Isaac León Frías - Tierras bravas

La muralla verde (1970), producida por Amaru Films, fotografiada por su hermano Mario Robles, con Julio Alemán y Sandra Riva, prosigue con mayor coherencia narrativa la línea del filme anterior. En este caso, se narra la historia de un hombre en lucha contra la administración pública y contra los contratiempos de la selva a la que se traslada como colonizador. Igual que En la selva no hay estrellas , el relato no es lineal, sino discontinuo, con lo cual se impone una retórica de la grandilocuencia y la vacuidad, pues el conjunto de las situaciones resulta de una clamorosa falsedad que se refleja en la planificación, la angulación, el estilo de actuación y la arbitrariedad del montaje.

Esos defectos se repiten en Espejismo (1973) y en los cortos posteriores que realiza. La coartada del “cine de autor” le sirve de muleta a Robles Godoy para justificar lo que no es más que una precaria versión de un cine que se quiere innovador y que resulta impostado y ajeno a las condiciones en que se desarrolla la actividad fílmica en el Perú. Concebidas en función del mercado internacional de autores cinematográficos, las películas de Robles Godoy ni han conseguido interesar al público local ni, mucho menos, han logrado la difusión que querían en el extranjero, lo que ha hecho que, hasta la fecha, ninguna de las empresas productoras (una por cada película) haya recuperado el total de la inversión, especialmente considerable en La muralla verde y Espejismo .

De todas formas, ante un panorama dominado por el vacío fílmico y los empeños deplorables que hemos consignado, las películas de Robles Godoy suponen la reivindicación de una dimensión personal y una exigencia de estilo sin precedentes en el país. En ellas, además, se han iniciado algunos de los nombres representativos del cine peruano de la actualidad: Nora de Izcue, Jorge Suárez, Fausto Espinoza y Mario Pozzi-Escot.

En 1968 se inicia en el Perú un proceso político inédito: el 3 de octubre un golpe militar termina con el gobierno de Fernando Belaunde Terry y se pone en marcha una serie de medidas de carácter reformista y socializante: nacionalización del petróleo y toma de los yacimientos de la International Petroleum Company (los más grandes del país), reforma agraria, apertura de relaciones con los países del bloque comunista, incluida Cuba, expropiación de gran parte de la banca privada y de algunas de las empresas mineras más poderosas, incursión en el bloque de países no alineados y política exterior antiimperialista, expropiación de la industria pesquera, régimen de cogestión en las empresas industriales privadas, incorporación de un sector de propiedad social, rol decisivo del aparato del Estado en la planificación y la marcha de la economía del país, etcétera. Se define un esquema económico apoyado en cuatro sectores de propiedad: social, estatal, privado reformado y de pequeña propiedad, atribuyéndose al primero la más alta prioridad en función de un modelo político de “democracia social de participación plena”. Modelo que perfila la socialización simultánea de la riqueza y del poder político, el capitalismo, pero descartando también las formas conocidas de socialismo, aquellas que caracterizan especialmente a la Unión Soviética, por un lado, y a China, por otro, que a juicio de la teoría que inspirara el proceso político peruano suponen una socialización administrada en forma vertical, una versión “estatista” desvirtuadora del sentido más genuino de la tradición teórica socialista.

El proceso en su primera fase (de octubre de 1968 a agosto de 1975), conducido por el general Juan Velasco Alvarado, no logra, sin embargo, debilitar en forma sustantiva el predominio del sector capitalista en la estructura económica del país, el cual, incluso, se filtra en el mismo aparato de la administración estatal o paraestatal, especialmente en las áreas claves: los ministerios y las dependencias auxiliares de industria, comercio, trabajo, economía y finanzas, y otros. Así, las medidas no se cristalizan en una transformación realmente sustantiva, sino que se van diluyendo, como lo demuestra la segunda fase durante la presidencia del general Francisco Morales Bermúdez, en una modernización del capitalismo, con mayor injerencia del aparato del Estado, y en una simple modificación de los términos de la dependencia económica del poder imperialista.

Si bien es cierto que en los años más recientes la crisis económica del mundo capitalista ha incidido en forma aguda en la economía del país y es una de las causas principales del retroceso político del gobierno militar, ya desde el primer momento se advierte que coexisten en la dirección del proceso tendencias muy diversas, lo que se expresa en numerosas contradicciones y especialmente en el temor a la movilización popular, en contra, incluso de lo que la teoría pretende y afirma.

También en el renglón de los medios de comunicación, el gobierno militar incluye innovaciones: se expropia el 51 por ciento del accionariado de las empresas radiales, se expropia la prensa diaria con el fin de transferirla a los sectores sociales organizados (campesinos, trabajadores industriales, profesionales, etcétera) supuestamente más representativos, y en relación con el cine se promulga por primera vez una ley de promoción industrial.

Elaborada por el Ministerio de Industria, con el asesoramiento de Armando Robles Godoy, la ley de apoyo a la producción fílmica nacional, dada en marzo de 1972, se inspira en modelos capitalistas y es directamente apadrinada por la Asociación de Productores Cinematográficos, representante de los productores de noticiarios, cortos publicitarios y afines. El Decreto Ley 19327, de fomento de la industria cinematográfica, se promulga después de muchos años de intentos, individuales y grupales, por lograr una legislación pertinente, promovidos principalmente por los grupos más ligados a la escasísima producción cinematográfica. Pero la ley, en los términos en que se promulga, hubiera tenido mayor sentido en el marco de una democracia liberal y capitalista al estilo de la que administra Belaunde Terry, y no al interior de un gobierno que reivindica planteamientos socialistas. Sin embargo, este hecho no es sino una manifestación más de las contradicciones que anidan al interior del gobierno militar y responde a los lineamientos generales de la política implementada por el Ministerio de Industria.

La ley en mención otorga facilidades de importación y exportación de insumos, equipos y material fílmico, beneficios crediticios y obligatoriedad de exhibición con el monto total del impuesto (que asciende al 40 por ciento del boleto) a favor del largometraje, y parcial para el corto. Todo ello con un criterio prioritariamente privatista. Los incentivos, si bien tienden a favorecer la implantación de una infraestructura cinematográfica aún inexistente, dejan librada la producción a juego de las empresas que cuenta con sólidos fondos propios o avales crediticios seguros. En realidad, todo ello contradice o, por lo menos, no resulta lo más adecuado para hacer viables el capítulo I del reglamento, que en cuanto a las normas generales afirma: “Para los efectos de fomento de la cinematografía nacional se tendrá en cuenta que la cinematografía, además de ser una industria, es un medio de expresión de gran importancia para el logro de nuestros objetivos socioeconómicos, y capaz de comunicar a una gran audiencia nacional e internacional nuestra realidad y nuestra cultura. Por lo tanto, el desarrollo de la industria cinematográfica en el país debe tender a que la expresión cinematográfica será un derecho inherente a todas las personas y no una posibilidad limitada a determinados sectores”.