Alejandra Lizseth Álvarez Alvear - La participación comunitaria en la formulación del plan decenal de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, Nariño 2010-2019. Estudio de caso

Así, tanto Jennifer Guzmán –en su posición de investigadora– como los propios gestores, reconocen la adquisición, no solo de conocimientos sino de habilidades alrededor de los derechos, de la SAN y de la política pública, que proporcionan confianza, autonomía y empoderamiento, en la esfera de exigibilidad del derecho a la alimentación, y especialmente en la formulación y socialización de propuestas comunitarias en pro de la SAN, todo en el marco de una concepción amplia e integral de la SAN y los derechos.

En conclusión, esta experiencia muestra el empoderamiento como una importante vía hacia el fortalecimiento de la participación comunitaria, la formación de actores comunitarios que participan de forma activa en la identificación de sus problemáticas, pero también para la formulación de soluciones desde sus experiencias. Es, quizá, una forma de trascender, de la concepción de participación como un requisito técnico de las políticas, hacia una participación en donde la comunidad sea protagonista y motive procesos de transformación social.

• A construção social de un sistema público de segurança alimentar e nutricional. A experiencia brasileira (Leão y Maluf, 2012)

Brasil ha tenido un importante recorrido en el campo de la implementación de políticas públicas orientadas a la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a la alimentación. En este sentido, el documento A construção social de un sistema público de segurança alimentar e nutricional. A experiencia brasileira presenta una nueva gobernanza para la eliminación progresiva del hambre y la pobreza. Además, allí se expone la forma en que las políticas de SAN han integrado la participación social.

En el marco de un proceso de redemocratización del país iniciado desde 1980, que permitió formar nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y el establecimiento de nuevas formas de participación en las políticas públicas (por medio de los consejos de control social de políticas), se inicia el proceso de construcción de políticas públicas de SAN para el país, camino en el que toma importancia la formulación de una propuesta de Política Nacional de Seguridad Alimentaria para Brasil, elaborada por el movimiento de la sociedad civil llamado Gobierno Paralelo. Posteriormente, y en el marco de una situación social crítica, en alianza con otros militantes y especialistas en el tema, se formula el Proyecto Fome Zero (Hambre Cero) con la intención de contribuir a la construcción de una política nacional de SAN, propuestas que solo en el gobierno de Lula son adoptadas, iniciando un trabajo que abarca el combate del hambre y la pobreza, y la apertura de espacios para asegurar este tipo de políticas; de ahí que para 2006 se promulga la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria (Losan), y a través de ella se crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan).

Según el documento en mención, el Sisan –un sistema que reúne a los diversos sectores del gobierno para coordinar las políticas alrededor de la SAN–, más que el resultado de una decisión del gobierno de turno, resulta de décadas de movilización y lucha social. Así entonces, desde el abordaje de los derechos humanos, ha colocado la dignidad humana y su empoderamiento en el centro de la discusión, puesto que dentro de sus intereses estuvo la creación de espacios para la participación y el control social en la formulación, implementación y monitoreo de las acciones de política, por medio de los Consejos de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), que se proyectan en Brasil como plataformas políticas que permiten el encuentro de la sociedad civil y el Estado.

Aunque estos consejos están conformados por representantes gubernamentales, en su mayoría los constituyen participantes de la sociedad civil (quienes tienen a su cargo la presidencia del consejo), sumados a representantes de organismos internacionales y algunas organizaciones observadoras, esto bajo un enfoque intersectorial (interlocución entre sectores gubernamentales y sociales) y de participación social. De esta forma se proyectan como un “ejercicio de democracia participativa que presupone la participación social en la construcción de políticas públicas de país” En consecuencia, esta apuesta exige, por una parte, la acción de representantes de la sociedad civil con capacidades propositivas fortalecidas, y por otra, la de funcionarios gubernamentales dispuestos a que sus acciones sean expuestas y validadas en espacios públicos, condiciones que a la vez hacen posible la emergencia de los diferentes intereses y conflictos existentes.

Los Consea se encuentran conformados en diferentes niveles: uno nacional, uno para cada estado y uno para cada municipio. En cada escenario, el Consea recibe, analiza y prioriza los avances de la Conferencia Nacional, Estadual o Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se reúne cada cuatro años. Las determinaciones y directrices elaboradas por el Consea continúan entonces el camino hacia su aterrizaje en políticas o planes en una tercera instancia: la Cámara Interministerial o Intersecretarial (dependiendo del nivel al que se dé) de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Caisan). Vale la pena aclarar que antes de llegar al debate plenario del Consea, las formulaciones y propuestas se preparan en diferentes comisiones temáticas permanentes, y asimismo, pueden organizarse grupos de trabajo para el estudio de temas específicos. Finalmente, las decisiones tomadas y aprobadas por el consejo en pleno pueden manifestarse en resoluciones, recomendaciones o en una exposición de motivos que se dirige a la presidencia.

La apuesta del Consea ha generado controversias frente al nivel de incidencia de la participación social en las decisiones finales de las políticas públicas de SAN, considerando que el Consea nacional presenta una condición de “consejo de asesoramiento del Presidente de la República”, por lo cual las determinaciones que allí se tomen tienen un carácter propositivo y no son obligatorias para el Ejecutivo. Desde la perspectiva de Leão y Maluf, esto podría ser resultado de la pretensión de intersectorialidad del sistema, por lo cual hacer obligatorios los mandatos del Consea desconocería otros espacios de deliberación en política social que son igualmente legítimos e incluso portadores de más experiencia y madurez institucional (correspondientes a otros estamentos gubernamentales). De esta manera, la eficacia de las propuestas del Consea no solo dependen de su contenido, sino de factores políticos relacionados con las aspiraciones de sociedad y la coordinación intersectorial, así como de la capacidad de movilización y presión social para respaldar las decisiones de los consejeros.

Por último, es importante resaltar los aspectos que desde la experiencia brasileña se han encontrado para el desarrollo de un papel activo e informado, de asesoramiento público tanto por parte de los representantes del Gobierno como de los líderes de la sociedad civil. Así entonces debe conocerse en profundidad la realidad de la comunidad, identificar los grupos vulnerables, las políticas públicas que los acogen, ampliar la información sobre el presupuesto público, reconocer los problemas coyunturales, monitorear el desarrollo y la implementación de las determinaciones locales, valorar nuevas formas, lenguajes y potenciales de participación social, e invertir estatalmente en el desarrollo de las capacidades de sus funcionarios y consejeros.

1.2. Una mirada a las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional en Colombia

La seguridad alimentaria y nutricional ha sido una preocupación constante en el mundo, por sus relaciones y consecuencias en el desarrollo humano. A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Cumbres Mundiales sobre Alimentación, la Declaración del Milenio y, en Colombia, la Constitución Política de 1991, reconocen el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.