David Aceituno - Chile 1984/1994

Ahora bien, la posibilidad de negociación entre el gobierno autoritario y la oposición siempre depende del grado de fuerza y legitimidad que dispongan ambos grupos. En el caso chileno —al igual que ocurrió en España, en 1975— la oposición al régimen contaba matizadamente con ambos aspectos: por una parte, presentó la fuerza que le había otorgado la calle a través de una masiva y activa movilización social. Por otra, una ordenada y estructurada organización partidista legitimada por la población, que demandaba el retorno a la democracia. A su vez, contó con un considerable respaldo internacional que había venido tomando forma desde el mismo 11 de septiembre de 197310, pero que, en los 80’, sirvió de soporte para potenciar y empoderar a los partidos de la oposición, a las bases movilizadas y encausar la masiva protesta contra la dictadura por la vía político-partidista11. Desde el otro lado, la dictadura chilena, tras la inestabilidad inicial que representó el colapso económico y la protesta, mantuvo siempre la unidad de las Fuerzas Armadas y el respaldo civil de sus seguidores, dotándola de la suficiente fuerza para reprimir sin contemplaciones cualquier tipo de manifestación en su contra, así como la legitimidad para seguir el itinerario establecido por la Constitución de 1980, proyectando a Pinochet incluso diez años después de perder el plebiscito. No conviene ignorar —en todo caso— cómo el proceso de transición chileno nacerá de una crisis que envuelve al conjunto de su sociedad en los años 80’s, y cuyos polos se tensionaron en forma compleja alrededor de la contradicción entre dictadura y democracia12.

Tanto el proceso español como el chileno se insertan en la denominada “tercera ola“ que estableció cuatro potenciales caminos para alcanzar la democracia: fundaciones democráticas, reformas, transiciones y revoluciones —aunque solo en Europa central y oriental existió la posibilidad de producir esta última— siendo lo característico para América Latina los tres primeros13. Ahora bien, aunque toda transición a la democracia implica una ruptura con el orden existente, no todos los procesos de transición son necesariamente rupturistas, también pueden ser reformistas14. Así, una de las características compartidas que presentaron la transición española y chilena fue su carácter reformista, sobre todo porque el poder siguió dependiendo de actores políticos vinculados al régimen autoritario. En España, por ejemplo, aunque provenientes del franquismo, los gobiernos que llevaron adelante la transición, eran abiertamente reformistas de las estructuras heredadas de la dictadura. En Chile, en cambio, las autoridades que comandaron la transición fueron originalmente de carácter rupturista dado que pertenecían a la oposición, aunque de acuerdo al equilibrio de poder establecido por la Constitución, estas autoridades quedaron rápidamente modeladas y atadas a las estructuras normativas impuestas por el régimen. Esto significó, en la práctica, que los gobiernos opositores a la dictadura no pudieran realizar grandes reformas una vez alcanzado el gobierno. De ahí que Soto Carmona insista en señalar que lo que en realidad se produjo en Chile en 1988, fue el traspaso del gobierno y no del poder, que siguió descansando en la Constitución de 1980 y el general Pinochet, reconvertido en comandante en jefe del Ejército —sin posibilidad de ser removido por el poder civil— evidenciando los límites de la transición chilena. En efecto, las leyes de amarre y los enclaves autoritarios establecidos por la Constitución, tenían como objetivo dificultar la actuación del gobierno democrático evitando así el desmontaje completo del régimen autoritario15.

De manera distinta, pero con un énfasis similar, la transición española también presentó ese carácter reformista, donde la necesidad de autotransformar al Estado se constituyó en la base original del proyecto político de los herederos de la dictadura. Sin embargo, la presión social y política interna así como la situación internacional, fueron modificando paulatinamente ese afán en aras de una mayor reestructuración, sin con ello perder de vista el objetivo principal de mantener en sus manos el control y los destinos de la transición16. En este sentido, la voluntad de reformar provino de un sector heredero del franquismo, a diferencia de Chile donde la transición la comandaron los opositores al régimen amarrados, eso sí, al marco establecido por la dictadura.

Para comprender desde una dimensión histórica los procesos de transición, se torna necesario trazar o definir la temporalidad que se percibe de este fenómeno entre las sociedades, la intelectualidad y su sistema político. Desde esta perspectiva, la transición chilena a la democracia presentó varias aristas, solapadas en un flujo complejo de acontecimientos que, sin dudas, marcaron el pasado reciente del país y en buena medida siguen definiendo parte de su actualidad. Tanto en su ámbito eminentemente político como desde una dimensión social, económica y cultural. Y si para algunos la transición es historia vieja —hija del siglo XX, poco conectada con las necesidades de hoy— para otros reviste una actualidad tan manifiesta que no dudan en vincular el malestar que sacude por estos días a Chile, con parte de esa historia17. Este debate, esta reemergencia y conexión del pasado reciente transicional con la actualidad, no es exclusividad chilena, claro está, también sucedió con la transición española hace algunos años. Es más, el historiador Santos Juliá, no hace mucho, recordaba lo extemporáneos que podían parecer los comentarios de Juan Linz, en 1996, respecto al carácter histórico (en el sentido de proceso ya concluido) que había adquirido la transición a la democracia en España, sin siquiera imaginar el profundo debate que se abriría sobre el tema diez años más tarde, relacionando estrechamente la actualidad de la situación política de ese país en pleno siglo XXI, con esa historia que parecía cerrada18. Efectivamente, en ambos casos, los cuestionamientos actuales al orden político forjado durante la transición, establecen la necesidad de revisar estos procesos políticos y la construcción democrática que de ellos devino.

En este sentido, esta continuidad de los procesos analizados por la historia del tiempo presente, no solo establecen relación con los nuevos enfoques e interpretaciones que desarrolla la historiografía respecto al estudio de los pasados recientes sino también a la reemergencia inexorable que adquieren en voz de una multitud movilizada temas pendientes, vacíos y deudas con la sociedad que las transiciones dejaron indefinidamente postergados19. Es quizás por esta razón, entre otras, que las propias temporalidades de estos fenómenos vivos resultan móviles, porosos, aún en construcción incluso, trazando, según la mirada y el interés de quién escribe, un determinado marco para comprender ese pasado. De esta forma, la temporalidad específica atribuida a este fenómeno político, ha servido para dar coherencia a los modos de entender y enunciar la dimensión histórica del pasado reciente de cada sociedad.

En el caso chileno y desde un punto de vista instrumental, la transición a la democracia fue entendida como el periodo de tiempo transcurrido entre el plebiscito por el No a Pinochet (octubre de 1988) y la asunción de Patricio Aylwin (marzo de 1990). Esta lectura establece que todo lo que se produjo con posterioridad fue parte de un nuevo régimen político, conceptualizado como “democracia incompleta, deficitaria o parcial“20. Algo similar ocurrió con el proceso español que formalmente comienza con la muerte de Francisco Franco, en noviembre de 1975, y acaba con la aprobación de la Constitución de 1978. Sin embargo, pese a esta representación operativa, existen múltiples aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, que la convierten en una definición exigua desde una dimensión histórica; en efecto, el tránsito de una sociedad desde la dictadura a la democracia requiere de un tiempo que permita reconfigurar a esa sociedad en una nueva cultura política.