Varios autores - Fiesta y drama

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Siete estudios originales abordan aspectos emblemáticos de los mil días de la Unidad Popular, e intentan recuperar el contrapunto entre fiesta y drama que tan profundamente marcó el proyecto liderado por Salvador Allende.

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De modo que, en los dos primeros años del gobierno de la UP, el fenómeno legal y legítimo de R.A. es ya un hecho consolidado, habiendo alcanzado su culminación, transformándose radicalmente el ancestral sistema de latifundio en nuestro país, construyéndose una nueva modalidad de tenencia de la tierra: el «asentamiento campesino» o el «Centro de Reforma Agraria» , como figuras transitorias de tenencia colectiva hacia su consolidación, ya como propiedad cooperativa o como asignación individual y, especialmente, como espacio de liberación de los trabajadores agrícolas exapatronados y sus familias –conformando un total de 55.800 familias 34– que llegaban, al fin, a la Tierra Prometida que acogía y realizaba su histórica desproletarización.

La R.A.-UP no solo se preocupó del cumplimiento de las expropiaciones determinadas por ley, las que hacían justicia principalmente a los trabajadores asalariados de los latifundios, sino que también buscó hacer justicia en el ámbito de otras relaciones sociales campesinas que ancestralmente sufrían de explotación y abuso, cual era el caso de los medieros . Trabajador de tierra ajena, en que, a cambio de la cesión temporal por parte de un propietario, de un pedazo de tierra para trabajar, el mediero ponía toda la fuerza de su trabajo, debiendo repartirse a medias los frutos producidos 35. Al momento de intervenir la UP sobre estos sujetos, ellos estaban regidos por el Decreto Ley Nº 9 de 1968 que mantenía el hecho de que «el dueño es quien pone las condiciones y el trabajador mediero no tiene a quien recurrir para defenderse en forma efectiva, (…) encontrándose en sus derechos totalmente limitado porque no tiene ni dinero, ni tierra, ni contactos sociales para defenderse». Ante lo cual Allende envió al Congreso, el 31 de marzo de 1971, un Proyecto de Ley que planteaba que las medierías o aparcerías imperantes en los campos tienen la «verdadera calidad de un contrato de trabajo, puesto que las modalidades usadas constituyen un verdadero vínculo de subordinación o dependencia del campesino en relación al dueño de la tierra, que es la característica de la relación laboral» 36.

Lo natural sería que este tipo de trabajador campesino tuviera la misma causa que sus compañeros de clase como son los obreros agrícolas. Esto es justamente lo que persigue el proyecto de ley del compañero Allende: hacer del mediero un verdadero trabajador agrícola con las mismas posibilidades de defensa a través de las organizaciones sindicales campesinas y de las leyes laborales y de previsión. El proyecto le reconoce su calidad de trabajador agrícola al mediero para que así pueda obtener «los beneficios de la explotación de la tierra, de la cultura, de la educación y de la vivienda» 37.

Un proyecto que buscaba, así, integrar al mediero –una de las figuras ancestrales del trabajo sufrido y expoliado de los campos– al proceso de R.A., especialmente buscaba incorporarlo al proceso de construcción de su sujeto como parte del sujeto colectivo-trabajador campesino que en esos momentos vivía la revolución de su condición, de sus derechos y de su conciencia histórica.

El proceso de Reforma Agraria buscaba alcanzar su culminación el año 1971 con la expropiación de 1000 latifundios, especialmente avanzando hacia el sur del país (Malleco, Valdivia, Llanquihue), casi intocado en el período de gobierno anterior, incluyendo varias estancias ganaderas de Tierra del Fuego («561.386 hectáreas de ricas tierras de praderas y bosques maderables»). Al mismo tiempo, el gobierno procedía a crear un «gigantesco complejo maderero en Panguipulli» a través del traspaso de 19 fundos expropiados por la CORA a la CORFO, ubicado en la zona precordillerana de Valdivia 38. Realizadas estas expropiaciones, el ministro de Agricultura Jacques Chonchol anunciaba a la Confederación Nacional de Asentamientos que «en mayo se iniciarán las asignaciones de tierras a los asentados», abocándose la CORA «a la entrega de los títulos de dominio a más de 5.000 campesinos asentados», abriéndose para ellos los «créditos del Banco del Estado», para lo cual «cada asentamiento tendrá su propia cuenta corriente previa presentación del plan de explotación del predio» 39.

