El derecho ya no es lo que era

Los estados tradicionalmente han gravado los productos extranjeros para proteger a los empresarios nacionales, imponiendo unos tributos, los aranceles, que son de diversos tipos y se pueden fijar en base al valor del producto o a las unidades de mercancía importada. Por ejemplo, el año 2014 las tarifas sobre la importación de camiones o autobuses en Brasil llegaron a alcanzar el 132 % del precio final, con lo que el importador debía pagar por el tributo más que por el propio vehículo 2 . De esa manera Brasil protegía a los productores nacionales frente a la competencia de los fabricantes extranjeros. Aunque el precio de los vehículos nacionales sea superior o su calidad inferior que los fabricados en otros países, quien quiera adquirir un autobús importado debe soportar un sobrecoste muy significativo, por lo que en la mayoría de los casos no estará a su alcance o no le resultará rentable y tendrá que conformarse con un autobús producido en Brasil.

Todos los países han tenido que recurrir en algún momento de su historia a medidas «proteccionistas» para crear y desarrollar una industria nacional o para proteger determinados sectores, como la agricultura. Han salvaguardado a sus productores frente a la competencia extranjera poniendo trabas a las importaciones o, incluso, prohibiéndolas. Ha habido, desde luego, épocas más «librecambistas» como la que se inauguró en Europa con el tratado de libre comercio entre Gran Bretaña y Francia en 1860 3 . Ese acuerdo internacional se expandió al resto de los países europeos, pero no supuso la eliminación total de los aranceles y de los cupos (cantidad de determinados productos) que se podían exportar y ni siquiera abolió las prohibiciones de exportar-importar ciertos bienes. En la década de 1870 volvió a surgir una ola proteccionista en Europa, por lo que esa fase librecambista no duró demasiado tiempo.

La creación de un mercado global hizo posible que los productores de un país pudiesen llegar a los consumidores del resto del planeta, facilitando el comercio global. Otro objetivo igualmente importante e interrelacionado con el anterior fue globalizar la propia producción. En particular, conseguir que los bienes pudiesen ser manufacturados por un gran número de empresas distribuidas en diversos países, e incluso continentes, y articuladas en una cadena regida por la empresa matriz. Hay que tener en cuenta que las cadenas globales de valor coordinadas por las empresas transnacionales representaban alrededor del 80 % del comercio mundial en 2013 4 . Sin el establecimiento de una arquitectura jurídica que hiciese posible estos intercambios, no se hubiera podido alcanzar la mundialización de la división técnica del trabajo que se materializó en las cadenas globales de valor. El análisis de esa estructura debe hacerse teniendo en cuenta siempre las necesidades derivadas de la deslocalización de la producción por parte de las empresas de los países más ricos. Por otro lado, el diseño de las condiciones de funcionamiento del mercado global generó profundas asimetrías. Se abrieron los mercados del Sur a las empresas de los países desarrollados, limitando con ello su capacidad para crear una industria propia y, a la vez, se impidió a los países más pobres defender su agricultura frente a la competencia de los productos subvencionados cultivados en EE UU o la UE.

La creación de un auténtico mercado mundial exige la eliminación de las cortapisas que los estados imponen a las importaciones para que la circulación de mercancías alrededor del globo no resulte obstaculizada por esas barreras. Desde la perspectiva de una economía globalizada, los controles estatales son fronteras «internas» como lo eran las que existían en el interior de los estados antes de la creación de los mercados nacionales. Solo podría hablarse propiamente de un mercado mundial si se lograse crear un espacio económico homogéneo global en el que la circulación de las mercancías fuese «libre».

El proceso de globalización ha perseguido la creación de ese mercado mundial, aunque el grado de proximidad que han alcanzado los diversos sectores económicos a ese «ideal» varía enormemente de unos a otros. De todas formas, se ha desarrollado un enorme esfuerzo de mundialización económica que ha sido producto de un largo proceso (que todavía no ha culminado y que no se sabe en estos momentos si será revertido, al menos en parte). La liberalización de los intercambios internacionales se inició en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, más conocido por sus siglas inglesas: GATT. Este proceso puede retrotraerse hasta la segunda posguerra mundial, y se aceleró a partir de los años sesenta.

El GATT se firmó en Ginebra en 1947 entre 23 países y funcionó como un foro para la negociación internacional de reducciones arancelarias. Esa entidad no surgió como una organización internacional propiamente dicha, aunque tuviese una sede en Ginebra, sino que se trataba de un espacio estructurado para potenciar los acuerdos entre los estados en materia arancelaria. Durante su existencia, se realizaron ocho «rondas» de negociación. En la primera, la Ronda Ginebra, participaron una veintena de países que representaban la mitad del comercio mundial. La octava fue la Ronda Uruguay que se desarrolló entre 1986 y 1994 y en la que participaron 124 países, que generaban el 89 % del comercio mundial. En las negociaciones se logró una reducción en los aranceles del 38 %, el mayor porcentaje de todas las rondas. Sumando este recorte a las reducciones realizadas en todas las negociaciones anteriores, los aranceles restantes representaban el 13 % de los existentes en 1930, año utilizado como valor de referencia 5 . Los gravámenes a las importaciones se habían reducido prácticamente a la décima parte de los existentes antes de la creación del GATT, disminución que afectó especialmente a los productos manufacturados.

La Ronda Uruguay puede ser considerada como el proceso constituyente de la arquitectura jurídico-institucional que ha hecho posible la globalización económica. En las negociaciones llevadas a cabo durante aquellos nueve años se aprobaron las normas que regularían el comercio mundial por medio de tratados internacionales. Esta normativa jurídica configura una especie de «exoesqueleto» que viabiliza y protege la economía globalizada. Los acuerdos finales se firmaron en Marrakech en abril de 1994. Los más importantes son los relativos a la libre circulación de mercancías (GATT de 1994), el libre comercio de servicios (AGCS), la protección de la propiedad intelectual (ADPIC), todos los cuales favorecieron la liberalización de la circulación de capitales. Los tratados también establecieron programas fijando calendarios para negociar nuevos acuerdos. En Marrakech se fundó asimismo la institución internacional más emblemática de la globalización: la Organización Mundial de Comercio (OMC, WTO en sus siglas en inglés), en la que se subsumió el GATT y cuyos integrantes iniciales fueron los 124 países participantes en las negociaciones (164 miembros en 2020).

La «libre» circulación de bienes acordada durante la octava ronda del GATT constituye, como se ha señalado, un presupuesto fundamental para la globalización del sector manufacturero. Las cadenas globales de valor no serían funcionales si los Estados impusieran aranceles altos a la importación de bienes. Como se ha señalado, las CGV coordinadas por las Empresas Transnacionales (ETN) representan alrededor del 80 % del comercio mundial. Si los componentes que se intercambian en el interior de las mismas tuvieran que pagar grandes peajes cada vez que atraviesan una frontera, sería imposible que el proceso productivo estuviese distribuido por el territorio de múltiples países. Al final de la fabricación, el conjunto de componentes del bien en cuestión, por ejemplo, un iPhone, son exportados al país en el que se realiza el ensamblaje, en este caso China. Si China impusiera altos aranceles a esos productos intermedios, no resultaría rentable ensamblar el producto en ese país. Los iPhones montados en China se venden en países europeos y americanos. Si sus estados gravaran fuertemente la importación de los iPhones, entonces se perderían todos los beneficios resultantes de ensamblarlos en un país con mano de obra barata. La «fábrica global» requiere, por tanto, un mercado mundial lo más unitario posible para poder manufacturar sus productos.