David Aceituno - Chile 1984/1994

1. ¡Fuera Pinochet!: situación tras la crisis.

Los años tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fueron dramáticos, no solo por la estela de muerte y violencia que se desató en Chile6, sino porque la definición de los límites temporales de la Junta Militar que gobernaba el país —integrada por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros— comenzaron a extenderse cada vez más. Las primeras conversaciones dentro de la coalición gobernante señalaban uno, dos o tres años, siendo noviembre de 1976 un primer referente temporal que se correspondía con el final del mandato de Allende y ayudaba a cerrar el ciclo de restauración institucional7. Pasados los años, se hizo patente que el Régimen instalado al mando de la Junta, no sería de corta duración, sino que se plantearía como refundacional. Es decir, la visión ideológica que sustentó la Junta Militar se basó en una ruptura radical con el pasado republicano y democrático chileno del siglo XX, planteándose la idea de la “refundación“ en todos los aspectos de la vida nacional, lo que incluyó el sistema político y económico. Tener esto en consideración es importante para comprender la compleja transición a la democracia.

La idea de la refundación, la confirmó la propia Junta Militar y el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, en marzo de 1974:

“(…) Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas (…) En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un “Proyecto Nacional“, entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales“8.

Siendo ratificada más claramente en el discurso de Chacarillas en julio de 1977:

“(…) es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo, sino que fracasado, sino que representó el término de uno político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo“9.

Junto a esto se establecía un itinerario, sin plazos aún, los cuales serían discutidos recién con la nueva Constitución que estaba en estudio. De acuerdo al planteamiento de Chacarillas, tres eran los momentos del Régimen: recuperación, transición y normalidad. Los tres eran diferenciados por la Dictadura en el grado de participación de civiles en el Gobierno y en los instrumentos jurídicos- institucionales, aunque en todo momento con la supervigilancia de las Fuerzas Armadas, estableciendo así un modelo de democracia protegida10. La segunda “etapa“, la de transición, es la que se inicia con la Constitución de 1980, donde se pasa sistemáticamente de la colaboración a la participación de civiles y la tercera donde es la civilidad en plenitud la que se autogobierna.

Sumado a esto, los partidos políticos habían sido disueltos y en algunos casos sus líderes habían sido perseguidos, exiliados o muertos, con lo que resultaba aún más difícil organizar una oposición contra la Dictadura. El mismo año 1977, Pinochet hacía notar el interés de la Junta por “reorientar“ el rol de los partidos, quienes se habían convertido en “maquinarias para alcanzar el poder“, por lo que se debía consolidar una nueva institucionalidad que asegurase que los nuevos partidos no fuesen intermediarios entre la ciudadanía y sus autoridades, por lo que estos debían limitarse a ser “corrientes de opinión que aspiran a influir en el curso del Estado, dentro del respeto a las normas institucionales“11.

Frente a este escenario político donde la Dictadura buscaba consolidar su permanencia, se comenzaron a buscar alternativas en la lucha por el retorno a la democracia, que sortearán las diversas cortapisas interpuestas por el Régimen, desde toques de queda, la imposibilidad de reunión y la imposibilidad de organizar los partidos. A nivel de los actores políticos, una de las alternativas fue la creación de grupos de estudios vinculados a la oposición, en especial, que contrarrestaran el trabajo desarrollado por la Comisión Ortúzar, organizada en 1973 y encomendada por la Junta para estudiar las alternativas constitucionales, y cuyos resultados fueron expuestos en 1978. El 21 de julio de ese año, varios políticos y académicos (entre los que estuvieron Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger y Raúl Rettig) conformaron el denominado “Grupo de los 24“ que buscará contrarrestar los estudios constitucionales del Régimen, señalando que:

“No hemos trabajado encerrados entre cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas. Conscientes de la profunda crisis que ha afligido a Chile en los últimos años, de la que el quiebre institucional y la decadencia que vivimos son manifestaciones dramáticas, hemos partido del análisis de los caracteres y causas de esa crisis hecho por hombres y mujeres venidos de todos los sectores de la vida nacional.

Tampoco nos hemos dejado llevar por ningún ideologismo unilateral, sino que procuramos recoger en nuestro estudio, junto a los más modernos aportes de las ciencias sociales, las visiones provenientes de múltiples concepciones ideológicas. Convencidos de que un régimen político, para que sea legítimo y perdurable, deber ser expresión del “sentido común del pueblo“, es decir, de las ideas esenciales generalmente compartidas por la comunidad nacional, nos hemos esforzado por buscar soluciones que el más alto grado de acuerdo entre los chilenos.

Como no pretendemos arrogarnos una representación popular que a nadie ha sido conferida, hacemos públicos nuestros acuerdos en el carácter de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver sobre la materia“12.

Como queda patente en su declaración, existían diversas visiones sobre cómo enfrentar la Dictadura y era difícil elevarse como la voz única. A inicios de los 80, los disensos acerca de cómo enfrentar la propuesta de la Dictadura surgirán desde diversas vertientes políticas e ideológicas, en especial después que la Dictadura logró, tras una más que dudosa votación, establecer la nueva carta constitucional en 1980, que comenzó a regir el 11 de marzo del año siguiente13. De esta manera, “legitimado“ y con un modelo económico de componente neoliberal en pleno funcionamiento (tras la férrea política de shock de los primeros años14) nada hacía presagiar lo que acontecería en los años siguientes.

De esta manera, 1983 se convertirá en un año clave, tanto para la oposición como para el Régimen, donde se desatará una fuerte crisis económica y el inicio de enormes y masivas jornadas de protestas15. Así describe la situación Tironi:

“El proyecto político autoritario descansaba también en la suerte del modelo económico. Se preveían dos fases, ambas consagradas en la Constitución Política de 1980. La primera, de corte dictatorial, debía crear las bases de una próspera economía de mercado; la segunda y definitiva sería de una democracia estable apoyada en una ciudadanía satisfecha, pragmática, ocupada de su enriquecimiento personal y alejada de cualquier extremismo ideológico. El derrumbe del modelo, sin embargo, restó viabilidad a la estrategia de tránsito lento y gradual hacia esa “democracia protegida“16.

Con respecto a las causas del desplome del sistema neoliberal en Chile durante estos años, Cristián Gazmuri señala que se debió a “una serie de errores macroeconómicos del equipo de gobierno, al perpetuar la mantención artificial de un precio bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año (…)“. Teniendo efectos dramáticos para la ciudadanía, como por ejemplo que “la cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El Estado tuvo que socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del boom“17.