Daniel Lozano Flórez - La asociatividad y el liderazgo del profesor en comunidades rurales de Colombia

Pérez Pérez, T. H. (2011). Colombia entre la paz y la guerra: una lectura a partir de la Seguridad Democrática. Via Iuris, (10), 83-100.

Pérez Pérez, T. H. (2014). Colombia: de la educación en emergencia hacia una educación para el posconflicto y la paz. Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 7 (2), 287-311.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-ic_indh2011-parte1-2011.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). ODS en Colombia: los retos para 2030. https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODS/undp_co_PUBL_julio_ODS_en_Colombia_los_retos_para_2030_ONU.pdf

*Docente investigador del programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: tperez@unisalle.edu.co

**Docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: lvasquez@unisalle.edu.co

Parte 1 Contextualización: la complejidad de la educación rural en Colombia

El desarrollo rural y la educación en el campo colombiano

Claudia Patricia Álvarez Ochoa*

*Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: calvarez@unisalle.edu.co

Ruralidad y territorialidad

En el mundo se han presentado modificaciones en las dinámicas sociales y económicas de las sociedades rurales a medida que las economías de los países han hecho su transición de agrarias a industriales (Bejarano, 1987; Cartagena, 2002). Uno de los cambios registrados se observa en el desplazamiento de los habitantes a las ciudades, en gran parte debido a la falta de oportunidades, a la búsqueda de alternativas para la generación de ingresos, a la continuidad de los procesos de formación y a la necesidad de distanciarse de las situaciones de conflicto.

Las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda indican que el 77,1 % de los 48.258.494 habitantes de Colombia residen en las cabeceras municipales, el 7,1 % en los centros poblados y el 15,8 % en las zonas rurales dispersas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2018a). Según los datos del Censo Nacional Agropecuario, alrededor de 2.748.000 colombianos se dedican a actividades productivas vinculadas con el agro (DANE, 2014).

La realidad del medio rural y los cambios en su entorno han incrementado las desigualdades sociales y las disparidades entre los territorios rural y urbano; además, han propiciado una separación de estos, a pesar de que tienen un alto grado de interdependencia. Por otra parte, ha sido frecuente la asociación de lo rural con lo agropecuario, lo que ha sesgado la mirada de este medio a los aspectos productivos, condición que, sumada a la baja densidad poblacional en las zonas donde se adelanta la actividad agropecuaria, ha creado situaciones de atraso material y de tradicionalismo cultural, así como la valorización de lo urbano (Gómez, 2001).

No obstante, el alto grado de interdependencia entre lo rural y lo urbano ha impulsado el surgimiento de nuevas comprensiones y de una ruralidad integrada con contextos urbanos, regionales e internacionales. En este punto, adquiere importancia el concepto de territorio: “espacio físico en donde se dan un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartidos por múltiples agentes públicos y privados” (Schejtman y Berdegué, 2004, p. 29). Así, el mundo rural es pluriactivo, en virtud de las distintas actividades económicas que desarrollan las unidades familiares campesinas y las comunidades como alternativas para la generación de oportunidades, lo que les posibilita mantener los medios de producción, conservar los estilos de vida y proteger los ecosistemas (Barkin, 2001, 2004, citado por Rosas-Baños, 2013).

La perspectiva teórica que incorpora el territorio como un concepto central para estudiar los procesos de construcción social llevados a cabo en un espacio geográfico ha originado el planteamiento del enfoque territorial (Llambí Insua y Pérez Correa, 2007), que se concibe a modo de un proceso de cambio institucional y productivo que se ejecuta en determinadas localidades y que permite avanzar en la superación de la pobreza (Schejtman y Berdegué, 2004).

Con este enfoque, la economía de lo rural se entiende desde la localización de los procesos económicos y sociales, en donde el eje articulador es el espacio geográfico. Esta condición propicia la convergencia de las voluntades e intereses de los actores, quienes tienen un sentido de identidad y unos propósitos definidos. Así, en el enfoque territorial se destacan las oportunidades de construcción participativa de propuestas de crecimiento, inversiones y sostenibilidad con una visión que respeta la cultura local, incluido lo rural (Dirven et al., 2011).

En Colombia, diferentes instituciones gubernamentales han adoptado este enfoque para la formulación de políticas públicas; también lo han hecho algunos entes privados y, desde luego, académicos para la realización de sus estudios. Una de las aplicaciones de esta categoría se observa en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Congreso de la República de Colombia, 2015), en el que se hizo una apuesta para un cambio social en el campo, mediante la intervención de problemas que durante varias décadas han estimulado el conflicto social colombiano, entre estos, las desigualdades sociales, la concentración de la propiedad de la tierra y la imposibilidad que tiene la población campesina para acceder a este medio de producción.

Aquí conviene destacar que, a pesar de su importancia en el desarrollo del país, lo rural muestra un rezago en materia económica y social; por esto, se requiere garantizar mejores condiciones y el ejercicio de los derechos de los habitantes rurales, con el fin de que tengan la “opción de vivir la vida digna que quieren y valoran” (Ocampo, 2014, p. 1). Al respecto, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera plantea:

la necesidad de desarrollo integral del campo, la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales para que toda la población pueda ejercer plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades. (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 12)

La educación rural y la generación de capital social

El Banco Mundial (citado por Kliksberg, 2006) distingue cuatro tipos básicos de capital: 1) el natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; 2) el construido, generado por el ser humano, que incluye infraestructura, bienes de capital, capital financiero y comercial, etcétera; 3) el humano, determinado por el grado de nutrición, salud y educación de la población; y 4) el social, un descubrimiento reciente de las ciencias del desarrollo.

Según Woolcock (1998), el capital social corresponde a los vínculos de confianza entre los individuos que amplían sus posibilidades de acción colectiva. Este se apoya en lazos formados desde las experiencias comunes y en valores específicos compartidos por los grupos sociales que les imprimen sentido a las prácticas de las personas. Así, el capital humano y el social son relevantes en el desarrollo económico de las naciones, porque brindan las bases para el progreso tecnológico, la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y la estabilidad democrática (Kliksberg, 2006).