Pablo Seguel Gutiérrez - Soldados de la represión

A partir de la conceptualización de la violencia como un mecanismo de regulación no consensuado de un conflicto en torno al horizonte normativo de una sociedad determinada, la conceptualización de la violencia se relaciona con el poder y la autoridad. Esto lo lleva necesariamente hacia una reflexión respecto a la vinculación entre conflicto social, el poder social y el Estado, lo que fundará la distinción entre violencia social y violencia política. A partir de la dicotomía entre sociedad –en la que se expresan relaciones sociales de horizontalidad– y Estado –como ámbito en el que se desarrollan relaciones sociales verticales–, Aróstegui entenderá que la violencia social es la que se expresa entre personas, grupos, instituciones o corporaciones en un conflicto entre partes equiparables, mientras que la violencia política es un conflicto entre personas, actores, instituciones, grupos o corporaciones con poderes y posiciones asimétricas: “La violencia política es siempre una violencia vertical, pero que tiene una doble dirección”103.

Desde esa perspectiva, la violencia corresponde a un tipo de relación social en el que se desarrolla un tipo de acción orientada que tiene por objetivo el cambio de la voluntad, la decisión o la acción de un individuo, organización o institución acorde a las intenciones e intereses de uno de los actores de dicha relación104. La violencia es, por tanto, una forma de coacción, es una acción sobre otra acción que afecta el curso y orientación de esta, tanto a nivel de las disposiciones corporales como simbólicas105.

Complementando esta entrada analítica de manera coherente con el dualismo metodológico agente-estructura, Eduardo González Calleja nos propone una aproximación a la violencia que vincula al individuo con los contextos sociales y políticos en los que este se desenvuelve. En términos relacionales, la violencia conlleva tres dimensiones analíticas: la ejecución de una acción coactiva, la amenaza o aplicación de esta y una deliberación en torno a la intencionalidad y consecuencias de la aplicación de dicha coacción106. Por ello, la violencia comporta una virtualidad transgresora de los derechos fundamentales de una persona, en la medida que se constituye en un ataque o agravio en contra de la integridad física o moral. Pero a la vez, también, se constituye en una relación política y de poder, por cuanto que las sociedades contemporáneas quedan estructuradas en sus esferas de acción en el marco del derecho, la violencia como fenómeno de observación se vincula con el Estado, en la medida en que es entendido como la materialización y cristalización de determinados conflictos de las relaciones sociales107 y se ha definido como el lugar de expresión de la institución de lo político y de la estructuración del marco de la acción política. De ahí la definición clásica del Estado de Max Weber, entendido como aquella comunidad humana que en el marco de un determinado territorio reclama (con éxito) el monopolio legítimo de la violencia física108 y simbólica109. Como órgano instituido de lo político, el Estado pretende para sí la institución de la autoridad de una determinada sociedad, vinculándose con los individuos a través de determinadas instituciones normadas legalmente. Este modo de relación normada por los cuerpos legales posibilita que la interacción entre individuos quede diferenciada entre rol y posición; de este modo, el vínculo de un individuo con otro no solo expresa una interacción corporal, sino que también simbólica en la medida que cumple con un rol en el poder instituido y normado legalmente.

La violencia que ejecuta el Estado para controlar, disciplinar y administrar determinados grupos humanos corresponde a la represión. Siguiendo a González Calleja, la represión es una de las posibles acciones de regulación que los Estados y sus burocracias dirigen en contra de individuos o grupos que desafían las relaciones de poder existentes y los órdenes políticos constituidos de facto. Es, en ese sentido, “(…) el empleo o la amenaza de la coerción en grado variable, que los gobiernos aplican contra los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades”110. En la medida en que el Estado reclama para sí el ejercicio legítimo de la violencia física y simbólica, los límites de la utilización de esta, así como las maneras y condiciones bajo las cuales se recurre a ella, quedan normadas legalmente y sujetas a los grados de legitimidad que implican su uso para el conjunto de la sociedad. Por su parte, los grupos sociales que administran los cuerpos e instituciones normadas del Estado, corresponden a las burocracias. Las burocracias son los sectores jurisdiccionales estables, organizados jerárquicamente y normados legalmente para el desarrollo de actividades prescritas por la autoridad constituida del Estado. Dado que el Estado ejerce para sí el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica, el ejercicio y materialización de esta se efectúan a través de los órganos burocráticos del que han sido normados como depositarios de las funciones coactivas, de defensa, de administración del delito y de seguridad al interior de una determinada sociedad111.

La diferencia entre violencia y represión es que la segunda siempre corresponde al uso de los medios coercitivos y coactivos por parte de las burocracias e instituciones del Estado y está dirigida en contra de un determinado objetivo, población y se somete a una evaluación instrumental. Por su parte, la represión sistemática y vinculada con el ejercicio del poder de Estado ha sido desde comienzos de la modernidad denominada como terror de Estado112. Se ha entendido por terrorismo de Estado el uso sistemático de la represión a través de la combinación de repertorios legales e ilegales, burocráticos y/o en aparatos organizacionales clandestinos, destinados a efectuar coerción, debilitando, eliminando o erradicando las resistencias de los objetivos de la violencia113. Por su parte, González Calleja ha enfatizado el carácter gradacional del terrorismo de Estado que va desde la intimidación coercitiva (por ejemplo, mediante asesinatos selectivos por grupos paraestatales amparados por agentes de Estado), al ejercicio sistemático, extendido y generalizado en contra de tipos específicos de poblaciones (lo que comporta ciertas características de genocidio).

Dado que la coerción y la represión constituyen uno de los rasgos más distintivos de las dictaduras, se torna necesario efectuar algunas consideraciones al respecto. Como señala Pablo Policzer, los gobiernos autoritarios coercitivos –como las dictaduras– se enfrentan necesariamente a la problemática de la creación de organizaciones coercitivas capaces de cumplir con los objetivos políticos del régimen, desde el aspecto más fundamental (la conquista y conservación del poder del Estado), el control sobre la población mediante diversos dispositivos de subjetivación (como lo son las campañas de propaganda y los dispositivos de guerra psicológica), de vigilancia, control, hasta la administración y gestión de sus propios gobiernos. Por otra parte, los Gobiernos dictatoriales sustentados en el uso de la coerción se enfrentan con la propia tensión de disponer de un control sobre las propias burocracias, evitando que se generen cuestionamientos a la concentración del poder114. Ello implica necesariamente generar consideraciones sobre las burocracias y los mecanismos de restricción de estas.

Como he indicado en un adelanto de esta investigación115, las burocracias que legamente se abocan a las labores represivas corresponden a aquellas que tienen mandatos legales de administración del monopolio de la violencia física: las FF. AA. y policiales, las cuales están divididas por una diferenciación funcional en militares y policiales. Las burocracias militares administran las labores de defensa en escenarios de guerra externa e interna; las policías se abocan a la administración y resguardo del orden público. Para el desarrollo de las funciones de las burocracias militares y policiales, se contemplan las labores de recopilación de información y de análisis de esta: la inteligencia116. Dada la complejización de las sociedades contemporáneas, así como los escenarios de conflicto intra e interestatales, las funciones de inteligencia se formalizan y en determinadas coyunturas se constituyen en servicios diferenciados. Desde este punto de vista, emergen las burocracias de información e inteligencia.