Mauricio A. Rivera - ¿Por qué reprimen las democracias?

En el último cuarto del siglo XX, la quiebra de regímenes autoritarios, así como la posible instauración y consolidación de regímenes democráticos constituían un proceso deseable en decenas de países de distintas regiones del mundo. En América Latina (AL), una de las expectativas más importantes sobre el establecimiento de la democracia giraba en torno al (re)establecimiento de un conjunto de derechos y libertades individuales, incluido el derecho al respeto de la integridad personal. Una de las promesas centrales de los procesos de transición en las sociedades latinoamericanas era que el ejercicio arbitrario del poder estatal, característico de los regímenes autoritarios, daría paso al establecimiento de un verdadero Estado de derecho en las nuevas democracias de la región. Sin embargo, la mayoría de las expectativas puestas en las transiciones a la democracia fueron insatisfechas o, en el mejor de los casos, permanecen inconclusas. Salvo algunas excepciones, los cambios referentes en la dimensión del acceso al poder no han sido correspondidos por cambios sustantivos en el ejercicio de aquél (Mazzuca, 2007). Una de las expresiones más transparentes de los problemas asociados al ejercicio del poder en las democracias en América Latina tiene que ver con el déficit del imperio de la ley. Por un lado, los estados en las democracias postransicionales recurrentemente violan el derecho a la integridad física de las personas (violencia vertical). Por el otro, son incapaces de garantizar la seguridad individual y patrimonial de la ciudadanía (violencia horizontal). Además de su permanencia a través del tiempo, la magnitud de estos problemas es simplemente asombrosa. Por un lado, no obstante que en América Latina las dictaduras militares regresaron a sus cuarteles y los autócratas electorales ingresaron a la arena de la competencia electoral, el uso de la represión estatal continúa siendo sistemático en muchos países de la región. Como se verá más adelante, entre 1981 y 2002, el promedio de la represión estatal en las democracias latinoamericanas superó el promedio global de los regímenes autoritarios contemporáneos. Por otro lado, el grado de violencia horizontal es de los más elevados del mundo. En 2000, la tasa de homicidios intencionales en América Latina era la más alta a nivel mundial (Krug et al., 2002: 274). Sorprendentemente, pese a que los fenómenos de la represión del Estado y el crimen ocupan un lugar central en el cahier des doléances de las democracias en América Latina, existen pocos estudios que analicen de manera sistemática los problemas de violencia vertical y horizontal en la región.

Respecto del tema de la violencia estatal, prácticamente todos los estudios sobre represión se caracterizan por cubrir un pequeño número de países durante un periodo corto de tiempo. A excepción de un estudio reciente (Franklin, 2008), que analiza el impacto de la crítica internacional en el uso de la represión política en siete países entre 1981 y 1995, el resto de los estudios que analizan violaciones de derechos humanos en la región se concentran en uno o dos casos. Por otra parte, salvo los trabajos de Daniel Brinks (2008a), James Franklin (2008) y Ronald Ahnen (2007), el resto de las investigaciones son descriptivas. En términos generales, salvo un pequeño número de casos, sabemos poco sobre las causas del fenómeno de la represión estatal en las democracias en América Latina. Motivado por tal vacío, en este libro analizo uno de los problemas centrales del déficit legal del Estado en los regímenes democráticos en AL: el uso sistemático de la represión estatal. En perspectiva comparada, exploro cuáles son los determinantes de la represión del Estado en las democracias latinoamericanas, en un periodo de veinticinco años (1981-2005). El objetivo principal es descifrar por qué algunos estados en regímenes democráticos en la región reprimen más que otros; en síntesis, este libro intenta explicar qué factores determinan la variación de los niveles de represión en las democracias de la región.

