Emilio Bustamante - La radio en el Perú

Este libro contiene cuatro capítulos que se refieren a cada uno de los períodos en los que he dividido la historia de la radio en el país. El primer período (1925-1937) comprende el surgimiento y la transformación de la radio de un medio de elite a uno de masas. El segundo período (1937-1956) se inicia con la creación de Radio Nacional del Perú y la promulgación de un reglamento que consagra un modelo de radio comercial orientada al entretenimiento, con presencia, sin embargo, de una poderosa emisora estatal; abarca lo que se ha denominado la “edad de oro”, en él se consolidan algunas empresas y cadenas, así como determinados géneros, programas, locutores, animadores y artistas. El tercer período (1956-1980) se inicia con los primeros intentos de dar una nueva reglamentación al medio ante la inminencia del ingreso de la televisión al país, y las presiones de nuevos actores sociales y políticos que reclaman la modificación del modelo con una orientación de la radio hacia el servicio público; culmina con el fracaso del experimento realizado por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. El cuarto período (1980-2000) comienza con la devolución de las empresas mediáticas a sus propietarios, y comprende dos décadas de caótica expansión, la conformación de nuevas cadenas y corporaciones, y el desarrollo de una radio popular, todo ello bajo condiciones políticas difíciles creadas por el conflicto armado interno en la década de 1980 y el gobierno autoritario en la década de 1990.

En cada período se ha considerado las relaciones entre radio y política; la evolución empresarial del medio, su recepción y consumo; y la programación de la radio comercial limeña.

La relación entre radio y política ha sido intensa y ha adquirido características particulares en cada período. En la inauguración de la primera emisora (OAX) en 1925, el presidente Leguía aprovechó el discurso de apertura de la estación para defender su postura en torno al plebiscito sobre la devolución de Tacna y Arica al Perú, que se hallaba en plena discusión por esos años. Durante el régimen de Sánchez Cerro, la Radiodifusora Nacional OAX4A fue empleada para llevar a la ciudadanía los discursos del mandatario, haciéndose uso entonces de parlantes ubicados en lugares públicos con el fin de aumentar la audiencia del medio, que por el alto costo de los receptores y el pago del derecho de antena se hallaba entonces solo al alcance de personas pudientes. En las elecciones de 1936, los candidatos no desdeñaron el uso de la radio al haberse ya percatado de que un solo aparato receptor estratégicamente ubicado podía servir para que llegaran mensajes a decenas de personas.

El general Benavides recurrió al medio repetidas veces, y bajo su jefatura se emitió el reglamento de 1937 que clasificó a las emisoras y buscó ordenar el otorgamiento de frecuencias. Durante el régimen de Benavides, además, el Apra empleó la estación clandestina Indoamérica para hacer oposición al gobierno. En las campañas electorales de 1939 y 1945 nuevamente los postulantes a la Presidencia y al Parlamento se valieron de la radio. Durante el gobierno de Bustamante y Rivero (1945-1948), el Presidente se dirigió al país constantemente por Radio Nacional (que además irradiaba el programa La Voz del Perú con mensajes del Ejecutivo en respuesta a la oposición), y las emisoras privadas dieron cabida a programas políticos (en ocasiones diarios) del Apra y la derechista Alianza Nacional. Al iniciarse la dictadura de Odría hubo una evidente tensión entre el Ejecutivo y las emisoras privadas al ser clausuradas algunas (Radio Victoria, temporalmente) y multadas otras (Radio América), pero también relaciones de cercanía política (con Radio Lima en especial, que contribuyó al golpe de Estado de 1948).

Durante el Ochenio, se impuso la transmisión del Informativo Nacional en cadena a través de todas las emisoras, pero las agremiaciones de empresarios radiales lograron tener participación en la elaboración del nuevo Reglamento de Telecomunicaciones, que establecería las normas sobre adjudicación de frecuencias, finalmente promulgado en el segundo gobierno de Prado.

