Ramón Alberto Lugo Rodríguez - Estrategias de comunicación política

El proyecto de investigación

Introducción

En marzo de 2006, el equipo de campaña de Felipe Calderón, candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una nueva estrategia de publicidad que se centró en la difusión de una serie de pretendidos defectos del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, señalándolo como un político ineficiente en su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, responsable del endeudamiento del gobierno de la ciudad, intolerante y, más aún, asociado a diversos personajes acusados de corrupción. El lema unificador de todos estos mensajes fue “López Obrador, un peligro para México” (Salazar Elena, 2007).

La reacción en el PRD y en los otros partidos de la coalición “Por el Bien de Todos” fue, en primer instancia, la emisión de mensajes acusando al candidato panista, Felipe Calderón, de haber participado en un fraude bancario durante su gestión en BANOBRAS. En un segundo momento, la representación del PRD dentro del Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó a éste su intervención para retirar una serie de spots que consideraba denigrantes. La autoridad electoral inicialmente rechazó la solicitud; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al IFE cancelar algunos mensajes emitidos por el PAN. A partir de entonces, el IFE siguió esta norma y retiró de la radio y la televisión diversos mensajes con contenido negativo. En total, 29 promocionales fueron retirados del aire.

Es importante destacar la participación activa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en esta elección, ya que se distinguió por la contratación y difusión de dos spots promocionales a favor del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en contra de la coalición “Por el Bien de Todos” y su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Lo que ocasionó importantes quejas por parte de los representantes de la coalición ante el Consejo General del IFE y posteriormente ante el TEPJF.

Un ejemplo de las quejas emitidas es el oficio presentado el 1 de junio de 2006 por el diputado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de la coalición “Por el Bien de Todos”, numerado: por el bien de todos-176/06. En dicho documento se solicita al consejero presidente del IFE que se tomen las medidas necesarias para evitar que personas físicas o morales realicen acciones que puedan constituir actos de inducción del voto o, bien, que puedan causar confusión entre los electores (IFE, 2006).

En respuesta a dicha solicitud, el 8 de junio de 2006 el consejero presidente del IFE envió comunicaciones a catorce organizaciones empresariales y patronales del país, en las que les manifestó “la conveniencia de abstenerse de realizar otras actividades que pudieran interpretarse como un mecanismo de presión o coacción del voto”. Las cartas fueron dirigidas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otros.

El malestar manifestado por la coalición “Por el Bien de Todos” —como consecuencia de los spots difundidos por el CCE— llevó a que, el 23 de junio de 2006, el consejero presidente del IFE enviara una carta al ingeniero José Luis Barraza González, presidente del CCE, en la que exponía las preocupaciones del instituto sobre la campaña de medios difundida por el organismo empresarial. En respuesta, el CCE emitió un comunicado de prensa donde informó que, a petición expresa del consejero presidente del IFE, se había decidido suspender la transmisión de spots de radio y televisión donde se exaltaba el valor de la “estabilidad” económica que el país vivía.

La intervención del CCE en el proceso electoral no puede ser catalogada como un hecho aislado o fugaz. Su impacto fue muy profundo y se mantuvo presente durante un largo tiempo. Dicha intervención fue uno de los principales argumentos de las acusaciones hechas por la coalición “Por el Bien de Todos” en contra del PAN, así como una de las principales críticas respecto a la actuación del IFE durante la campaña electoral. Este hecho estuvo presente en las denuncias interpuestas ante el TEPJF, una vez realizadas las elecciones y, de manera más relevante, permaneció presente en etapas posteriores a este proceso electoral.

El 2 de julio de 2006, 41.8 millones de mexicanos ejercieron su derecho al voto para elegir al Presidente de la República y renovar las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión. El proceso electoral federal 2005-2006 presentó circunstancias iné­ditas en su organización, en las condiciones de la competencia, en los resultados electorales y en las demandas de información en torno a las distintas etapas del propio proceso. El resultado de las elecciones fue el triunfo del candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, quien ganó con un margen de tan sólo 0.54% por encima de la coalición “Por el Bien de Todos”, cuyo candidato fue Andrés Manuel López Obrador. Como señala Salazar Elena:

Tanto en el transcurso de la campaña, así como al darse a conocer los resultados electorales, López Obrador y el PRD enmarcaron los mensajes negativos de la campaña panista como parte de una “guerra sucia” que incluía, adicionalmente, el intento de desafuero del que fue objeto, la intervención del poder ejecutivo en favor de Calderón, la difusión tendenciosa de noticias y un fraude electoral en su contra. Esta percepción convirtió a la izquierda partidista mexicana en un actor interesado en promover un marco normativo que minimizara la posibilidad de echar mano de cualquiera de estos recursos (Salazar Elena, 2007: 6).

El clima de polarización permaneció patente dentro del sistema político mexicano y fue en este contexto que el 1 de septiembre de 2007, durante la toma de protesta del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, se suscitó un nuevo episodio de enfrentamiento entre los grupos parlamentarios del PRD y el PAN, en respuesta a la pretensión de los perredistas de impedir el acto protocolario de toma de protesta.

Las difíciles condiciones vividas durante la campaña presidencial del año 2006 y las protestas posteriores a la jornada electoral llevaron a que los partidos políticos buscaran la realización de profundos cambios en la legislación electoral con el fin de evitar episodios similares en posteriores procesos electorales. Fue así como se llevó a cabo, en el Congreso de la Unión, el debate tendiente a aprobar reformas constitucionales y a revisar la legislación secundaria en materia electoral.

Planteamiento del problema

La polarización que se presentó durante el proceso electoral de 2006, y posterior a él, trajo a discusión diversos asuntos en el transcurso de la reforma electoral de 2007-2008. El cuestionamiento al modelo de acceso a los medios de comunicación masiva vigente hasta ese momento y la necesidad de un nuevo modelo fueron el eje central de la reforma electoral; sin embargo, hubo otro tema que tomó especial relevancia por los efectos que produjo durante las elecciones: la pertinencia de emplear campañas negativas como parte de la estrategia de comunicación política de los partidos, ya que en los procesos electorales federales de los años 1997, 2000 y 2003 distintos partidos utilizaron mensajes de ataque en sus estrategias de campaña, tales como los usados por el candidato del PAN, Vicente Fox Quezada, en el año 2000. No se había presentado en México un episodio electoral que hubiera sido tan criticado por uno de los actores en disputa debido a la utilización de este instrumento de comunicación.