Luis Fernando Sánchez Supelano - Derechos Ambientales y afectaciones en tiempos de crisis ambiental y pandemia, volumen I

En Europa, el movimiento de los chalecos amarillos 10(Reynoso, 2019) recordó el carácter revolucionario francés (Wieviorka, 2019), cuando desde noviembre del 2018 se extendieron las protestas contra el incremento de los costos de los combustibles y las políticas de austeridad del presidente Macron, anunciadas a partir del 1° de enero del 2019, las cuales implicaban afectaciones a derechos económicos y sociales de la clase trabajadora. Las protestas congregaron a más de 300.000 personas en la primera jornada de movilizaciones, alentadas por convocatorias realizadas en redes sociales, iniciativas individuales, colectivas y gremiales que ocuparon la atención de los medios (RT, 13 de mayo de 2019).

El fenómeno se extendió a otros países como Inglaterra, Bélgica, España, Holanda y Hungría, generando un clima de inestabilidad social y económica que, finalmente, condujo a la reversión de las medidas de gobierno. Sin embargo, los alcances de las exigencias sociales fueron más amplios al declararse como un movimiento antisistema (HispanTV Nexo Latino, 12 de enero de 2019) que aboga por cambios estructurales en el modo de vida de los y las ciudadanas, y no por simples reformas cosméticas, de modo que se agudizaron las confrontaciones con la fuerza pública (Reynoso, 2019).

Tres aspectos llaman nuestra atención sobre cómo las disputas por la hegemonía que conduce un momento histórico se expresan como luchas por arrebatarle al otro sus lugares de enunciación (Haraway, 1991): 1) el Gobierno francés anunció el incremento al combustible como una iniciativa ambiental (RT, 2019), discurso que no fue aceptado por los manifestantes; 2) si bien, en México, grupos de ultraderecha evocaron los chalecos amarillos para convocar movilizaciones contra el gobierno, los voceros y exponentes “auténticos” de aquel movimiento rechazaron el uso de sus consignas y símbolos por expresiones políticas de ese tipo (Reynoso, 2019); y 3) por el contrario, en Francia, los chalecos amarillos se manifestaron en contra de la “autoelección” de Juan Guaidó como presidente de Venezuela (HispanTV Nexo Latino, 10 de febrero de 2019), apoyado por Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países europeos que instaron con plazos perentorios al gobierno para que celebrara elecciones, ante lo cual un sector del movimiento se autoproclamó presidente de Francia, exigieron la renuncia de Macron y se opusieron a una intervención militar en aquella nación (Reynoso, 2019).

En el fondo, sigue latente la atención acerca de quién/es puede/n aprovechar la complejidad del momento y encausar o deslegitimar las luchas sociales, si se tienen en cuenta las asimetrías de un movimiento enorme, heterogéneo en sus demandas y su composición social, no exento de individualismos y facciones con intereses oportunistas. En aquellas disputas por el reconocimiento y la hegemonía, tal como lo expresa Gramsci (1971), no es fácil advertir las formas ideológicas y políticas que definen el carácter y las demandas específicas de movimientos como los chalecos amarillos, ya que, en ocasiones, no las tienen, lo cual tiene tanto de largo como de ancho.

Así, por ejemplo, sectores de ultraderecha y nacionalistas atacaron en las vías a migrantes, homosexuales, musulmanes y otros sectores (Infobae, 22 de noviembre de 2018). Por otra parte, suscitó debates frontales entre intelectuales que apoyan al movimiento y sus detractores. Esta fue la controversia entre las perspectivas histórico-sociales de Gerard Noiriel, quien parangonó la Revolución francesa y los chalecos amarillos al tiempo que criticó en una dura carta la corriente histórico-cultural de Patrick Bucheron (Noiriel, 11 de febrero de 2019), profesor del Colegio de Francia, quien manifestó su apoyo al gobierno y acusó a sus colegas de ofrecer una “pequeña droga identitaria o insurreccional” a la sociedad (Centro Franco Argentino de Altos Estudios en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 9 de junio de 2020).

