María Daniela de la Rosa Calderón - Servicios públicos y medio ambiente Tomo IV

En efecto, esperar que la Administración pública realice cambios y promueva acciones en ese sentido no parece ser la única solución. Cada vez es mayor la consciencia de que la responsabilidad debe ser compartida entre todos. Las acciones prudentes y cuidadosas de cada uno, independientemente de su condición de actores públicos, empresas o particulares, son definitivas.

En ese sentido, el consumo responsable es una cuestión de capital importancia, y objeto de discusión y controversia. El interés general y la protección ambiental requieren urgentemente un consumo racional y sostenible de los recursos, al tiempo que a las empresas les conviene, en principio, un mayor consumo para asegurar así el máximo beneficio. En materia de energía, por ejemplo, mientras unos hablan de metas de ahorro, otros destacan el potencial para incrementar el consumo. Por tanto, es urgente consolidar un punto de encuentro consistente, comprometido y solidario.

Bajo esta perspectiva, el presente análisis se sitúa entre el derecho de los ciudadanos a beneficiarse de los servicios públicos domiciliarios, su compromiso de practicar un consumo responsable y la responsabilidad corporativa de las empresas mediante un suministro que fomente la sostenibilidad y el respeto ambiental. En definitiva, el estudio se mueve en la intersección entre la cobertura de los servicios públicos, la protección ambiental y la libertad de empresa.

El objetivo es evaluar si las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) que generan impacto ambiental, en particular las de acueducto y energía, están en la obligación de incentivar el uso responsable, racional y mesurado de los respectivos servicios a través de mecanismos que vayan más allá de las habituales campañas de información y concienciación, adoptando instrumentos económicos que condicionen el consumo.

Para ello, y utilizando como hilo conductor el fomento al consumo responsable, en primer lugar se analiza la tendencia del consumo de los servicios públicos domiciliarios con el fin de percibir la incidencia ambiental del sector domiciliario, en especial en materia de acueducto y energía eléctrica. En segundo lugar se analizan, desde el punto de vista conceptual y jurídico, las nociones de servicios públicos domiciliarios, consumo responsable y sostenible, e incentivos al consumo responsable. Por último, a manera de síntesis, se evalúa la existencia de elementos jurídicos que fundamentan la obligación de las empresas de establecer entre los usuarios incentivos para promover un consumo responsable con el medio ambiente, y su incidencia en el derecho a la libertad de empresa.

Inicialmente conviene acercarse a la comprensión del comportamiento referido al consumo de servicios públicos, principalmente en el ámbito de energía y acueducto 1, a fin de vislumbrar sus efectos ambientales y evaluar la eventual oportunidad de establecer legalmente incentivos a su consumo responsable.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en 2017 alrededor de 33,7 millones de habitantes fueron abastecidos con agua “apta para consumo humano”. Durante el periodo 2014-2017 se apreció un incremento medio de 1,1 millón de suscriptores en acueducto, lo que indica, en términos de la entidad, que “la evolución de este indicador en la prestación del servicio de acueducto muestra que desde el 2014, cerca de 3,5 millones de habitantes adicionales se abastecieron de agua potable” (DNP y SSPD, 2018a).

En Colombia el consumo diario de agua (200 litros por persona) es relativamente alto en comparación con países como Suiza y España en donde se calcula en 140 litros, lo cual es más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las necesidades vitales e higiene personal de 80 litros diarios (Conservemos, 2018). Sin embargo, en comparación con la media de consumo en los países desarrollados, que corresponde a 300 litros diarios aproximadamente, y en contraste con los 25 litros promedio que se consumen en países subdesarrollados, los 200 litros de Colombia no se aprecian como desproporcionados (Conservemos, 2018).

Con todo hay que tener en cuenta que según el Estudio Nacional de Agua (ENA), si bien Colombia es un país con una importante oferta del recurso hídrico, pues el rendimiento medio por año es de 56 l/s–Km 2, es decir, más de cinco veces el rendimiento promedio mundial, es preciso considerar que existe escasez y estrés hídricos agravados por los fenómenos de cambio climático y variabilidad climática, y por la presión que se ejerce sobre las fuentes de agua (MADS, 2018: 20).

El CONPES 3934 resalta que, aunque Colombia es el decimoquinto país a escala mundial en disponibilidad de agua, los recursos hídricos no se aprovechan de manera eficiente ni se conservan (DNP, 2018c). Adicionalmente, la disponibilidad de agua por persona disminuyó en un 31% entre 1992 y 2014, al tiempo que para 2030 se espera que el consumo aumente en al menos un 64,5%, evidenciándose la urgencia de integrar e implementar estrategias efectivas para garantizar el uso eficiente y la conservación del recurso a largo plazo (MADS, 2018: 24).

La distribución porcentual muestra que la mayor parte del recurso se destina a labores agrícolas (47%), seguida de la producción de energía (21%) y el uso doméstico (8%). Por tener una demanda mayor, los sectores agrícola y energía son prioritarios a la hora de plantear e implementar medidas para el uso eficiente del agua. En cualquier caso, las previsiones indican que el aumento de la población supone incrementos considerables en la demanda en el sector domiciliario, por lo que no en dicho sector se debe descuidar el fomento del consumo responsable (MADS, 2018).

Por otra parte, de acuerdo con los datos suministrados por la SSPD, entre 2014 y 2017 el consumo fue proporcional en los diferentes estratos, con mayor consumo en los estratos 4, 5 y 6, que superaron los 16 m 3mensuales por suscriptor, con un incremento aproximado de un metro 3en 2017. Este comportamiento se explica principalmente por las condiciones de disponibilidad del servicio, teniendo en cuenta que durante 2014 y 2015 hubo una fuerte sequía con significativas implicaciones en la oferta, lo que obligó a adoptar medidas de desincentivación económica que originaron modificaciones en los hábitos de consumo (DNP y SSPD, 2018a: 47-48). En particular, el análisis por estratos muestra cómo la mayor capacidad económica favorece un mayor consumo, por lo que convendría evaluar la conveniencia de implantar incentivos al consumo responsable con particular atención en estos estratos altos.

En Colombia el 68% de la energía proviene de fuentes hídricas y existen 19 distribuidores ( Revista Dinero , 2017). Según datos del Ministerio de Minas y Energía y UPME (2016), el sector transporte consume un porcentaje significativo (40,90%), seguido del industrial (29,36%) y del sector residencial (16,72%), de ahí que los hogares pueden aportar de forma considerable al ahorro de energía. Sin embargo, el consumo per cápita de energía eléctrica es considerado bajo en relación con los países de la región (1.159 kWh/año). Según datos del Banco Mundial (2019), en 2018 el sector residencial registró un consumo per cápita de 499 kWh, con un alza de 3,43% respecto de 2017 ( La República , 2019). En comparación, el consumo per cápita en Ecuador fue de 1.376 kWh, en Chile 3.880 kWh, en Panamá 2.064 kWh, en España 5.356 kWh y en Suiza 7.520 kWh.

De acuerdo con los datos del DNP (2018b), el consumo de energía en el sector residencial se relaciona básicamente con la refrigeración, la iluminación, la climatización, el calentamiento de agua y la cocción de alimentos, siendo esta última la que ocupa el mayor porcentaje (46%).