Valentina Saavedra Meléndez - Habitar digno y Nueva Constitución

Mónica:En el contexto chileno, ¿cómo se ha instalado el enfoque territorial de los derechos humanos?

Ana:Tenemos un problema. Toda mirada territorial del hábitat está determinada por la consagración del derecho de la propiedad privada, muy profundamente anclado en nuestra historia y nuestra forma de vida. El derecho de propiedad es parte de nuestra sociedad y debemos respetarlo. Pero es importante entender que no es un derecho fundamental; es un derecho secundario y derivado; cada vez que se aplica, se excluyen a otras personas y comunidades. En este momento constituyente, tenemos la oportunidad de abordarlo, de revisarlo, de debatirlo, en equilibrio entre el interés individual, el bien común y la salvaguardia del planeta. De ahí la premura de revisar la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad. Si queremos revertir la profunda segregación socioespacial de nuestras ciudades y la tremenda desigualdad del territorio; si queremos desarrollar un ordenamiento territorial, entonces debemos enfrentar la complejidad del derecho de propiedad. Si Chile resuelve centrar su carta magna desde los derechos humanos, debe incluir también las condiciones necesarias para hacerlos aplicables al territorio y las ciudades, incorporando la función social y ambiental del suelo, el control de la especulación, la captura de la plusvalía y la función pública del urbanismo.

Mónica:Para los efectos de la Nueva Constitución, el enfoque de los derechos humanos, especialmente de los derechos sociales y ambientales, permite entonces formular una articulación entre la función social y privada de la propiedad, colaborando tanto en la fiscalización de los intereses privados, cuando estos afectan el interés público, como en dar inicio a un proceso que permita revertir la marcada tendencia de la segregación urbana y de la desigualdad territorial.

Ana:Nuestro desafío es que la Nueva Constitución de Chile consagre los derechos humanos como pilar fundamental; defina al Estado como garante del cumplimiento de estos derechos y con capacidad de intervención en el territorio; revise la función social del derecho de propiedad; y defina los instrumentos necesarios para que, desde la sociedad, estemos fiscalizando la aplicación de estos principios y derechos. Estas son las condiciones necesarias para iniciar planes de ordenamiento territorial, hacer de la planificación urbana una base de entendimiento entre los intereses ciudadanos, las exigencias de calidad de vida de todas y todos, así como la fiscalización de los intereses inmobiliarios. Se trata de establecer un equilibrio, como lo hicieron en Brasil, Colombia y Ecuador, donde los principios de ordenamiento territorial están referidos en la Constitución. Con la negociación de bases comunes, poco a poco podremos hacer cumplir los derechos de las personas y de las comunidades en cada territorio, para reformular posteriormente el marco legal y normativo, desde el Código Civil a la Ley General y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones; y formulando políticas habitacionales que respeten a las y los habitantes en su rol protagónico para la producción y gestión del hábitat.

Mónica:Si analizamos el poder inmobiliario y el apoyo que el Estado le ha otorgado, configurando y modelando los territorios en contra de todos los principios de dignidad humana y de los derechos humanos, para el futuro ¿cómo se podría cambiar esta relación de fuerza?

Ana:El proceso constituyente, emanado de la presión política de los movimientos sociales, representa esta oportunidad única de cambiar las reglas del juego, para reconsiderar, a largo plazo, las condiciones de vida de las y los chilenos. La Constitución vigente ha favorecido las condiciones de mercado por encima de los derechos de las personas y de su dignidad. Bien sabemos que la Nueva Constitución no resolverá de inmediato los problemas que sufre la mayoría de la población; pero los acuerdos base permitirán cambiar poco a poco las prácticas políticas, económicas, la administración del Estado, la gobernanza de los territorios, la prevención de riesgos, la protección de la naturaleza y su biodiversidad. En este sentido, sobre cómo el proceso constituyente puede cambiar la relación de fuerzas en materia habitacional, urbana y territorial, lo primordial es, una vez más, la revisión de la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad y los instrumentos necesarios para que el Estado y la Sociedad velen por su implementación y fiscalicen su efectividad en cada territorio.

Mónica:¿Cómo te imaginas una ciudad con el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad?

Ana:Para mantener en alto la bandera del derecho a la ciudad, estoy pensando en lo que aprendí de las dirigentas del macrocampamento Los Arenales, en el norte de la ciudad de Antofagasta. Estas mujeres están luchando desde hace seis años por su lugar donde vivir en paz y dignidad. Entendieron la esencia del derecho a la ciudad y están construyendo la primera ciudad latinoamericana de Chile, una ciudad ideal que aún no existe, «pero queremos que se haga realidad»7. Con los derechos humanos como pilar de la Nueva Constitución, para estas mujeres y sus familias, para todas y todos, podremos exigir, recurrir e incidir en políticas públicas que respondan a la ciudad ideal anhelada, demostrando que es posible concretar los derechos colectivos hacia la justicia espacial, sin discriminación. Se trata de un proceso muy largo, de resistencia pacífica y desobediencia civil, de negociaciones entre sociedad empoderada y Estado social, para avanzar hacia la ciudad justa y el buen vivir.

1 Académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

2 Arquitecta y doctora en Urbanismo; presidente de Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN); defensora del derecho humano a una vivienda adecuada desde Ciudad Común y el Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos.

3 Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social (Santiago: Ediciones SUR, 2005): disponible en: .

4 Véase en Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, en .

5 Francisco Vergara-Perurich y Carlos Aguirre, «Viviendas a precios demenciales» ( CIPER Chile , 2019): disponible en: .

6 Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez y Ana Sugranyes, Con subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile (Santiago: Ediciones SUR, 2016): disponible en: .

7 Ana Sugranyes, «Pobladoras y sus derechos humanos». Revista Interquorum N°28 (2019): disponible en .

Paulina Cabrera Pereira8, Carolina Moore Sagredo9 y Fernando Toro Cano10

Plataforma ciudadana Ciudad Constituyente.

En octubre de 2019 las revueltas sociales11 marcan un despliegue del poder popular constituyente que remece como nunca al poder constituido: lo(s) de siempre, lo que nunca cambia, lo que tanto nos ha dañado, y al entramado institucional que lo sustenta: la reproducción social secuestrada por el mercado, un sistema político económico deliberadamente desigual y poco representativo. En medio de la rabia destituyente emerge una consigna que encarna el dolor y la precariedad de tantas, mientras proyecta también el deseo de un mejor porvenir: Hasta que valga la pena vivir dicen las calles, la gente, la esperanza compartida.

El momento que vive Chile nos invita a reflexionar y practicar aquello que nos hizo reconocernos la primavera del año 2019. Un momento común que, más allá del adjetivo que denota la superación de la noción dual de propiedad pública o privada, abre nuevas puertas. Pensar en lo común como proyección de la revuelta otorga la posibilidad de liberar los espacios físicos, sociales e institucionales de estos encasillamientos que terminan subordinados al binomio Estado o empresa privada. Así, lo común, materializado en nuevos espacios físicos, institucionales12 y simbólicos, transforma de manera colectiva las lógicas, alcances y límites impuestos por el modelo capitalista, diluyendo el carácter individualista y vertical de los espacios sociopolíticos actuales, creando un entramado comunitario horizontal, cuyos ensamblajes y confines se modifican libremente a medida que la articulación social en su conjunto así lo decida o requiera. Lo común, por tanto, es ante todo verbo, una forma de entender la acción social y política desde el vínculo, un hacer colectivo cuya voluntad de emancipación y autonomía emerge desde los espacios locales y las organizaciones que se reconocen y encuentran a través de un devenir común.