En breve lapso de la Junta Militar (1962-1963), que derrocó a Prado, surgieron desavenencias entre los gobernantes y los empresarios radiales aparentemente por deudas de los últimos al Estado, pero que en el fondo expresaban concepciones opuestas respecto del medio, entendido como un servicio público por los militares y un negocio privado por los dueños de las emisoras. Durante el primer gobierno de Belaunde (1963-1968), la beligerancia política sería muy clara en algunas emisoras (Radio Expreso haría defensa cerrada del Ejecutivo y Radio Continente, alineada con la alianza Apra-UNO, se mantendría en constante oposición). Después, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980) intervino en la radiodifusión como nunca antes lo hizo régimen alguno sobre la base de la Ley General de Telecomunicaciones que promulgó en 1971, y mediante la expropiación de un gran número de emisoras. La intención, según sus mentores, era cambiar el modelo para poner la radio al servicio de las mayorías nacionales, pero las medidas fracasaron y solo sirvieron para el control de la información por parte de la dictadura.

Tras la devolución de los medios a sus antiguos propietarios al inicio del segundo gobierno de Belaunde (1980-1985), la radio enfrentó problemas políticos a la par que económicos. Durante ese régimen y el primer gobierno de Alan García (1985-1990), los movimientos subversivos del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) realizaron tomas de emisoras con la intención de propagar sus mensajes, pero también se observó la defensa de los derechos humanos por parte de estaciones y programas radiales que, en represalia, sufrieron ataques tanto de los subversivos como de fuerzas paramilitares.

En la década de 1990, las relaciones con el gobierno de Alberto Fujimori fueron, a menudo, conflictivas. Durante el golpe de Estado de 1992, efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas ocuparon los locales de las emisoras y detuvieron a varios periodistas. El gobierno, además, empleó la publicidad del Estado como forma de control sobre las radios, restringiéndola o negándola a las emisoras que le resultaban incómodas. Asimismo, usó el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para acallar o amedrentar a la prensa radiofónica. Algunos periodistas sufrieron seguimientos por parte de supuestos agentes del orden y amenazas anónimas. Los casos más graves se dieron en el interior del país, donde más de uno perdió la vida a causa de sus denuncias contra irregularidades cometidas por autoridades locales. El movimiento de radio popular, que había adquirido mucho vigor desde fines de la década de 1970, también recibió duros golpes. Vinculado a sectores progresistas de la Iglesia católica y a la izquierda, se vio afectado por la crisis mundial y nacional de las posturas socialistas. A ello se sumó un gobierno represivo que no solo pretendió dejarlo sin reservas económicas prohibiendo la publicidad en las radios educativas, sino que, mediante agentes de los servicios de inteligencia, sembró amenazas y llevó a cabo atentados físicos en contra de emisoras, directivos y conductores de programas. No obstante, al final del período, el movimiento de radio popular salió fortalecido, incrementando sus redes, que fueron de singular importancia para mantener informado al país durante la crisis política del año 2000.

El otorgamiento y uso de frecuencias, la propiedad y gestión de las emisoras, el financiamiento de estas, la adquisición de nuevas tecnologías y la formación de entidades gremiales de propietarios y trabajadores han sido también temas de análisis en cada período. En 1925, el gobierno de Leguía aparentemente optó por un modelo de monopolio privado al auspiciar la aparición de la Peruvian Broadcasting Co., empresa privada a la que adjudicó la frecuencia de OAX, la primera estación peruana. Sin embargo, al quebrar la entidad poco tiempo después, el Estado entregó la emisora a la empresa británica Marconi, que controlaba la Administración General de Correos y Telégrafos. Con la caída de Leguía en 1930, el Estado asumió la administración de la emisora por un breve intervalo antes de otorgársela a otra empresa privada: la Compañía Nacional de Radiodifusión S. A., que la dejó en 1937, cuando, sobre la base de OAX, se inauguró Radio Nacional del Perú como emisora estatal. Entonces ya se había roto el monopolio al hallarse en funcionamiento varias emisoras comerciales privadas, a las que el Estado había otorgado frecuencias desde 1934.