Emilio Bustamante - La radio en el Perú

Según Baltazar Caravedo Molinari, el Oncenio de Leguía tuvo dos “fases políticas”: la primera, de 1919 a 1922; la segunda, de 1923 a 1930. A la primera fase la habría caracterizado la lucha anticivilista (y, por tanto, antioligárquica), la búsqueda de respaldo entre los nuevos sectores industriales, medios y populares, y una campaña proindígena y antigamonalista (Caravedo 1977: 59-60, Burga y Flores Galindo 1981: 132-133).

La segunda estaría definida por la hegemonía norteamericana, el apoyo en la burguesía agraria e industrial y un “burocratismo represivo acentuado” (Caravedo 1977: 60). Aunque los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo admiten la existencia de estas dos fases, consideran que hubo “líneas permanentes de gobierno y administración” y señalan como una de ellas la modernización del país, “desde múltiples perspectivas y niveles”; para ellos, “la preocupación central que asediaba a Leguía era urbanizar, construir caminos e irrigar tierras” (Burga y Flores Galindo 1981: 135).

En efecto, durante el régimen se mejoraron de manera notable los servicios de agua potable y electricidad, se construyeron avenidas, paseos, bulevares, muelles, malecones, edificios públicos y monumentos. Lima, la capital del país se transformó, adquiriendo la apariencia de una ciudad moderna. El financiamiento de esas y otras obras se logró gracias a un aumento descomunal de la deuda externa.

Al apartar a la oligarquía del gobierno, Leguía buscó apoyo en una nueva plutocracia que se esmeró en crear (Burga y Flores Galindo 1981: 137) y en una burocracia que amplió considerablemente, integrando a ella a sectores mesocráticos; sin embargo, no modificó sustancialmente la estructura de la propiedad ni el modelo económico de la República Aristocrática. Las actividades principales siguieron siendo la agroexportación y la minería, y su gobierno continuó estimulando la inversión extranjera, aunque los capitales norteamericanos reemplazaron en gran medida a los ingleses que habían predominado en años anteriores. Una práctica de entonces fue que los mismos inversionistas asumieran la administración de las áreas en las que colocaban su dinero; el control de las aduanas, por ejemplo, pasó a manos de funcionarios de los bancos norteamericanos (Burga y Flores Galindo 1981: 137).

Leguía también fortaleció a las instituciones militares y policiales, lo que permitió al Estado “imponer una autoridad indiscutible” (Burga y Flores Galindo 1981: 138). No debe olvidarse, por otro lado, que, pese al funcionamiento del Parlamento durante el Oncenio, el origen del régimen era espurio, las elecciones de 1924 fueron una farsa, y la práctica del Ejecutivo no dejaba de ser autoritaria. Tanto en la primera como en la segunda fase, el gobierno practicó la detención y la expulsión del país de sus opositores políticos. Asimismo, estimuló la obsecuencia al Jefe de Estado de buena parte de la prensa, y encubrió una corrupción que tras su caída se reveló inmensa.

Los primeros años de la radiodifusión en el Perú son indesligables de las características señaladas del Oncenio. El gran interés de Leguía por la modernización fue coherente con el apoyo que brindó a la iniciativa de crear una estación de radio en Lima a mediados de la década de 1920. La radio, entonces, era signo de lo nuevo, y un gobierno que se preciaba de moderno no podía ignorarla. El afán por la construcción de caminos por parte del régimen reflejaba, además, la voluntad de conectar a un país todavía insuficientemente cohesionado y cuyas fronteras, inclusive, no se hallaban plenamente definidas por tratados internacionales (otra de las preocupaciones de Leguía fue, precisamente, firmar convenios limítrofes con los estados vecinos); no era extraño por tanto, desde esta perspectiva integradora, que un medio de comunicación, como la radio, capaz de enlazar a habitantes de diversas regiones, resultara seductor para el gobierno. Por otro lado, fiel a su política respecto al capital extranjero, el gobierno de Leguía entregó en un inicio (no sin fuerte resistencia de adversarios e incluso aliados políticos) la administración de la radiotelefonía a una empresa extranjera (la británica Marconi), aunque después permitiera que ella fuera asumida por una entidad nacional privada integrada por miembros de aquellos sectores cuyo ascenso político y económico se esmeró en estimular.

