Anghie Prado Mejía - La consulta espiritual y física del pueblo kággaba

En el caso colombiano el análisis planteado por Taussig no es ajeno. Esto queda claro en el hecho de que son los “nativos ecológicos”, las figuras con mayor credibilidad política, quienes aparecen grabados en el billete de más alta denominación. Efectivamente, lo que se busca es erigir una narrativa de nación donde el poder político y económico se nivele al poder de los nativos ancestrales. Hay que recordar que, hacia finales de la década de 1990, los kággaba recibieron el reconocimiento como el grupo social más ecológico del mundo por la Organización Internacional de Biopolítica: Bio (Ulloa, 2004).

De esta forma, sobre los kággaba se ha generado una representación de pureza que determina su accionar político, pues en la medida en que esta sociedad hace innovaciones políticas o tecnológicas es inmediatamente sancionada socialmente. De hecho, se ha dado una división entre kággabas correctos, que serían los de las cuencas al norte, y kággabas incorrectos, que serían los de las cuencas del sur, dado que en algunas comunidades de estas hace rato adoptaron el pentecostalismo (Sarrazin y Redondo, 2018). Esta afirmación fue corroborada por el docente Francisco Gil, indígena y director del proyecto educativo Jukulduwe de Palmor, Ciénaga, quien pudo constatar la presencia de una comunidad crisitana kággaba en la vereda Trompito Alto, en Uldezhaxa. Igualmente, se refirió al proceso de lucha por el reconocimiento que lideraron los kággaba asentados en el Magdalena, pues el Ministerio del Interior emitió la Resolución 016 de febrero de 2020, en la cual reconoce la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena Muñkuawinmaku (Francisco Gil, comunicación personal, 2020). Esto invita a cuestionar la unidad de los kággaba en el actual panorama político, donde existen dos organizaciones que lideran la interlocución con el Estado.

Lo expuesto arriba permite comprender que los kággaba, además de sufrir las vejaciones del régimen colonial y republicano, tienen que sentarse a la mesa de negociación con una carga representacional de la que no son responsables. En este sentido, el diálogo político o la capacidad de reparación de las políticas públicas se ven restringidos porque los indígenas se ven limitados a presentar sus peticiones dentro del marco de representación que se les asigna.

En resumidas cuentas, tal como lo señala Torres (2008), Colombia es

[…] Una nación que se da el lujo frente a otros estados de ostentar la más avanzada filosofía del derecho a la diversidad consagrada desde la Constitución de 1991, pero que al mismo tiempo atenta contra la dignidad y la integridad de los pueblos indígenas […]. Además de señalarlos y estigmatizarlos de terroristas, latifundistas, infiltrados e incluso terratenientes por el solo hecho de exigir el territorio ancestral (p. 12).

Así pues, a los grupos étnicos se les niega la posibilidad del manejo del territorio desde sus propias plataformas ontológicas. Incluso, esto sucede con los indígenas considerados “más puros” como los kággaba. En este sentido, el Estado y la sociedad colombiana se jactan de ser un país multicultural, pero a la vez arremeten contra los derechos de esos colectivos étnicos.

Esta paradoja entre la realidad y la representación alarmó a la Corte Constitucional, pues las poblaciones indígenas han sido las mayores víctimas de la guerra (Auto 004/09, 2009). Ni hablar de la indiferencia generalizada que experimentaron ante el horror del conflicto. Como lo menciona el señalado instrumento, en el 2004 la Corte Constitucional declaró situación inconstitucional el desplazamiento forzado de varios grupos indígenas del territorio nacional. Entonces, el instrumento del alto tribunal pretendía dar herramientas al Estado para la generación de mecanismos de salvaguarda, no repetición y dignificación.

