representación política que tiene en los partidos a su institución central. Más que frente a una forma alterna de representación, nos encontramos con formas diversas de ejercer la auto representación [sic] para afirmar el desacuerdo y lograr un cambio en el Estado a partir de acciones colectivas de incidencia directa. Este tipo de participación política ha ido consolidándose en el tiempo en el que los partidos políticos han ido desapareciendo y dándole paso, a su vez, a otras formas de organización para la competencia electoral, una suerte de emprendimientos políticos que no buscan ejercer la representación sino llegar al poder y enseñorearse en él86.

Resulta comprobable que después del colapso de los partidos políticos tradicionales durante el fujimorismo, el sistema fue remplazado por un modelo autoritario y vertical, que no ha podido superarse o recomponerse en los últimos años de gobiernos democráticos. Ello ha influido para que varios intentos de representación fueran en la práctica reemplazados por la prebenda y un clientelismo relacionado con intereses concretos lejanos de los mayoritarios y de las necesidades más apremiantes de la población. Uno de los efectos de la práctica fujimorista ha consistido en que la sociedad prescinda cada vez más del referente estatal y los partidos tengan dificultades para interpretar lo que ocurre en la sociedad, lo que favoreció la idea de emplear procedimientos plebiscitarios para consultar a la población, ya que los gobiernos autoritarios se muestran desconfiados y hasta hostiles respecto a las mediaciones políticas. En ese escenario, la idea de representación se asocia de modo más transparente con el Poder Ejecutivo que con el Parlamento. En efecto, no hay duda de que esa deslegitimación autoritaria de la política, en la que se pone en discusión la validez de los que la ejercen, restringe el espacio público como ámbito de participación y de deliberación87.

Lo que está en juego, en palabras de Greppi, es:

si en el futuro podrá establecerse todavía alguna clase de equivalencia entre lo que piensan, creen, dicen, sienten los representados y la actividad de quienes actúan en su nombre, entre las expectativas que unos cultivan y las prestaciones que los otros pueden razonablemente ofrecer. En términos clásicos, el problema que hoy corroe a la teoría de la representación está en saber si cabe la posibilidad de darle forma política a la multitud88.

Y ello es así, dice el autor citado, porque cada vez son mayores las demandas destinadas a migrar hacia esferas de acción que no están directamente involucradas con la política representativa, ya no son de carácter distributivo sino tienen una relación con la condición individual, apareciendo nuevos enclaves de poder, informales y ajenos a los cauces típicamente democráticos de agregación de preferencias, con lo cual se origina un vacío pues cada vez hay menos que representar89.

Para combatir esa crisis se persigue un mayor acercamiento con los electores como una forma de evitar que el representante esté sujeto a las órdenes del partido, a sus propios intereses o a los de aquellos que lo promocionan; es decir, se busca que sea un auténtico representante de los intereses generales. De otro lado, se afirma que el sistema ha contribuido a acentuar el carácter elitista de la clase política. El sistema, se señala, carece de transparencia, a lo que se suma el escaso interés de los ciudadanos en la deliberación política, desafección causada por el individualismo extremo de las sociedades capitalistas contemporáneas y por la preeminencia de intereses fácticos de oscuro origen. Todo lo cual debilita grandemente el sistema del que venimos tratando90. Los correctivos propuestos son muchos; entre otros, elecciones primarias en los partidos, financiamiento público a éstos para evitar el «blanqueo» de dinero y hasta la introducción de algunos mecanismos propios de la democracia directa.

4. A pesar de las sentencias pesimistas y la intensidad de las polémicas sobre esta materia, cabe señalar que la democracia representativa sigue teniendo muchas ventajas que mostrar y sigue siendo por ello profusamente utilizada como sistema de gobierno. Es difícil encontrar hoy a alguien que cuestione la necesidad de contar con instituciones representativas, y, «por tanto se ha renunciado a la utopía de que todos los ciudadanos puedan participar directamente en todos los procesos de toma de decisiones»91. En efecto, para J. L. Martí: «nadie ha cuestionado la idea de representación, que es considerada necesaria y hasta valiosa, ni defendido en su lugar un modelo de democracia directa»92. Las propuestas que veremos más adelante no buscan su desaparición sino el perfeccionamiento de la «democracia representativa».

El objetivo es mostrar que la representación debe poner a los ciudadanos en condiciones de elaborar y revisar las demandas que se proyectan sobre el espacio público. Si bien no existe sistema electoral que consiga reflejar las preferencias de todos, el proceso de representación es indispensable para que puedan proyectarse las demandas y para que el sistema tenga legitimidad; no suele haber solicitudes instantáneas: todas pasan necesariamente por mediaciones representativas, por el intercambio discursivo entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas de las instituciones. Hay, pues, que reinventar la representación, recordando la progresiva pérdida de centralidad de la política y de su fuerza legitimadora cuando la deliberación languidece. «La voz que expresa la voluntad soberana no está ni del lado de los representantes, como siempre han dicho los elitistas, ni del lado de los ciudadanos, como han pretendido los populistas, sino que emerge paulatinamente en el continuo intercambio entre los distintos niveles de formación de la opinión y la voluntad»93. Podemos entonces afirmar que sin representación no hay deliberación ni puede haber opinión.

En ese entendido, no puede olvidarse que la política debe ser un espacio de encuentro entre personas que se juntan en libertad para hablar de las ideas y asuntos que comparten; ha sido justamente el abandono del espacio común lo que ha llevado a la crisis que hay que superar. Y buscar ese encuentro es la primera tarea por desarrollar para lograr una representación cabal, pues la consecución del interés público debe ser liderada por alguien. No basta pues el acto electoral; la iniciativa grupal juega un rol determinante para seleccionar a quien debe representar los intereses comunes. En cierta medida, el desarrollo tecnológico y la información más precisa hacen que el acto electoral sea en nuestros días un acto plebiscitario que recobra parte del antiguo encanto de la decisión popular como acto de soberanía. No es que el principio de representación desaparezca; lo que sucede es que el principio de identidad está ahora más presente que antes, consecuencia de un mayor desarrollo educativo. Por ello, resulta innecesario buscar fórmulas clásicas de democracia directa, pues la manifestación de voluntad es expresada en los comicios. Lo contrario es poner en entredicho los logros democráticos que con tanto esfuerzo se ha logrado conseguir.