Invocando razones de seguridad nacional, el gobierno de Leguía consideró, mediante Decreto Supremo del 19 de enero de 1921, que los servicios de correo, telégrafo y similares (lo que incluía a la radiotelefonía) constituían un monopolio cuya explotación corría a cargo del Estado (Gargurevich 1995: 46-47). Sin embargo, pocos meses después contempló que el desarrollo de esos medios de comunicación demandaba inversiones que excedían su capacidad financiera, y entregó, mediante dos decretos supremos fechados el 21 de abril de 1921, los servicios de correos y telégrafos a la empresa británica Marconi’s Wireless Telegraph Company. Los decretos, publicados el 27 de abril, hacían alusión a un contrato que no fue de conocimiento de la prensa sino hasta mayo, y que sería elevado a escritura pública el 13 de junio de 1921. El documento consagraba la entrega del Estado a la Marconi de “la administración completa, exclusiva e irrevocable, por un período de veinticinco años” de los servicios de correos y telégrafos, otorgándole facultades para usar y explotar todas sus patentes (presentes y futuras) sobre radiotelegrafía y radiotelefonía.

El contrato fue muy cuestionado por el diario El Comercio , que veía inapropiada la entrega de un servicio público que comprometía la seguridad nacional a una entidad comercial extranjera. Por su parte, el diario El Tiempo criticó acremente, durante el año 1922, a la administración de la Marconi (Gargurevich 1995: 48-50).

Cediendo a la presión de los medios y de la oposición política, el Ejecutivo llevó el documento al Congreso para su discusión. Fueron nombradas dos comisiones parlamentarias para estudiarlo: una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. La primera emitió su dictamen el 27 de noviembre de 1922, señalando que “vería con agrado” que se rescindiera el contrato; la segunda informó el 27 de diciembre del mismo año, sugiriendo solo algunas modificaciones al contrato. En febrero de 1923, el Senado envió al Ejecutivo un proyecto de contrato con las correcciones que consideraba necesarias, ninguna de ellas sustancial. Finalmente, el 1 de febrero de 1926, el Congreso promulgó la Ley 5363, que contenía el contrato firmado por el gobierno de Leguía y la Marconi, con las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores tres años antes (Gargurevich 1995: 50-52).

En 1922, mientras se discutía la validez y pertinencia del contrato con la Marconi, el Estado promulgó el Reglamento de Licencias de Estaciones de Radiodifusión. Establecía como requerimientos para el otorgamiento de licencias que las estaciones estuvieran destinadas a la enseñanza, a la experimentación científica o a la prestación de determinados servicios locales. Los aspirantes debían demostrar al administrador del servicio que perseguían fines científicos y de utilidad pública (Perla 1995: 47-48).

En 1923, el comerciante Luis G. Tirado 1solicitó ante el Ministerio de Fomento una patente de introducción de aparatos receptores de radiofonía y radiotelefonía, y el permiso para el establecimiento de “[…] una central transmisora, desde la cual se darían conciertos, se cantaría, se pronunciarían discursos adecuados a la cultura general, se impartirían noticias, etc., los que serían escuchados desde su casa por los poseedores de receptores” ( La Crónica , 12 de setiembre de 1923). El Ministerio de Fomento acogió la solicitud, pero la compañía Marconi se opuso judicialmente, alegando que de proceder el pedido de Tirado se lesionaría el contrato suscrito con el gobierno, que le reconocía a la empresa británica la exclusividad para la explotación de todo tipo de patentes sobre la radiotelefonía, lo cual incluía las de importación y venta de aparatos. Además, argüía que se pondría en peligro el secreto de las comunicaciones y se vulneraría el privilegio de invención del que gozaba la Marconi.