Luis Fernando Sánchez Supelano - Afectaciones a Derechos Ambientales en tiempos de crisis climática y pandemia - algunos estudios de caso, volumen II

En el capítulo 3, Derechos Indígenas y extracción minera: el caso del Resguardo Wayúu de Provincial contra Cerrejón , desarrolla los argumentos centrales que GIDCA presenta ante la Corte Constitucional con ocasión de las solicitudes de nulidad que Carbones del Cerrejón y la Comunidad Indígena interponen contra la Sentencia T-614 de 2019, en la cual se decide parcialmente sobre la protección de los derechos de esta comunidad indígena. Teniendo en cuenta que GIDCA desde hace más de 15 años ha venido interviniendo como amicus curiae ante la Corte Constitucional en diversos temas y asuntos asociados a la defensa de los Derechos Ambientales, especialmente de pueblos y comunidades tradicionales étnicas, campesinas y urbanas marginadas, puestas en especial situación de vulnerabilidad e indefensión por las agresiones de terceros, incluidas las empresas nacionales y transnacionales, así como por las decisiones de agentes de diversas instituciones del Estado, que afectan, erosionan, limitan, desconocen o violan sus derechos constitucionales, en este artículo se presenta un análisis integral y sistémico sobre demandas de nulidad de sentencias y mecanismos para la protección de derechos en este caso concreto.

Más adelante, el capítulo 4, Artes de pesca del Pueblo Taganguero: elementos de construcción territorial e identitaria , con ocasión de las múltiples oposiciones, rechazos, demoras y aplazamientos de las autoridades públicas, se presentan los principales debates jurídico políticos que la sociedad de Taganga ha tenido que enfrentar en la defensa de sus derechos territoriales e identitarios, dando cuenta de acciones jurídicas, de movilización y reconstrucción del conocimiento de las formas económicas tradicionales asociadas a la pesca artesanal comunitaria, alrededor de la cual ha girado la defensa de sus derechos colectivos y ambientales, contrastándolas con los enfoques discriminadores que una parte de la sociedad samaria y diferentes autoridades nacionales, regionales y locales han ejercido históricamente contra el Pueblo Indígena de Taganga.

Posteriormente, en el capítulo 5, Aguas, Derechos Campesinos, marihuana y transnacionales: nulidad de concesión de aguas a empresa transnacional que afecta a la comunidad rural en Barichara, Santander , se presenta una propuesta de solicitud de nulidad de la resolución que otorgó concesión exprés de aguas a la empresa transnacional Cannavida en muy poco tiempo, si se cuenta que esas comunidades campesinas habían venido solicitando a la autoridad ambiental desde hace más de 9 años una concesión y no les ha sido otorgada; aspecto que muestra claramente cómo la injusticia ambiental se muestra con los más vulnerables en estos procesos, las comunidades campesinas, quienes requieren el líquido vital para la satisfacción de sus necesidades básicas, pero primero se otorga a una empresa para hacer negocio, aunque fundamente que es para generar empleo y otros beneficios.

Finalmente, el capítulo 6, La política Trans-agresora del pico y g énero en tiempos de pandemia , analiza desde un punto de vista constitucional y teórico una de las medidas que la administración distrital expidió para evitar las aglomeraciones durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, destacando algunos de los riesgos de discriminación y violencia que generó la medida, especialmente contra las personas Trans , quienes desde el comienzo reclamaron respeto por sus identidades, cuestionando el binarismo hombre/mujer, así como la denuncia sobre el peligro que representaba para sus vidas el hecho que la Policía Nacional—uno de los principales victimarios de esta población— tuviera a su cargo la aplicación de una medida atravesada por una categoría subjetiva y compleja como lo es el sexo, el género y sus diversas manifestaciones.

De esta manera el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales – GIDCA presenta nuestro informe de investigación 2018-2020, agrupado en dos grandes apartados, una primera parte general y una parte especial sobre algunos casos de especial interés para la discusión sobre DERECHOS AMBIENTALES Y AFECTACIONES EN TIEMPOS DE CRISIS CLIMÁTICA Y PANDEMIA, destinado a acompañar los debates necesarios que otros grupos de investigación, profesores y estudiantes, así como la sociedad civil vienen desarrollando para contribuir a la construcción de conocimiento útil y pertinente, en estos tiempos difíciles de profundización de la crisis ambiental y civilizatoria, donde la pandemia resultado de la Covid-19 ha impactado de forma severa y con mayor rigor a pueblos sociedades, comunidades, grupos y personas puestas históricamente en mayores circunstancias de vulnerabilidad y desprotección de sus derechos.

La resolución de la conflictividad ambiental, la implementación de acciones concretas por la paz en el posacuerdo y la superación de las injusticias ambientales requieren mayores compromisos estatales, empresariales, de la academia y la sociedad en su conjunto. Nuestra idea es que una perspectiva de Derechos Ambientales para todas y todos los sujetos, presentes y futuros, humanos y de otras especies, incluida la Naturaleza, puede contribuir significativamente a concretar la idea de justicia ambiental, especialmente con los seres más vulnerables, especialmente en tiempos de profundización de la crisis ambiental y civilizatoria, desnudada de manera importante por la pandemia del coronavirus.

Notas

*Profesor Titular ( Tenured Professor ) Correo electrónico: gmesac@unal.edu.co

1No confundir con antropoceno , la era humana, ya que el androceno es la era de primacía de la visión machista y patriarcal del mundo, quizás uno de los ejes centrales de dominación en el mundo moderno.

GREGORIO MESA CUADROS *

LINA MARÍA ÁVILA URREGO **

CARLOS EDUARDO OLAYA DÍAZ ***

JOSÉ AGUSTÍN LABRADOR FORERO ****

DIEGO DAVID ALDANA CARRILLO *****

DELMA CAMILA MESA VILLAMIL ******

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ SUPELANO *******

RESUMEN

Con la expedición de la Ley 1730 de 2018 sobre gestión integral de los páramos en Colombia se promueve una comprensión más adecuada de las relaciones intrínsecas que existen entre estos ecosistemas y sus habitantes tradicionales. Además, se establece un régimen de actividades prohibidas, permitidas y de acciones de restauración y protección orientadas a garantizar la participación de las comunidades étnicas y campesinas en la gestión y defensa de estas áreas naturales. Aunque esta ley busca garantizar un enfoque ecosistémico o intercultural, no ha sido ajena a los cuestionamientos jurídicos planteados en diferentes acciones públicas de inconstitucionalidad.

El siguiente texto presenta los principales argumentos que el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) ha esgrimido ante la Corte Constitucional con ocasión de dos demandas presentadas en contra de esta ley. La primera plantea una aparente contradicción entre la permisión de actividades agrícolas de bajo impacto desarrolladas por comunidades tradicionales en las zonas de páramo y los fines de protección ambiental que persigue la ley, mientras que la segunda sostiene que la norma debió ser excluida del ordenamiento jurídico por vicios de procedimiento, al no haberse surtido la consulta previa legislativa a las comunidades étnicas afectadas con las medidas a implementar en los páramos de Colombia.