David Aceituno - Chile 1984/1994
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Una de las cuestiones que más destacó la prensa española fue el carácter de estadista que presentaba Patricio Aylwin. Su tono dialogante y pausado, se encargó de encajar perfectamente en ese perfil ideal para el tránsito que se iniciaba, poniendo fin al enfrentamiento y la polarización, como enfatizaba El País respecto al aura presidencial del democratacristiano que lo convertía en una figura integradora65. Igual ocurría con la coalición que daba sustento a Aylwin; la unión de la DC y el socialismo representaba romper con la profunda división experimentada durante la Unidad Popular.
El triunfo de Aylwin, vino a corroborar la percepción extranjera, respecto a la amplia mayoría que se abría al retorno a la democracia66. Ahora bien, pese a esa abrumadora mayoría, existía clara conciencia sobre las dificultades que tocaría afrontar en el gobierno de transición: los laberintos constitucionales de una carta diseñada a imagen de Pinochet, garantizar la estabilidad política, social y económica, y abordar aquello que se había establecido como una obligación moral en el programa de gobierno: conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura, con Pinochet como máximo responsable de las FF.AA., eran los desafíos urgentes que debía saber afrontar el gobierno de Aylwin.
Este último aspecto sería central en la consolidación de la democracia. La presencia del dictador, ciertamente, ponía una dificultad añadida con el que el proceso español no había contado, máxime cuando observaría el desempeño del Ejecutivo desde la Comandancia en Jefe del Ejército. Además, no había ninguna figura de contrapeso a Pinochet y si bien la iglesia católica había jugado un papel relevante de articulador y moderador del diálogo (de algún modo como el propio Juan Carlos I había hecho en España), no tenía posibilidad alguna de actuar como lo había hecho el monarca en 1981 cuando frenó el intento de golpe. Es más, Pinochet buscó todas las formas de provocación durante esos años para demostrar públicamente que el presidente no estaba por sobre su autoridad67. Por lo mismo, se insistió desde España en la necesidad de fortalecer la figura presidencial, la pericia del gobierno y la paciencia de los grupos y partidos que lo apoyaban, como estrategia para impedir un retorno autoritario68. El temor a Pinochet se mantuvo latente en los medios españoles, tanto por la arrogancia del dictador, como por la fuerte alianza en la que se sostenía: las Fuerzas Armadas y principalmente el Ejército, y los partidos de extrema derecha empeñados en defender el legado autoritario, esto es, mantener activo en la vida política al dictador.
Esta situación que marcó la preocupación española respecto al gobierno de transición comandado por Aylwin, presentó dos hechos que resultaron emblemáticos. Por una parte, la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), en febrero de 1991, y la salida de los militares a las calles, en 1993, como evidente amenaza al orden democrático.
El Informe Rettig representó un esfuerzo valioso en el reconocimiento oficial del Estado, de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante la dictadura militar. Su publicación a comienzos de 1991, reconocía a más de dos mil víctimas del terrorismo de Estado, aunque dejaba en un segundo plano a los autores del horror. El compromiso había sido verdad, pero se sabía que la justicia, en esos momentos era imposible. En el país se manifestaba, en realidad, una suerte de “cambio en la continuidad“, donde si bien las libertades públicas y la institucionalidad se recuperaban, en el ámbito de la justicia la situación era más compleja. La conocida visión del presidente Aylwin, justicia en la medida de lo posible, resumía el carácter conservador de este proceso político69. Cabe consignar, además, que solo unos meses antes, Pinochet había acuartelado al ejército luego de la filtración de los “pinocheques“ que establecían la responsabilidad del hijo del general en una estafa de proporciones. La fragilidad de la democracia chilena era evidente.