En el caso de la Sierra, se sabe que entre “1974 y 2004 los pueblos serranos padecieron 1.145 actos de violencia” (Rincón, 2014, párr. 5). Así, “actores armados ilegales como los frentes 19 y 37 de las FARC, bloques del ELN y grupos paramilitares, desplegaron todo tipo de acciones bélicas en la SNSM en aras de establecer la hegemonía territorial” (Prado, 2018, p. 107). Esto es entendible en la medida en que el macizo, con sus grandes valles internos cerca del mar, es un escenario apreciado para la producción de cultivos ilegales. En este sentido, diversos actores han apostado por el control del área. Por esta razón se gestó una ola de violencia sistemática que afectó la vida de las poblaciones asentadas allí. Por los relatos obtenidos, en el momento en que se daba la disputa entre los paramilitares y la guerrilla por la SNSM, se prohibió que los indígenas transitaran entre sus poblados porque se pensaba que eran colaboradores de uno u otro bando. Cuando la sospecha se transformó en amenaza, los grupos al margen de la ley asesinaron a indígenas kággaba y de las demás etnias, generando una estela de terror de la que aún no se sobreponen estas poblaciones.

En consecuencia,

los pueblos serranos, incluyendo los kággaba, fueron identificados por la Corte Constitucional colombiana mediante el Auto 004 de 2009, en alto riesgo de desaparición física y cultural a causa de las confrontaciones armadas. En dicho pronunciamiento se obligó al Estado a tomar medidas cautelares para salvaguardar y proteger a estas comunidades. Para ello, distintos ministerios y otras entidades tuvieron que coordinar y trabajar de manera conjunta para la formulación e implementación de Planes Salvaguardas étnicos [a partir de la fecha de emisión del pronunciamiento] (Prado, 2018, p. 107).

Con base en los planteamientos señalados, el presente texto documenta cómo el conflicto armado impactó en la SNSM, en particular en los kággaba. Dado este escenario, se reflexiona sobre el proceso de implementación de la política pública de los planes de salvaguarda aplicada al caso de los kággaba. Ahora, además de ser percibidos como los “menos afectados por el conflicto armado” (Auto 004/09, 2009) entre los cuatro pueblos serranos, hay que precisar que, aunque la medida fue declarada durante la guerra y han pasado más de nueve años desde la orden de la Corte Constitucional, los resultados no son alentadores.

Actualmente, el país está abriendo los caminos del postconflicto y, en esa medida, el proceso de elaboración del plan kággaba continúa tejiéndose. Sin embargo, tal vez el desafío más grande que afronta este esfuerzo es, por una parte, que la reparación se pueda dar en el marco de un entendimiento de la ontología kággaba. Por otra parte, se debe propender a que la reparación no se vea como un equilibrio que se reestablece por la violencia ejercida en las últimas décadas, sino que sea reconocida como una situación estructural, pues para los kággaba la reparación es una arista más dentro del cúmulo de afectaciones que han experimentado desde la época de la colonización y, por lo tanto, la definición de conflicto armado no es acorde a la realidad que han experimentado, ya que ellos prefieren usar el término “conflicto histórico”, no armado (en otro apartado se explicará este punto detenidamente).

En cuanto a la estructura del libro, el texto contiene cinco capítulos. El primero presenta al lector o lectora la descripción del problema de interés y contextualiza cuáles fueron las causas que condujeron a la elección de este. También se delimita el estado del arte tomando diversas fuentes, para posibilitar un acercamiento a la literatura especializada. Seguidamente, se examinan las categorías conceptuales en el análisis de la implementación del Plan de Salvaguarda Kággaba y el componente metodológico de la pesquisa. El segundo capítulo clarifica las condiciones sociales, económicas y políticas que sentaron las bases para la confrontación armada colombiana y la incidencia de la sociedad civil en el surgimiento de los movimientos sociales en la región. El tercer capítulo narra el conflicto armado dentro de la SNSM y expone las distintas crestas de violencias acaecidas en la montaña (bonanza marimbera, bonanza de la coca, cartografía de guerra y participación de los actores armados legales e ilegales en la Sierra). El cuarto capítulo es una caracterización sociocultural de los kággaba (ubicación geográfica, Ley de Origen y demás principios ancestrales), con el fin de clarificar el impacto diferencial de la guerra en la vida de este pueblo. El quinto capítulo ilustra la estructura y los alcances de la política pública en cuestión, y se registra a su vez el trabajo de campo durante la formulación, el diseño y la construcción del plan kággaba. Finalmente, se presentan las consideraciones para futuras investigaciones que pretendan realizar etnografía del Estado y políticas públicas aplicadas a poblaciones étnicas.