Manuel Salazar Salvo - Las letras del horror. Tomo II - La CNI

El 16 de agosto se concluyó la redacción del anteproyecto de reforma constitucional. En sus páginas nada se mencionó sobre el proceso de transición a la democracia. Casi un mes más tarde, el 11 de septiembre, durante la celebración de un aniversario más del golpe militar, Pinochet informó que el anteproyecto de reforma constitucional sería estudiado por el Consejo de Estado. Luego sería examinado por la Junta de Gobierno para enseguida ser plebiscitado. Si llegaba a promulgarse, se iniciaría una transición de seis años. En ese período se instalaría un Parlamento enteramente designado por la Junta de Gobierno. En ningún caso, agregó, habría elecciones antes de 1985. Catorce meses antes, en el discurso de Chacarillas, Pinochet se había comprometido a realizar elecciones libres en 1985.

A fines de septiembre del 78 Pinochet anunció la creación de un nuevo rango en el Ejército, el de teniente general, otorgándoselo a los generales Herman Brady, César Benavides y Carlos Forestier, que habían cumplido ya 41 años de servicio.

Simultáneamente envió al general Sergio Covarrubias, hasta entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, a la jefatura de la Quinta División en Punta Arenas, nombrando en su reemplazo al general René Escauriaza. Otro cambio importante en el Ejército fue la remoción del general Héctor Orozco desde la jefatura de la Dirección de Inteligencia.

El 18 de octubre del 78 el ministro del Interior Sergio Fernández anunció nuevas facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y la proscripción de siete confederaciones y federaciones de trabajadores que agrupaban a más de 150 mil obreros y empleados.

En los primeros días de noviembre los servicios de inteligencia argentinos detuvieron a varios exagentes de la DINA que operaban en el país trasandino, acusándolos de espionaje. Entre ellos figuraban algunos hombres que habían tenido una relevante participación en los preparativos para asesinar al general Carlos Prats y en la desaparición de numerosos chilenos. Los arrestados eran Enrique Arancibia Clavel, Mario Igualt Pérez, Nicolás Díaz Pacheco, Germán Vogel Blaya, Jaime Patricio Arrau y Eduardo Segundo Quilodrán, todos chilenos, además de los argentinos Eladio Vicuña y Humberto Zanelli 15.

En Santiago, mientras, las investigaciones realizadas por obispos y vicarios sobre las violaciones a los derechos humanos durante la existencia de la DINA llevó a la Conferencia Episcopal a emitir una severa declaración el 9 de noviembre de 1978. En ella, los obispos expresaron que “las personas detenidas desaparecidas deben, a nuestro parecer, darse por detenidas por los servicios de seguridad del gobierno”. Y agregaron: “Hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido”.

Entretanto, los continuos atropellos cometidos en contra de los derechos laborales, decidió a la central sindical estadounidense AFL-CIO a presentar una moción ante la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIT, para declarar un boicot en contra del gobierno de Pinochet. Similar actitud se tomó en contra del régimen de Anastasio Somoza, en Nicaragua, y de Fidel Castro, en Cuba.

A fines de julio del 78 la justicia chilena ordenó el arresto de Contreras, Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Vianel Valdivieso. La resistencia fue mínima y solo verbal. El 2 de agosto los cuatro se instalaron en el Hospital Militar. Contreras se puso a escribir un “Ayudamemoria” de lo ocurrido, provocando el nerviosismo entre sus partidarios y enemigos.

Cierta mañana Contreras recibió en su habitación del sexto piso del Hospital Militar al que había sido uno de sus más enconados adversarios: el prefecto de Carabineros de Santiago, el general Germán Campos.

Durante 1977 ambos se enfrentaron en ásperas disputas. El jefe policial recibía diarios informes recogidos de los siete mil carabineros distribuidos en las calles de la capital. Una oleada de bombazos sacudía los barrios y los uniformados habían observado sospechosos movimientos.

En las horas previas a las explosiones se habían visto los mismos tipos de vehículos, la misma rubia bonita que ya era conocida y las mezclas de los detonantes eran similares, entre otros numerosos y repetidos indicios. Campos concluyó que los atentados los efectuaban los mismos agentes de la DINA.

El ministro del Interior, el general Herman Brady, había enfrentado a Contreras y Campos ante la presencia del jefe de la Guarnición y del Intendente de Santiago, los generales Enrique Morel Donoso y Rolando Garay. No obstante, pese a las advertencias, el prefecto no se había dejado intimidar.

Uno de los episodios más oscuros se registró cuando una patrulla de carabineros detuvo a tres sujetos por el robo de una renoleta, propiedad de un ciudadano francés. En una rápida investigación, los policías ubicaron a los ladrones y cayeron repentinamente sobre ellos. La sorpresa fue mayúscula: los arrestados eran el cabo de Carabineros Emilio Troncoso, el cabo de Ejército Manuel Leyton Robles y el sargento de Carabineros Heriberto Acevedo, todos adscritos a la DINA.

El grupo había recibido una orden del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, “Don Jaime”, miembro de la plana mayor de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, uno de los encargados de ubicar y detener a los dirigentes del Partido Socialista. Barriga les había encargado que “consiguieran” una renoleta porque estaban “faltos de repuestos”.

Cerca de la medianoche del 24 de marzo de 1977 Campos recibió un llamado telefónico:

–Campos, tengo perdida una patrulla. Probablemente los secuestraron o los mataron. ¿Puedes ayudarme?

–Voy a poner a 400 hombres de las fuerzas especiales a buscarlos. Avísame si querís más.

Contreras se enteró en los minutos siguientes que sus hombres estaban en poder de Carabineros. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Campos.

–Campos, ¿me estái hueveando…?

–No, Contreras. No puedo hacer nada. Están detenidos y van a ser puestos a disposición de la justicia militar.

–Qué huevá estái haciendo, Campos. No me arrastrís el poncho…, podís cagar –respondió el jefe de la DINA.

Contreras ordenó que se alistara la guardia del cuartel central. Minutos después en varios automóviles salió rumbo a la comisaría donde estaban detenidos los tres agentes de la DINA.

–¡Vengo a buscar a mi gente! –dijo Contreras al ingresar con sus hombres al recinto policial. Portaba en sus manos una metralleta.

–Un oficial intentó oponerse.

–¡Hácete a un lado, concha de tu madre! ¡Ya, entréguenmelos! ¡Si no, aquí queda la cagá!

Contreras salió con los tres agentes de la DINA, rodeado por su guardia. Los carabineros no se atrevieron a reaccionar.

La investigación siguió su curso en la justicia militar. El día 30 de marzo del 77, Leyton debía presentarse a declarar. La DINA informó que había muerto de un infarto al corazón, producto de los apremios ilegítimos a que había sido sometido por carabineros. Años después, Michael Townley reveló en Estados Unidos que el cabo había sido asesinado con gas sarín por sus propios compañeros luego de comprobarse que había declarado en contra de su jefe, el capitán Barriga.

Leyton era el mismo que años atrás, a instancias del capitán Miguel Krassnoff, había contactado a Osvaldo Romo para que colaborara con la DINA.

Poco antes de que Contreras tuviera que internarse bajo arresto en el Hospital Militar, el jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Enrique Morel, recibió una sorpresiva visita del prefecto Campos.

–Tu general Contreras corre peligro de muerte –dijo Campos secamente.