En España, sin embargo, el silenciamiento de la identidad de los responsables impactó notablemente: el Estado de Chile reconocía abiertamente más de dos mil asesinatos, torturas y desaparición de personas, con manifiesta responsabilidad de agentes del Estado, pero nada se señalaba sobre los verdugos. Menos de posibles sanciones. Se establecía una pormenorizada información de cada caso, pero no se indicaba un solo responsable70. Esta cuestión abrió un intenso debate en la opinión pública española ante el horror de reconocer el terrorismo de Estado materializado en cuerpos, familias e historias y el silencio que acompañaba a este reconocimiento de Estado. Fue este tema, con seguridad el que comenzó a abrir las grietas de la transición, estableciendo la disyuntiva que representaba el dilema ético del silencio en aras de la estabilidad y gobernabilidad.
El informe (…) suscita varias preguntas morales y de orden político. Todas tienen que ver con la conveniencia de nombrar, o no, a los responsables de la represión y la consiguiente necesidad de perseguirlos, o no, judicialmente para que paguen sus crímenes ¿es justo que no se les castigue? ¿Conviene pasar la página y apaciguar así las tentaciones golpistas de los militares chilenos?71
La respuesta del propio periódico ponía de manifiesto la vigencia del proceso español como modelo de consolidación democrática, pese a lo doloroso que podía parecer este silencio que libraba de responsabilidades a sus responsables: “Puede que la idea de olvido para hacer posible el porvenir repugne a la gente de bien, y, sin embargo, ¿cómo no pensar que el pragmatismo de los chilenos en esta ocasión es prudente? Salvadas las distancias, copia otro modelo bien sensato. El de España en la transición“, finalizaba72. Efectivamente, El País, se hacía eco de las voces más próximas al gobierno socialista e incluso del Rey, que habían entendido que Aylwin y la coalición en que se sostenía la transición, aún navegaba por turbulentas aguas para construir delicados y frágiles consensos73. Nadie debía olvidar que Pinochet seguía presente en la vida política tal como lo demostró un año más tarde, cuando la judicialización de varios casos en contra de sus hombres, tomaban caminos inaceptables para el dictador. Pinochet no dudó en sacar a sus hombres a las calles, mientras el presidente Aylwin se encontraba de visita en Europa, haciendo presente su vigencia como garante de su institucionalidad. Pinochet ya lo había aclarado años antes cuando explicó a la prensa por qué había decidido quedarse como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas: “Mi gente no va a ser tocada. (…) voy a seguir siendo comandante en jefe para tener a mi gente protegida“, señalaba74. De esta forma, Pinochet siguió siendo la gran piedra de tope para la consolidación de la democracia. Tras su retiro, se estableció como senador designado, hasta que un juez español logró detenerlo en Londres, en 1998, acabando con su injerencia directa en la vida política chilena. Pero su marca —y la de todo su régimen— quedaron grabados en la Constitución que hasta hoy define buena parte de los destinos del país.
5. Consideraciones finales
El papel de Europa y más concretamente de España en la transición chilena desempeñó distintas tareas a lo largo de los años analizados, aunque siempre concentró en la democracia y el respeto a los derechos humanos su norte de acción. En un primer momento, las redes europeas de solidaridad sirvieron para fortalecer la repolitización de la ciudadanía chilena patrocinando instancias y espacios que impulsaban la lucha por la recuperación de la democracia. Tanto en el exilio como al interior del país. En paralelo, se consolidó el aislamiento a la dictadura mientras se presionaba para garantizar elecciones libres y democráticas. En ese sentido la participación de veedores internacionales de todas partes del mundo y de diversos sectores políticos fueron muy relevantes para garantizar la transparencia del plebiscito de 1988, que terminó con diecisiete años de dictadura. Luego, tras la salida de Pinochet, la UE se preocupó de reactivar las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales de manera de colaborar en el proceso de consolidación democrática a través de la internacionalización de Chile. Esta estrategia fue de la mano con el posicionamiento moderado y consensual del gobierno de la Concertación, que, a través de una política comercial abierta y multilateral, se insertó con éxito en el sistema internacional, alcanzado altos índices de crecimiento que garantizaron estabilidad y legitimidad alejando así el peligro de un retroceso autoritario.
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