Objeto de estudio y proposiciones

De los campos de concentración en la Alemania nazi y el Gulag soviético, a los genocidios en Yugoslavia y Ruanda, pasando por la brutalidad de los regímenes militares —por ejemplo, Corea del Sur (1961-1987), Chile (1972-1990), regímenes de partido único (como el de China bajo el Partido Comunista, Rumania bajo Nicolae Ceauescu), y gobiernos personalistas (como Rafael Trujillo en República Dominicana o Laurent Kabila en la República Democrática del Congo)—, el siglo XX fue testigo de las más severas atrocidades cometidas por el Estado. De manera paralela, no es casualidad que el siglo XX haya también atestiguado la expansión global de la noción de derechos humanos. A partir de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos (1948), hemos observado en los escenarios nacional e internacional un incremento significativo de instrumentos legales cuyo propósito ha sido garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Así, el lenguaje de éstos ha permeado en la vida pública de decenas de países (democráticos y autocráticos) alrededor del orbe.

En el mundo contemporáneo, el concepto de derechos humanos incluye un conjunto de atributos deseables para que los individuos desarrollen su vida de manera digna. Básicamente, la noción moderna de los derechos humanos incluye tres dimensiones: a) “derechos políticos y civiles”, b) “derechos económicos, sociales, y culturales” y c) “derechos de solidaridad” (Landman y Carvalho, 2009: 7). No obstante, a diferencia de la riqueza y complejidad de este concepto, el estudio comparado de la represión del Estado y violaciones de los derechos humanos se ha centrado en un subconjunto de derechos: el derecho a la integridad física. En un estudio fundacional de la agenda macrocuantitativa de la represión, Steven Poe y Neal Tate argumentaban las razones de esta decisión:

Nuestra definición no significa que otros componentes del concepto de derechos humanos —incluidos los derechos económicos, políticos, y sociales— sean infundados o no sean importantes. Hemos centrado nuestro esfuerzo en el derecho a la integridad personal simplemente porque creemos que los gobiernos que abusan de este derecho están cometiendo el crimen más severo y atroz contra la humanidad […]. Además, limitando el término [de derechos humanos] a esta categoría [el derecho a la integridad física,] nos permite distinguir el concepto de derechos humanos de otros conceptos relacionados (v.gr., democracia, bienestar económico) que pueden, o han estado, asociados teóricamente con los niveles de respeto de los derechos humanos en un país determinado (1994: 854).

Con base en la tradición de la investigación comparada, este libro centra su atención teórica y empírica en el uso de la represión estatal, entendida como las acciones ordenadas o ejecutadas por agentes del Estado en funciones que lesionan la integridad física de uno o más miembros del orden político. Por implicación, el uso (y abuso) de los recursos coercitivos del Estado da justo en el corazón de los derechos humanos: el derecho a la integridad física.

Ahora bien, ¿qué explica entonces que algunos estados en regímenes democráticos repriman más que otros? En este texto introduzco una distinción conceptual entre a) represión estatal centralizada, aquella en la que los gobernantes ordenan a los cuerpos estatales de seguridad ejecutar actos de represión contra la población, y b) represión estatal descentralizada, caracterizada porque los cuerpos de seguridad pública ejecutan actos de represión contra la población de manera autónoma, violando un conjunto de reglas formales, definidas previamente por las distintas ramas de gobierno. A partir de esta diferenciación analítica, desagrego el problema de la represión estatal en dos dimensiones: por un lado, intento responder por qué los gobernantes electos ordenan el uso de la violencia estatal; [1]por el otro, por qué las agencias estatales de seguridad hacen uso regular e ilegal de los recursos coercitivos del Estado. Al respecto, las proposiciones centrales son las siguientes: primero, la proclividad de los gobernantes electos a ordenar el uso de la represión está en función de la amenaza política y del funcionamiento del sistema político; segundo, la proclividad del comportamiento represivo por parte de las agencias estatales de seguridad depende del grado de impunidad que gocen. Como se observará más adelante, de estas proposiciones derivo hipótesis más específicas en el segundo capítulo.

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