Carlos Medina Gallego - Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

La no utilización de las armas y la proscripción de la violencia en las prácticas políticas, el reconocimiento del otro distinto como opositor válido y la no aniquilación del adversario, sino su valoración positiva y su protección decidida, constituyen la base esencial de la nueva cultura democrática por desarrollarse en una sociedad que se fija como propósito la construcción de una paz estable y duradera.

La construcción de un nuevo y sólido sistema democrático se abre en oportunidades y seguridades para la participación de los diferentes actores sociales y políticos en el desarrollo pleno de sus intereses políticos y colectivos, adscritos a un proyecto ético y a una práctica política que concibe la vida humana y el interés colectivo como fundamento y razón de ser de la política como tal.

El nuevo orden democrático debe construirse sobre la superación definitiva de las prácticas de violencia, el aniquilamiento del adversario, la estigmatización, la persecución, el señalamiento, la utilización del miedo y el terror para el sometimiento colectivo, así como la superación y proscripción de todo el repertorio criminal que agobió durante años al país.

Ni el Estado ni los particulares pueden hacer uso de prácticas criminales con el propósito de imponer sus ideas y utilizar a su favor –en detrimento del interés colectivo– los escenarios institucionales que son el fundamento de la democracia y la convivencia pacífica.

Partidos políticos y movimientos sociales

La ampliación y profundización de la democracia debe permitir el surgimiento de nuevas fuerzas, movimientos y partidos políticos, así como el fortalecimiento de las formas organizadas de la sociedad civil que se expresan a través de movimientos sociales y populares, las cuales portan sus propias agendas reivindicativa y de lucha social y política.

Estas expresiones políticas y sociales de la ciudadanía, de las poblaciones y de los territorios deben contar con espacios amplios de participación y un reconocido protagonismo en la construcción de una auténtica democracia en la que incidan en la definición de las decisiones que comprometen el interés público.

La democracia del posconflicto armado debe garantizar no solo la organización y la participación decidida de nuevas fuerzas y movimientos, sino también el reconocimiento y la defensa del pluralismo, de manera que los nuevos partidos políticos y movimientos sociales que hagan oposición, sin importar cuál sea su orientación ideológica, toda vez que estén inscritos en el ordenamiento institucional, sean reconocidos, aceptados y protegidos de tal manera que puedan presentarse como alternativa de poder en el marco del ordenamiento del juego democrático. Estas nuevas fuerzas sociales y políticas deben contar con todos los apoyos institucionales y, de forma equitativa, con los recursos públicos destinados a financiar los partidos y los movimientos políticos, en el propósito de que estos no se conviertan en instrumentos del interés privado y cumplan a cabalidad la función pública que compete a su naturaleza y razón de ser.

Dado que es la oposición la que legitima el orden democrático, debe contar con las mayores garantías en el sistema político y electoral, de modo que se supere todo tipo de riesgos y amenazas. Esto requiere no solo el mejoramiento del sistema de partidos y del sistema electoral, sino, adicionalmente, el desempeño adecuado de la institucionalidad que regula y posibilita las prácticas democráticas institucionales y garantiza la participación apropiada y segura de la sociedad civil en la lucha social y política.

Los ajustes que se deben realizar al modelo de democracia deben también contemplar medidas incluyentes que garanticen la participación de todos los sectores, en especial de las minorías étnicas y socioculturales, así como de las fuerzas políticas minoritarias. Estas deben, a su vez, articularse a las distintas instancias de las posibilidades del desempeño institucional a nivel nacional, regional y local, así sus resultados electorales no sean exitosos en términos de representación en los escenarios de decisión política.

Sin embargo, es importarte señalar que en la democracia del posconflicto armado la participación política no se reduce al sistema de partidos y al sistema electoral, sino que se construye en todos los escenarios en los que se erige institucional y socialmente el bien común y las acciones humanas están regentadas por el interés general.

De ahí que sea necesario extender las prácticas de gobierno a la vida social e involucrar a la población y a la ciudadanía en estas, a través de los más variados y determinantes instrumentos (tales como los planes de desarrollo y presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas, el control social a la gestión pública y las posibilidades que aumentan la capacidad de ejecución de las comunidades en obras de su propio interés) requiere de comunidades participativas con poder de decisión y capacidad de gestión y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y obras.

Antes que la guerra se encuentra la protesta social legítima

La terminación del conflicto armado no es la finalización del conflicto humano, social, político, cultural, ambiental o de cualquier otra modalidad. Por el contrario, se produce un incremento de los conflictos sociales que requieren del reconocimiento y la legitimación de la protesta social como una expresión necesaria y útil al ordenamiento democrático. Esto conduce irremediablemente a desmontar los imaginarios desde los cuales se persiguió, estigmatizó, judicializó y criminalizó la protesta social.

Parar las hostilidades institucionales y parainstitucionales, militares y paramilitares, criminales de todo tipo, contra el movimiento social y popular y construir una nueva y más incluyente cultura política e institucional en relación con la importancia social y política de la protesta civilizada hace parte de la desestigmatización de los movimientos sociales y populares, del cese de hostilidades contra estos movimientos y de la construcción de los escenarios legítimos y democráticos para la protesta.

Lo anterior convoca a reconocer la necesidad que existe en el país de recuperar, garantizar y proteger la protesta social y política como un derecho social fundamental y un instrumento de una auténtica democracia, abierta a la inconformidad y a la crítica.

Los dirigentes sociales y populares no pueden seguir siendo estigmatizados, perseguidos, encarcelados y asesinados por defender las agendas colectivas de los sectores sociales, las poblaciones y los territorios; por el contrario, esos dirigentes y líderes deben considerarse patrimonio de la democracia e inteligencia social de la inconformidad de un valor superior para la construcción de sociedades más justas y equitativas. No pueden considerarse enemigos, ni siquiera adversarios; son, en lo esencial, gestores de bienestar de las comunidades y de sus derechos.

Un estatuto para el reconocimiento,

el respeto y la seguridad del otro posible

La democracia del posconflicto armado 1 1. Existe una variedad de opiniones en relación con la utilización de esta designación de “posconflicto armado”; si bien algunos prefieren referirse a una fase como “posacuerdo”, en este trabajo se utilizarán ambas designaciones en contextos de diferente significación definidos por el análisis. , en el proceso de transformación de las formas de percepción del otro distinto a un otro posible, debe hacer un reconocimiento constitucional e institucional de la oposición de los movimientos y partidos políticos, así como de las formas de acción de los movimientos sociales y populares. Todo en un contexto de afirmación de sus derechos y responsabilidades frente a la convivencia civilizada, de la posibilidad de dirimir las diferencias a través del diálogo y aspirar al ejercicio legítimo del poder.