Roberto H. Iglesias - Cuatro fusiones, la competencia en comunicaciones

Hay también operaciones de medios masivos ligadas a sindicatos peronistas (Octubre y Crónica) y otra al segundo diario del país ( La Nación , centroderecha), en todos los casos con una mayor significación ideológica y editorial de lo que corresponde a sus facturaciones estrictamente económicas.

En la corta vigencia de este régimen convergente no ha aparecido ningún grupo verdaderamente nuevo y ningún operador enfocado preferentemente en contenidos ha hecho incursiones significativas en telecomunicaciones o viceversa.

La expectativa es que este entorno convergente beneficie a consumidores y audiencias y signifique más competencia (ya que implica por correlato el ingreso de las telefónicas al mercado de la radiodifusión y el cable, así como abre la puerta para nuevos operadores).

Sin embargo, todavía para 2020 el marco jurídico que consagra esta convergencia comunicacional no ha traído aún grandes novedades ni beneficios en la Argentina debido a un multiplicidad de razones: la principal sin duda se relaciona con el deterioro y la inestabilidad macroeconómica, factores que claramente inhiben la inversión (inflación, alta presión impositiva, manipulaciones y restricciones cambiarias, así como altos costos para llevar adelante actividades empresariales).

Adicionalmente, la inestabilidad jurídica siempre está presente porque aun cuando un gobierno lleve a cabo las reformas necesarias nunca se sabe hasta cuándo va a durar ese marco y si va a resistir o perdurar tras el siguiente cambio de gobierno. Es cierto que la nueva gestión del presidente Alberto Fernández, al menos al momento de escribir estas líneas, no ha anunciado ninguna visión o plan integral sobre las comunicaciones, pero no parece tampoco que vaya a intervenir con medidas de fondo que modifiquen ese marco convergente. Está por verse aún la actitud que puedan asumir los elementos más extremistas del kirchnerismo enquistados en el gobierno con respecto a temas de libertad de expresión, garantías al periodismo o manejo de los medios públicos.

Otra cuestión son las normas que ya están escritas y promulgadas pero que no se cumplen (por falta de voluntad política estatal) o cuya observancia es resistida (por intereses particulares con la suficiente capacidad), o bien cuando se produce una colisión entre jurisdicciones nacionales o locales (especialmente cuando las últimas restringen derechos o modalidades que reconocen las primeras o cuando las autoridades de determinada jurisdicción buscan apoyar ciertos actores en detrimento de otros y que a su vez son promovidos por otra instancia).

Las normas incumplidas van desde algunas cuestiones técnicamente complejas sobre compartición e interconexión de redes hasta temas de organización de grillas o de must-carry de sistemas de TV paga.

En otro orden, y como ha ocurrido desde los años 90 con prácticamente cada gobierno, las normas sobre multiplicidad de licencias en radiodifusión no son completamente respetadas: en la actualidad las emisoras que transmiten en la Ciudad de Buenos Aires en las frecuencias de AM 630 y 990 kHz son operadas por la misma empresa pese que no está permitido que un titular posea más de una estación por localidad en esa banda; algo similar ocurre con los canales de TV digital abierta UHF 21.1, 27.2 y en parte el 27.1, a nombre de distintas firmas pero que responden a un mismo propietario.

Podría ser que esas normas se encuentren superadas. Quizás no esté mal habilitar a que un mismo titular tenga dos AM por ciudad para evitar que esa banda decaiga; o permitir dos canales abiertos de UHF en idéntica localidad y de un mismo licenciatario para competir con la necesaria fuerza contra canales abiertos históricos de VHF. Pero esas normas o se cambian y flexibilizan, o bien, mientras no estén derogadas, se acatan.

Un tema más son los trámites que nunca terminan y todas las creativas expresiones de la burocracia para la cual siempre falta un permiso, un papel (o ahora un formulario, firma o “estampilla” digital) o cualquier otro requisito mínimo pero engorroso de solucionar. Aun cuando la corrupción no se monte en estas cuestiones, nunca se trata de un tema menor: este tipo de trabas pueden ser las más poderosas precisamente por su elusividad e “inexistencia” oficial, y afectan no solo a pymes sino también a empresas grandes, incluso a aquellas que disponen de una legión de abogados.