Es así que en 1971 el campo agrario chileno se encontraba configurado en base, al menos, a cinco modalidades de tenencia de la tierra: a) el ancestral de « comunidad indígena »; b) el tradicional de propiedad privada familiar o individual; c) el tradicional de propiedad fiscal o estatal (0,5%) 40; d) formas cooperativas de tenencia y producción y e) el área reformada como preparación al modo cooperativo de propiedad de la tierra (2% de los predios) 41. Cinco modalidades entre las que la propiedad privada seguía siendo hegemónica, principalmente en cuanto pequeña propiedad (80% de los predios de menos de 5 HRB). Cinco modalidades que significaban el reconocimiento histórico al modo diverso de habitar, producir y relacionarse con la tierra los distintos grupos y sujetos en Chile; modos plenamente legítimos y avalados por la legalidad vigente en Chile, llamados a incorporar a todos los rostros del campesinado a participar del habitar la tierra con pleno derecho de pertenencia y propiedad.

b. La R.A.–UP como democratización social ampliada: los Consejos Comunales Campesinos.

Simultáneamente con el activo y masivo proceso de expropiaciones y fiel al sentido democratizador del gobierno UP, con especial énfasis puesto en la generación de instancias a través de las cuales el pueblo, en este caso, el campesino organizado, ejerciese poder directamente, influyendo con sus decisiones las propias políticas de gobierno, apenas asumido el gobierno de la Unidad Popular, el presidente salvador Allende dictó el Decreto Nº 481 del 21 de diciembre de 1970 que creó los Consejos Campesinos a nivel comunal, provincial y nacional, «en virtud del cual todas las grandes definiciones en materias agrarias debían tratarse en dichos consejos para asegurar la participación consciente del movimiento campesino en la marcha del proceso» 42. Dichos Consejos estarían compuestos por representantes de los sindicatos agrícolas, de las cooperativas, de los comités de asentamientos y centros de reforma agraria 43.

La creación de los Consejos Campesinos (C.C.) permite a los trabajadores agrícolas transmitir sus propias opiniones al gobierno en materias que tienen que ver con los planes nacionales de desarrollo rural, producción agropecuaria y reforma agraria. El sistema de los C.C. permite que sean ellos los que aporten sus sugerencias ante el Ministro de Agricultura respecto de los programas y presupuesto de los organismos públicos, semi-fiscales y de administración autónoma del sector agrícola. Corresponderá a estos campesinos así organizados dar su opinión en relación a los problemas generales en materia social y económica del sector laboral campesino 44.

Estos Consejos Campesinos se constituirían a lo largo del país a partir de las comunas, donde estarían los Consejos Comunales Campesinos, desde los cuales se formarían los Consejos Provinciales Campesinos y de estos saldría el Consejo Nacional Campesino. «Los campesinos y sus organizaciones tendrán las mayores responsabilidades en la elaboración, discusión y ejecución del proceso de R.A.», por lo que el gobierno llamaba «a los campesinos a actuar en conjunto con el gobierno y no en forma aislada para favorecer la R.A.» hacia su total cumplimiento 45.

A poco andar, las autoridades se dieron cuenta de que la representación campesina vista a través de las «organizaciones» señaladas se había quedado corta, quedando muchos campesinos fuera de dicha representación, principalmente «los afuerinos», que representaban «el 32% de los hombres activos de la agricultura (los que), por su movilidad… no pueden estar en un sindicato»; además de «los pequeños propietarios que, por no estar organizados ni legalmente reconocidos, quedan sin representación oficial en los Consejos Campesinos». En efecto, el gobierno estaba consciente del diagnóstico realizado por el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol en 1969 –así como por parte de otros estudiosos de la realidad agraria de la hora–, de que las transformaciones profundas que necesitaba la agricultura chilena no pasaban solo por reformar parcialmente la tenencia de la tierra, sino que ello también exigía un proceso largo, progresivo y continuo, de articulación entre todos los sujetos campesinos, en sus distintos rostros, a nivel territorial, con el fin de realizar una alianza social campesina que tendiese a generar relaciones cooperativas y de amplia participación social en la toma de decisiones relativas al agro en proceso de transformación; esto, a través de instancias de organización para la toma de decisiones conjuntas y de socialización hacia formas de asociación cooperativa, tanto en el plano de la comercialización como de la producción. Planteamiento de Chonchol que surgía de un sólido conocimiento de la realidad agrícola y la histórica situación de pobreza, falta de capacidad productiva y de acceso al capital, así como de subordinación de los pequeños propietarios (que eran la mayoría de los propietarios agrícolas) respecto de hacendados y comerciantes locales y nacionales, poderosamente organizados a través del país y en centrales gremiales como la Sociedad Nacional de Agricultura . Con el fin de contrarrestar este poder hacendal, la R.A.-UP debía invitar a participar a los pequeños y medianos propietarios de un proceso profundo de reforma de la estructura agraria, que decía relación con el empoderamiento social amplio en cada territorio por parte del campesinado en sus distintos rostros, con el fin de propiciar la toma de decisiones conjuntas en vista de constituir un poder de influjo y demanda ante el Estado (especialmente crediticias y técnicas), así como para incentivar formas cooperativas de producción y comercialización de sus productos.

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