Alejandra Lizseth Álvarez Alvear - La participación comunitaria en la formulación del plan decenal de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, Nariño 2010-2019. Estudio de caso

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La participación comunitaria en la formulación del plan decenal de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, Nariño 2010-2019. Estudio de caso: краткое содержание, описание и аннотация

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La idea de innovación pública se desarrolla en la academia y en la práctica institucional del Estado de maneras diversas en diferentes partes del mundo. En América Latina la discusión es aún reciente. Por esta razón, el Laboratorio de Innovación en Gobernanza, Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia se propuso activar la discusión alrededor de este tema para explorarlo de forma más profunda e invitar a nuevas iniciativas y experiencias que contribuyan a difundir la innovación pública en Colombia. Este libro recoge la participación de múltiples actores provenientes de la academia y el sector público de orden local y nacional, y debates conceptuales sobre la innovación pública; también describe algunas de las acciones institucionales en Colombia enmarcadas en este concepto.

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Por tanto, las acciones encaminadas a garantizar el acceso a los alimentos y la nutrición de la población colombiana han sido temas asumidos de manera permanente por los diferentes gobiernos, sectores y entidades desde décadas atrás, por lo cual la inclusión de la seguridad alimentaria y nutricional en la política pública colombiana es resultado de una larga sucesión de enfoques, tanto conceptuales como de la forma de realizar la intervención, evolución que a la vez responde a las condiciones históricas nacionales, pero, en especial, a las características políticas y económicas mundiales.

En el tema agropecuario, en 1944 se crea el Instituto Nacional de Alimentos (INA; luego se llamaría Idema) con el cual se monta una red nacional para el abastecimiento de alimentos, que no solo compraba la producción, sino que además acercaba los productos a la población a precios subsidiados. Sin embargo, con la creciente producción de alimentos en el país a partir de los años 1960, progresivamente esta red se desmonta. En 1961, se conforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), con el fin de resolver los problemas estructurales en el campo, relacionados principalmente con la inequidad y la ineficiencia en la distribución de los factores de producción, así como para avanzar en el proceso de modernización de la economía rural. No obstante, debe resaltarse que estos propósitos aún se encuentran retardados.

Simultáneamente, y en concordancia con la situación de América Latina, Colombia recibió la ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Se incluían programas enfocados hacia la nutrición y alimentación, que se complementaron con los programas dirigidos desde la Secretaría Nacional de Asistencia Social (Sendas), creada en 1954 por el gobierno de Rojas Pinilla, y que, entre otras acciones, se encargaba de la entrega de mercados a las familias más pobres (Señal Colombia, 2014). Sendas se ocupaba de la canalización de las ayudas internacionales recibidas, y se convirtió en la semilla para que en 1968 se creara el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y para que en 1969 se iniciara el Programa Nacional de Educación Nutricional y Complementación Alimentaria (Pronenca), con el objetivo de atender a los grupos más vulnerables a la desnutrición, a través de los servicios de salud y las escuelas primarias.

Para 1974, el Gobierno acordó el desmonte gradual de la ayuda alimentaria internacional y puso en marcha una política de nutrición y desarrollo rural, bajo la orientación del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2007), y con la creación del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición se estableció el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN) y el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), el segundo para garantizar la disponibilidad y producción de alimentos en el territorio nacional. Estos tenían como un importante frente de acción el mejoramiento de las complejas condiciones socioeconómicas del campesinado, que con el Incora no habían sido resueltas. Sin embargo, en los años 1980 estos programas comienzan a desgastarse y, se podría decir, a ser reemplazados por planes de desarrollo enfocados a impulsar el campo.

A principios de los años 1990, en el país se da gran importancia al fomento de la lactancia materna. Con la participación en la Conferencia Internacional de Nutrición realizada en Roma, que comprometió a 159 países participantes a elaborar Planes Nacionales de Alimentación y Nutrición para disminuir los índices de desnutrición y hambre en el mundo, Colombia asume el compromiso, y en 1996, mediante documento Conpes n.° 2847, se aprobó el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-2005, como herramienta intersectorial para abordar la problemática nutricional y alimentaria (ICBF, s. f.). En su ejecución, y como resultado de su evaluación, se establecieron avances en la disminución de la desnutrición, la ampliación de acciones y coberturas, el desarrollo de programas de complementación alimentaria y logros en la fortificación de alimentos, así como otros avances a nivel técnico y normativo.

Por su parte, en 1994, con la expedición de la Ley 160, se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se estableció un subsidio para la adquisición de tierras y se reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Mediante esta ley se aspiraba dinamizar el mercado y facilitar el acceso a la propiedad, pues se propuso reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos encaminados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad. Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de responder a las expectativas, especialmente en el caso del subsidio a la compra de tierras, puesto que se presentaron dificultades en la selección, negociación y compra de los predios.

Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 incluyó programas y proyectos tendientes a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, siendo uno de los más relevantes la Red de Seguridad Alimentaria (RESA) (Gobernación del Chocó e ICBF, 2007). Simultáneamente, y en cumplimiento con las directrices internacionales, se define el documento Conpes Social 91 de 2005: “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 2015”, en el que el país se compromete, entre otros objetivos, a erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Durante todo este proceso histórico, el país únicamente contó con planes de alimentación y nutrición que orientaban el trabajo en el tema, pero sin contar con una expresión de política más amplia. De allí la importancia de que, en 2008, y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en el país se haya establecido la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante el Conpes Social 113, producto, entre otras situaciones, de la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (junio de 2002) y en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996.

Según el documento Conpes 113 (Departamento Nacional de Planeación, 2007), “la política es el resultado de un proceso de participación y concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una política de Estado”. Por lo anterior, esta política va dirigida a la población colombiana, y requiere la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, especialmente en los grupos de población más vulnerables.

De forma general, el documento de la política establece un marco conceptual referente a la SAN, describe la situación actual en cada uno de los ejes mediante la utilización de diferentes indicadores y define los principales lineamientos de la política de SAN.

En este sentido, se establecen como principios orientadores el derecho a la alimentación, la equidad social, la perspectiva de género, la sostenibilidad, la corresponsabilidad, el respeto a la identidad y la diversidad cultural. De igual forma se dejan en claro siete estrategias que permitirían el alcance de los objetivos, las cuales, de forma general, se resumen en:

• Desarrollo de una estructura institucional moderna, multisectorial y dinámica.

• Implementación de la política mediante la formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), y de planes y programas departamentales, municipales, distritales o regionales de seguridad alimentaria y nutricional.

• Focalización, referida a la aplicación de criterios de entrada, permanencia y egreso de las familias a planes y programas, conforme al Conpes Social 100 de 2006.

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