Por último hay restricciones y discrecionalidades que no se han eliminado. Hoy día la concesión de una licencia TIC es automática y fácil de obtener. Pero las licencias, como muy bien se aclara en las resoluciones que las otorgan, no garantizan los medios físicos o radioeléctricos para prestar el servicio y el régimen de ocupación de la vía pública o la asignación de frecuencias para telecomunicaciones sigue presentando muchos aspectos opacos, discrecionales o anticompetitivos.

Con las licencias de radiodifusión sonora o TV abierta el asunto es peor, ya que no siempre es fácil acceder a ellas. En las grandes ciudades desde hace ya muchos años es imposible habilitar una nueva emisora de radio o TV abierta, a no ser que el Estado o la autoridad reguladora convoquen a un concurso en forma unilateral y a discreción, no a solicitud de parte interesada. Esos concursos casi no se realizan, aun habiendo frecuencias libres en esas urbes densamente pobladas, especialmente en la banda de AM y en la de TV y sin que tampoco falten interesados.

Pese a que la Ley 26522 establecía el mecanismo del concurso abierto y permanente (en cualquier momento y para cualquier frecuencia) y con un Plan Técnico integral, tanto el gobierno kirchnerista como el macrista incumplieron estas exigencias y lo han reemplazado por modalidades híbridas o parciales, las que serán explicadas más adelante. (Sobre la reserva de 33% para emisoras sin fines de lucro, ver el Capítulo 4 , apartado Balance de la labor reguladora.)

Un modelo de convergencia comunicacional debe tener una fuerte impronta competitiva. Pero es importante advertir que “competencia” no sólo significa diversidad de prestadores en libre concurrencia en un mercado transparente. También son parte de ese concepto las reagrupaciones estructurales de compañías (fusiones o absorciones) por razones de economía de escala y que deben darse en ese mismo marco —sin protecciones o “intervenciones” indebidas—, de modo que se eliminen duplicaciones de esfuerzos e infraestructuras, se consigan reducciones de costos y sea posible ofrecer mejores precios y condiciones a los usuarios.

Es por eso que la competencia no siempre es la mera variedad de ofertas (puede ser una falsa abundancia, un mosaico desorganizado y feudal de prestadores poco calificados y con operaciones precarias o enclenques, o medios artificialmente estimulados por maniobras políticas). De la misma forma que un monopolio tampoco está determinado necesariamente porque haya dos o tres empresas grandes si éstas efectivamente compiten (hay concentraciones naturales que ofrecen mejores precios o servicios y hay concentraciones perjudiciales que imponen condiciones desventajosas para los usuarios).

La creación y el mantenimiento de un ambiente sustentable competitivo tiene que ver con una regulación adecuada (incluyendo el buen funcionamiento de la respectiva autoridad de aplicación) y con la existencia de un organismo antimonopolio autónomo, de alto nivel técnico y desvinculado del poder político. Precisamente, son los dos temas centrales de este trabajo.

Sin embargo, tanto la continuidad como la eficacia de las regulaciones y de los organismos sectoriales estuvieron históricamente afectadas por la inestabilidad, la inseguridad jurídica y los cambios abruptos.

Así, la radiodifusión y las telecomunicaciones tuvieron marcos legales permanentemente cambiantes —cuando no remendados por decretos y resoluciones año tras año— y casi una decena de tándems de autoridades reguladoras distintas durante los últimos 65 años, que configuran verdaderas “sopas de letras”: sucesivamente MINCOM-DGCyT-DGR-DGTE (2); SECOM-DGR (3); SECOM-CONART (4); SECOM-ERT (5); SECOM-COMFER (6); SECOM-CNT-COMFER (7); CNC-COMFER (8); SeTIC-AFTIC-AFSCA (9) y, al día de hoy, SeTIC-ENACOM (10).