Alberto José Hurtado Briceño - Impactos de la COVID-19 en el sistema internacional y en la integración regional

México se encuentra en situación ostensiblemente desventajosa ya que solo destina alrededor del 1 % del pib a la contingencia sanitaria. Según el fmi, el gasto fiscal asciende al 0,2 % del pib, por encima de la línea presupuestaria para salud; 0,5 para apoyos a empresas y hogares; 0,5 del pib para préstamos a trabajadores formales despedidos a causa de la pandemia y pasivos contingentes (fmi, 2020).

Es el caso más delicado, ya que, según los análisis realizados en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de la Cámara de Diputados de México (ciep), durante los últimos 10 años, el presupuesto en salud se contrajo significativamente de la siguiente manera: en el 2013, alcanzó el 2,87 % del pib, punto de inflexión desde donde comenzó a decrecer; para el 2019, el monto fue de 624 mil 474 millones de pesos, equivalente al 2,55 % respecto del pib, con un ligero repunte en el 2020, que representa el 2,76 % del pib (Méndez, 2019).

De este país habría que destacar la cobertura nacional del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste), el Seguro Popular, sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

No se puede investigar en búsqueda de medios e instrumentos para superar la crisis actual, sin poner sobre la mesa la trayectoria del Estado. Como es sabido, una polémica nunca zanjada en economía es la disyuntiva entre mercado y Estado. Desde Thomas Hobbes y el Estado Leviatán, hasta el siglo xxi, cada ciclo histórico se ha caracterizado por una mayor o menor presencia del Estado. Si bien es cierto, los tres países de América del Norte han tenido una importante participación del Estado en ámbitos económicos y sociales, después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá construyó un sistema de seguridad social que, en la actualidad, es uno de los con más alto índice de desarrollo humano en el mundo. En contraste, México, en el marco de esfuerzos para impulsar la agricultura y la industria a través de la sustitución de importaciones, creó instituciones para la salud como las mencionadas, Seguro Social y el Instituto para la Seguridad de los Trabajadores del Estado (issste), sistemas de atención a trabajadores y empleados, los cuales, en la medida en que aumentó la población y con ello la demanda de servicios para la salud, se fueron desgastando. En esta situación de instituciones desgastadas en infraestructura, número de médicos y enfermeras, como también presupuesto para medicamentos, los sorprendió la covid-19.

Es en Estados Unidos donde la inflexión histórica del Estado dejó una huella indeleble para los anales del Estado moderno. La referencia en el Continente Americano es la crisis de 1929-1932, cuando el gobierno de Franklin D. Roosevelt remodeló su estructura para tener el poder que le permitieran salir de aquella crisis, hoy referente obligatorio. Con Roosevelt:

Se comienzan a definir las bases del gran proyecto nacional que hará de los Estados Unidos la primera potencia del mundo en la segunda posguerra y le asegurará durante varias décadas a su pueblo niveles de prosperidad y expansión que ningún otro país había conocido antes. Si el presidente Roosevelt es una de las figuras principales de la historia norteamericana […] lo es ante todo por su capacidad para remodelar el gobierno y la economía de los Estados Unidos en función de objetivos políticos exactos y de opciones filosóficas claramente de definidas. (Maira, 1981, p. 124)

El mismo autor apuntala sobre la “restauración del papel del Estado”:

Este proyecto nacional, cuyo contenido fuera complementado durante la administración Truman en los años finales de la década de los cuarenta, incluyó una reestructuración de la organización pública, la reestructuración económica y la restauración del papel del Estado en su funcionamiento, así como del papel de los Estados Unidos en la política mundial. (Maira, 1981, p. 124)

De la nueva visión nació el informe Brownlo que dio lugar a la Oficina Ejecutiva del Presidente, cuya fortaleza la ungió la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Asesores Económicos y la Oficina de Administración y Presupuesto. Así se construyó la cimentación de lo que habría de ser conocido como el New Deal (Maira, 1981, pp. 125-126). Devino, entonces, el tiempo de ilusiones del capitalismo, cuya etapa marcó el “sueño americano” hasta finales de la década de los setenta y principios de los años ochenta del siglo xx.

El ciclo largo de la participación del Estado en la economía, auspiciado por las ideas keynesianas de impulsar la demanda agregada a través del pleno empleo, con políticas fiscales y presupuestales ad hoc, comenzó su cuestionamiento cuando las economías comenzaron a mostrar déficit en las finanzas, brotes inflacionarios, inestabilidad de los tipos de cambio, del dólar en especial, desempleo y caídas en la productividad. Los ochenta marcaron entonces una nueva época en términos de política económica, conocidos por la “crisis fiscal del Estado”. El nuevo ciclo lo concibió Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Consenso de Washington.

Para Reagan, Thatcher y el Consenso de Washington, la solución a la nueva crisis histórica del capitalismo era volver a reposicionar el mercado, mientras el Estado hacia mínimas funciones. Reagan, apoyado en las ideas de Arthur Laffer y su curva que relaciona política impositiva con recaudación, sostenía que esta habitaba una zona prohibida, por lo que el exceso de impuestos había llevado a la caída de la inversión, la producción y el empleo, por lo tanto, se suscitó un problema de oferta para las empresas. La ley de Say y su axioma de que toda oferta crea su propia demanda remitían a los planteamientos de la economía clásica y sus postulados de la competencia perfecta. El Estado, según Reagan, lo que había hecho era estimular con su política social el ocio de la gente, a quien hay que enseñarle a pescar no solo a recibir prebendas.

Estos postulados, teóricamente sustentados en los premios Nobel de Economía, Milton Friedman y Robert Lucas, como se sabe, dominaron gran parte de la economía mundial por tres décadas, hasta que estalló la crisis del sistema financiero por la quiebra de Lehman Brothers y sus secuelas posteriores en el 2008. La conocida crisis de las hipotecas subprime envolvió al sistema financiero internacional y a las grandes empresas. George Bush Jr. y el secretario del Tesoro, Henry Paulson, salieron al rescate con 750 mil millones de dólares de las arcas públicas para regular la crisis y, con ello, el mito de que la intervención del Estado es negativa se derrumbó (Álvarez, 2018, pp. 151-155). Una vez más, el Estado, a través de la política fiscal y monetaria y de generar confianza, se puso al servicio del rescate de los mercados.

El proceso de recuperación se prolongó por una década y con ello el crecimiento, el empleo y los ingresos, con ritmos distintos en los tres países de Norteamérica, apuntalados por el cordón umbilical que los unió por más de un cuarto de siglo, el tlcan. Empero, justo cuando se hacían los reacomodos para formalizar la integración económica a través del sustituto de este (el t-mec), aparece un fenómeno invisible que, de nuevo, conduce a una recesión económica concebida como histórica en parangón con la de 1929-1932. La covid-19 se difunde por los tejidos del mundo, en un tiempo inusitadamente rápido de China a Italia, de Europa a Estados Unidos y al resto del continente americano. El rápido contagio pone en el frente de batalla a los distintos sistemas de salud y, por ende, los distintos Estados nacionales.

En consecuencia, es el Estado y no las empresas de salud privada quien encabeza las estrategias para enfrentar los avances de la covid-19 en los diversos segmentos de la sociedad y, con ello, comienza una nueva etapa en la coordinación de los intereses nacionales. El Estado encabeza un nuevo reto en diversas tareas de gobernanza. Pero su poder es insuficiente.