Rodrigo Baño Ahumada - Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1 - Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984

Santiago, octubre de 1980

Durante el mes de septiembre se han producido acontecimientos que corresponden ajustadamente a las expectativas que se tenía el mes anterior. En efecto, la realización del plebiscito constitucional, tanto en sus resultados numéricos como en las reacciones que provoca, no produjo ninguna sorpresa. No obstante, una cosa es la expectativa y otra la vivencia, y el comportamiento de los grupos sociales y políticos no se conforma con la contemplación de la realización de la expectativa.

Por otra parte, hay que tener presente que no solamente opera en esta circunstancia particular la expectativa intelectual y consciente, sino que también existió una cierta expectativa oculta que se alimentó con la fuerza mítica de la palabra elecciones. Esto último resulta esencial para comprender la actitud de la oposición con posterioridad al plebiscito.

Es indudable que el hecho político de mayor importancia en el mes fue la realización del plebiscito constitucional que marcó la validez formal del Proyecto Constitucional del Gobierno, junto con las normas sobre transición y la ratificación del general Pinochet, a lo menos, por ocho y medio años más. En tales circunstancias, parece conveniente revisar tanto el planteamiento electoral inmediato como el realineamiento de los grupos de gobierno y oposición frente al hecho cierto de que se dé por iniciada una nueva etapa del régimen político imperante.

Desde el punto de vista formal podría señalarse que el principal hecho político del mes consiste en la decisión gubernamental de establecer jurídicamente los plazos y el procedimiento que se pretende seguir para lograr la institucionalización definitiva del país.

En cierto sentido, se estaría dando por terminado el período de emergencia para entrar al llamado período de transición y llegar a la normalidad. Anteriormente ya se conocía esta periodización, pero sobre la base de señalarse su recesión de acuerdo al cumplimiento de «metas y no plazo». Ahora quedan señalados los plazos y procedimientos.

Si se recuerda que el antecedente inmediato de la intención gubernamental de plebiscitar la Constitución y transición del régimen fue la agudización del conflicto duros-blandos dentro de los grupos en el poder, es fácil concluir que aquella es una forma de poner fin o frenar esta disputa. Sin embargo, la necesidad de dar continuidad y estabilidad al régimen es un problema político que abarca mucho más allá de la eventualidad de conflictos internos al grupo en el poder.

Podría decirse que este conflicto interno impulsa la oportunidad y ciertas especificaciones del proyecto institucional, pero no es la causa directa de este.

Sólo desde una perspectiva de política nacional puede entenderse la actividad desplegada en torno al plebiscito. El gobierno crea e impulsa un ambiente electoral y hace entrar en él a todos los sectores sociales y políticos del país. Ahora bien, es cierto que a través de esta iniciativa logra rearticular la unidad básica de los sectores que lo apoyan, pero es aún importante ver hasta qué punto logra desarticular a la oposición y obtener beneficios en la legitimación del régimen.

En cierto sentido, la táctica gubernamental de presentar una situación electoral de enfrentamiento Gobierno-Oposición que se decide en las urnas parece haber resultado exitosa.

Si bien los personeros de la oposición aparecen descalificando la validez del plebiscito, no pueden eludir la obligación de concurrir al acto. Aún en condiciones absolutamente desmedradas, hacen campaña por el NO, apareciendo como contraparte del Gobierno que, con todos los medios a su disposición, solicita el SÍ a la ciudadanía. En tales condiciones, al menos en lo inmediato, los resultados que presente el gobierno tendrán un impacto de importancia en el sentir de la población, por muy impugnados que ellos sean.

Quizás sí tenga mayor permanencia que este sentimiento inmediato postelectoral el tipo de argumentos que sirvieran de base a las plataformas electorales de Gobierno y Oposición.

El Gobierno se centró en dos aspectos: por una parte la creación de un cierto clima de temor a la catástrofe política y económica que significaría el NO, como si ello implicara el retorno a la caótica situación de los últimos días de Allende. Por otra parte, el énfasis en las realizaciones económicas de los últimos tres años, particularmente aquellas que se proyectan en acceso al consumo para ciertos sectores sociales.

A su vez, la oposición parlante puso el énfasis en el rechazo al autoritarismo imperante, principalmente en lo relativo a la desmedrada situación de los derechos humanos. La crítica al modelo económico fue relativamente leve y dirigida a la proposición de reformas que limitaran sus excesos.

Si bien se mira, la propaganda electoral –tanto la apabullante del gobierno como la artesanal de la oposición– se dirige básicamente a un sector social: las capas medias. Esto significaría el reconocimiento de que los otros sectores sociales ya están definitivamente orientados en sus posiciones respecto al régimen político imperante y el modelo socioeconómico que impulsa. Al parecer, el proceso de polarización social pasa a constituirse en un hecho para los personeros políticos y, como en otros tiempos, es la recurrencia a las supuestamente anchas capas medias la que permitiría mantener o mejorar posiciones en el conflicto político.

Uno de los efectos más directos de la decisión gubernamental de fijar etapas y plazos de institucionalización es que el régimen ya no puede seguir presentándose como de respuesta al marxismo y de restauración de la situación que este deterioró, se hace necesario formular un programa a futuro que se presente como el elemento justificatorio del período que se inicia.

Fundamentalmente para las FF.AA., su legitimación en el poder arrancaba primordialmente del golpe militar de 1973, pero tal legitimación no puede proyectarse indefinidamente.

El acto electoral recién realizado pretende no solo mostrar apoyo a la labor realizada por el Gobierno, sino que también serviría para constituirlo a futuro sobre la base de la voluntad nacional que acepta el programa que el general Pinochet ofrece. Independiente de que tal voluntad ciudadana haya podido expresarse libremente o no, e independientemente de si esa expresión ha sido o no reconocida públicamente, lo cierto es que se esgrime como elemento legitimador y, en alguna medida, el gobierno debe hacerse responsable de determinadas realizaciones que ofrece cumplir en el período para el cual habría sido elegido.

El gobierno vuelve a poner énfasis en los aspectos económicos y en la práctica se pretende alcanzar durante el período la meta de «Chile, país desarrollado». Naturalmente que tal slogan tiene una función orientada fundamentalmente a la propaganda, pero, en todo caso, establece ciertos indicadores específicos de mejoramiento económico nacional.

No obstante, el problema fundamental sigue siendo para el Gobierno la creación de un nuevo esquema político-social capaz de sustituir al régimen de partidos anterior, puesto que no se ve aún cómo el modelo imperante pudiera controlar la situación de un sistema de partidos.

Quizás, la idea que más fuerza adquiere entre los sectores más duros del Gobierno es la creación de un tipo de Estado que excluya a los partidos políticos y constituya a las FF.AA. como parte integrante en la dirección de aquel. En alguna medida, persiste la idea de implementar un sistema de corte franquista. Como plan alternativo el gobierno tendría que lograr formar un partido político capaz de aglutinar no sólo a la derecha, sino al centro político, que pasaría a ser dirigido por aquella.