Carlos Medina Gallego - Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

De nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra los acuerdos de La Uribe. No acontece de la misma manera con la orden presidencial de cese al fuego. A partir del 28 de mayo de 1984, el Ejército despliega operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 en Arauca, en el 21, 22, 23 y en el 4, 12 y 20 frentes en el Magdalena Medio, en el 3 y el 13 frente en el Huila y dispuesto operativos ante-orden contra todos los demás frentes de las Farc en el país. Esta violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego de parte del Ejército, tiene base en la circular del general Vega Uribe aparecida en la prensa el 1 de junio de 1984 y que en concreto dice: “Las Fuerza Militares continuarán tal como se ha dispuesto intensificando sus operativos, hasta el momento en que las organizaciones subversivas de las Farc tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia de combate y control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo. (Estado Mayor Central de las Farc-EP, 29 de septiembre de 1984)

Para las Farc-EP las declaraciones del general Vega Uribe y, en general, el comportamiento de las Fuerzas Militares estaban dirigidos a que se rompieran los acuerdos de La Uribe y se impidiera avanzar en el camino de la búsqueda de una salida política al conflicto armado, el cual se inicia con el cese al fuego y cuyos mayores enemigos se encuentran en la cúpula militar 17. A esto se suma la situación de orden público que, en medio del estado de sitio, no logra superar el asesinato de campesinos, líderes populares, políticos y jefes guerrilleros que sacrifican los organismos militares y los cuerpos paramilitares.

A lo anterior se agrega el estado de sitio generalizado a todo el territorio nacional, los asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, de dirigentes revolucionarios como Jesús Eduardo Vasco y el médico Carlos Toledo Plata en Santander y muchos otros en diversos lugares del país, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y todavía la tortura, y en general la continuación de la ola terrorista con cargo a las Fuerzas Militares y mecanismos paramilitares como el mas y otros escuadrones de la muerte, sabiéndose como se sabe de la procedencia, dirección y financiación de tales grupos terroristas. (29 de septiembre de 1984)

Las Farc-EP solicitaron el levantamiento del estado de sitio que se había establecido a raíz del asesinato del ministro Lara Bonilla por parte de los carteles de la droga, pues consideraban que esto alertaba a las mafias del narcotráfico y les permitía salir libremente del país, mientras eran los movimientos sociales y el proceso político los que se veían afectados por la medida.

Sobre las consideraciones generales enunciadas, la organización presentó de nuevo ante la comisión y por intermedio de esta a los medios de comunicación y a la opinión pública la propuesta de un programa político que por entonces construía con el fin de convertirlo en la base del lanzamiento de un movimiento político nacional, documento que ya había dado a conocer al Congreso en carta dirigida el 20 de julio de 1984. Por medio de este programa, las Farc-EP se comprometen a encabezar, en unión con otros partidos y movimientos democráticos de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad del país y a la controversia civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición y el acceso a todos los medios de comunicación social, a su libre organización, a su lucha y movilización, por la creación de un clima de participación en las gestiones del Estado.

En el marco de la apertura democrática, las Farc-EP, junto con otros partidos y corrientes de izquierda se proponen luchar, utilizando todos los medios, por una reforma de las costumbres políticas con el fin de desmontar el monopolio del poder político ejercido por los partidos tradicionales en beneficio de las clases dominantes, y abrir así un cauce a la participación de las grandes mayorías nacionales en los asuntos del Gobierno. Se proponen también desarrollar una lucha política por una reforma electoral que posibilite, a través de residuos y cocientes especiales, que los sectores populares y los partidos de oposición minoritarios lleguen al parlamento y allí ocupen cargos de importancia en la constitución de la dirección del cuerpo legislativo; en suma, se plantea la lucha por la elección popular de alcaldes y gobernadores y por la descentralización de la gestión pública. En ese camino se proponía que el municipio se elevara a la categoría de célula viva de la nación con un presupuesto proveniente de los impuestos y las rentas nacionales, y que los concejos municipales y las asambleas departamentales jugaran un papel determinante conforme a las necesidades del desarrollo económico, social y político del país.

El programa también formula la necesidad de luchar por la aprobación de una ley de reforma agraria democrática que les entregue de forma gratuita la tierra a los campesinos que no la poseían, sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios improductivos, cualquiera que fuese el tipo de propiedad o concesión. Esa reforma debía acompañarla una política de crecimiento y desarrollo rural (asistencia técnica, crédito, mercadeo, etc.) que aumentara la producción y el bienestar de la población campesina.

Asimismo, se planteó una ley de reforma urbana que contemplara el diseño general de un plan nacional de construcción de vivienda al alcance de las posibilidades económicas de los destechados. Se propuso luchar contra el impuesto sobre el valor añadido (IVA), por la reducción del impuesto predial y de renta, por reformas en la educación que democratizaran la participación en la conducción de los procesos del sistema educativo, la hicieran gratuita y la estatizaran por completo.

Una especial atención prestó el programa a las reformas en la administración de justicia en relación con la definición clara de los campos de aplicación de la justicia ordinaria y castrense, a fin de que esta última no pudiera inmiscuirse en el enjuiciamiento de civiles, sino de militares en servicio activo. Sin embargo, el centro fundamental de atención en materia normativa el programa lo enfoca en la necesidad de una reforma constitucional que dotara al país de una nueva constitución moderna y democrática.

Son aspectos centrales de la propuesta los procesos de nacionalización de las empresas y banca extranjera, lo que concierne a la independencia y la soberanía de la nación y su capacidad de autodeterminarse libre de las injerencias imperialistas y de sus programas de seguridad.

Existía en el programa la preocupación porque los escenarios de las luchas campesinas, populares y sindicales ayudaran al fortalecimiento de la democracia, se combatieran los grupos paramilitares que comenzaban a proliferar por todo el país y las Fuerzas Militares regresaran a los cuarteles, el ministro de Defensa fuera civil, se desmilitarizara la vida nacional, se indemnizara a las víctimas de la violencia y se juzgara y castigara a los criminales que agenciaron las torturas, los asesinatos y las desapariciones de la población civil 18.

Si se considera el desarrollo posterior de la vida política del país, muchos de los aspectos allí planteados tuvieron curso y se convirtieron en hechos políticos. Es el caso de la elección popular de alcaldes y goberna-dores, la descentralización política y la transformación de la Constitución Política de Colombia, entre otros aspectos que se trabajaron en relación con la ampliación de la democracia y la reforma de la justicia. No obstante, cada uno de estos aspectos asumió su propia versión y énfasis en el marco del imaginario neoliberal y las políticas estatales de modernización.