En América Latina, las movilizaciones más fuertes del 2019 ocurrieron en Chile, en donde el movimiento Primera Línea (Fernández, 20 de diciembre de 2019) se destacó como actor de la protección de manifestantes contra el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza pública. En Bolivia, la bandera wiphala, que fue el signo de la revolución social encabezada por el presidente Evo Morales, fue sofocada por un golpe militar de ultraderecha 11con tintes religiosos (Moldiz, 2019) que fue celebrado por magnates ( Dinero.com, 27 de junio de 2020) interesados en el litio, el gas y otros elementos ambientales de ese país. En Ecuador, anuncios de incrementos en combustibles y otras medidas neoliberales pusieron contra la cuerda al presidente Lenín Moreno, quien, rodeado de militares ( BBC.com, 9 de octubre de 2019), tuvo que cambiar provisionalmente su sede de gobierno de Quito a Guayaquil y declarar el estado de excepción.

Ahora bien, en Colombia, al menos dos grandes escenarios de movilizaciones sociales marcaron la agenda política nacional. Por una parte, la minga indígena y campesina ( ElPaís.com, 15 de marzo de 2019) paralizó las arterias económicas y de comunicación en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán 12(González, 1 de abril de 2019), demandando mayor presupuesto e inclusión para las comunidades rurales del país en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), una lucha encabezada desde el departamento del Cauca; y en el segundo semestre del 2019, las marchas convocadas por múltiples actores políticos y sociales en torno a la jornada conocida como 21-N en razón a la fecha en que se convocó.

Sobre este último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2 de diciembre de 2019), el secretario general de la ONU y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (CIDH, 4 de abril de 2019; Noticias ONU, 23 de noviembre de 2019) hicieron llamados al gobierno para que el Estado cesara los abusos policiales, las agresiones y otros episodios de graves violaciones de los derechos humanos de los y las manifestantes.

Por otra parte, las esperanzas puestas en la implementación de los acuerdos de paz con el tiempo se pierden, pues el contexto vigente muestra la casi nula voluntad del gobierno actual por evitar la continuidad del sufrimiento de millones de colombianos que han padecido de manera más grave y directa los impactos de la guerra. A pesar de la cautela con la que organismos nacionales e internacionales ofrecen puntos de vista aparentemente “neutrales” sobre el incremento sistemático y masivo de violaciones de Derechos Ambientales como el derecho a la vida, a la integridad personal y colectiva, a la paz y el deseo de reconciliación nacional de superar la guerra entre todos los actores del conflicto, entre otros, las cifras e indicadores —que no son solo números— de incumplimiento del Acuerdo de paz de La Habana señalan un panorama espantoso, preocupante e inocultable.

Además, si los acuerdos de paz nos ofrecían una alternativa a la tradicional imposición del poder político-económico, la resistencia a su implementación y la radicalización de los conflictos en tiempos de posacuerdo han llevado a diversas movilizaciones y cuestionamientos sociales a los actores que concentran el poder por su persistencia en marginar y destruir la vida de los ecosistemas y de quienes representan la defensa de luchas territoriales. Los pueblos indígenas, los líderes sociales, los líderes ambientales y las mujeres son aún víctimas en Colombia, situación que ni siquiera en tiempos de pandemia cesa.

Por el contrario, la cuarentena se usa como justificación para que los grandes capitales se extiendan y se apropien de todas las formas de vida y de los elementos de la Naturaleza que son mercantilizables, de manera que las esperanzas puestas en la implementación de los acuerdos de paz se pierden, pues el contexto vigente muestra la casi nula voluntad del gobierno actual por evitar la continuidad del sufrimiento de millones de colombianos afectados de manera más grave y directa por los impactos de la guerra, la corrupción, los despojos y la injusticia.