Edgar Ardila - Arauca - Una Escuela de Justicia Comunitaria para Colombia

De otra parte, nueve de cada diez pobladores rurales y urbanos del Sarare son criollos y guates. Entre ellos, pese a su diversidad, encontramos las instancias y normas que se articulan con diferentes procesos organizativos, especialmente la junta de acción comunal que opera con un amplio mandato, por legitimidad y eficacia, como gobierno comunitario y de gestión de conflictos. La sostenibilidad de dichas instancias y normas puede garantizarse si se logra que una figura como la conciliación en equidad, creada también en 1991, les proporcione los canales de interacción con el ordenamiento jurídico nacional sin despojarlas de sus capacidades alcanzadas y los potenciales por desarrollar.

Así, tanto la jurisdicción indígena como la justicia en equidad constituyen una oportunidad real de que nuestra institucionalidad nacional se fortalezca con el contenido que puede proporcionarle nuestra diversidad cultural y social. La jurisdicción indígena se funda en el reconocimiento constituyente de que las comunidades indígenas cuentan con su propio orden jurídico. Por tanto, las autoridades del Estado tienen el deber de interactuar y cooperar con ellas y someterse a su autoridad en lo que tienen competencia. La justicia en equidad remite al consenso de las partes, a las normas propias y a los valores de cada comunidad como la sustancia de las decisiones.

Como puede verse, una y otra ofrecen en esencia marcos legales mínimos —siendo más acotados para la justicia en equidad— que permiten conectar los procesos sociales y culturales existentes a la juridicidad nacional. Desde allí, puede establecerse una interlocución con las instancias homólogas del Estado para construir y desarrollar dinámicas de cooperación y apoyo mutuo.

Pero nada de eso se logra automáticamente. Ha sido necesario desarrollar varios procesos simultáneos en que nos hemos comprometido como EJCUN: 1) procesos de interacción y de diálogo que vayan generando los puentes en el territorio, un lenguaje, objetivos, complementariedades, además de rutas en común entre procesos que han estado históricamente distanciados y apenas empiezan a superar la desconfianza mutua; 2) procesos ante los programas nacionales para superar el centralismo opresivo que reproduce la rigidez —que no ha podido imponerse en el territorio a lo largo de la historia— mediante formatos inamovibles que no estiman la construcción colectiva y controlados por actores ajenos al territorio; y 3) procesos ante los actores armados que se desenvuelven en niveles muy diferentes de la confrontación bélica, para que no obstaculicen la operación de la justicia en equidad y su aporte en la edificación de democracia local.

Como equipo de la Universidad venimos trabajando con esa perspectiva desde el año 2005 en Arauca. Ciertamente, con las comunidades indígenas solo ha sido posible desarrollar una labor episódica y puntual. Salvo, entre 2010 y 2012, cuando acompañamos el arranque de un proceso profundo de todas las comunidades indígenas u’wa, hitnü, macaguane, betoyes, sikuani, para el fortalecimiento del gobierno y la justicia propios, gracias a una alianza con la asociación departamental de cabildos y al compromiso institucional de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En cambio, la labor con la justicia en equidad ha sido más constante. Desde 2006, la EJCUN viene empeñada en la tarea de construir al lado de actores, principalmente comunitarios, una conciliación en equidad que sea el puente que permita que las dinámicas comunitarias de gestión de la conflictividad y la regulación social ganen presencia y eficacia desde las respuestas propias a los problemas propios y encuentren maneras de trabajar de la mano con la oferta estatal, para, desde allí, potenciar su aporte a la paz de la región y del país.

ESTA OBRA

Este libro da cuenta de la contribución que, desde este equipo de la Universidad Nacional, hacemos en la búsqueda de una suerte de Hiawatha sarareño, en un escenario de compleja conflictividad social intensamente impactada por la guerra y afectada por la carencia de potencia del Estado para gestionar las controversias, ordenar el territorio y garantizar la oferta de derechos establecida en sus leyes. La obra se organiza en tres partes. En la primera, se describe el escenario; en la segunda, se da cuenta de la manera como se produce la acción y la interacción de la Escuela en el territorio; y en la tercera, se describen las dos principales estrategias.

La primera parte recoge tres trabajos que buscan generar una aproximación al territorio, desde la perspectiva específica de la regulación social y el acceso a la justicia. En el primer capítulo, se desarrolla una mirada documentada y analítica sobre la incidencia de las dinámicas de poder y de violencia predominantes en el Sarare, que enmarcan la gestión de los conflictos y encauzan las conductas sociales. En el segundo capítulo, se estudia la manera como la diversidad cultural y social participan en la fragmentación y estructuración de un territorio con dinámicas de violencia que trascienden el fenómeno de la guerra. En el tercer capítulo, se describen la diversidad de instancias y procedimientos que determinan la manera como se produce la gestión de los conflictos, principalmente en las zonas rurales.

La segunda parte refiere la manera en la que se ha decantado la postura política respecto del alcance del concepto de justicia comunitaria, a partir de la delimitación del concepto y su enfoque como proceso social transformador. En ella buscamos describir y analizar la orientación de la acción territorial para construir proyecto de nación desde la regulación social y la gestión de la conflictividad. Para ello, se divide en tres capítulos.

El capítulo cuarto presenta las apuestas política y metodológica de la Escuela de Justicia Comunitaria, con miras a situar su lugar de enunciación. Además, presenta la propuesta que la Escuela le plantea al país, propuesta que existe en buena parte gracias al trasegar territorial araucano. En ella sustentamos por qué y cómo podemos ordenar jurídicamente nuestros territorios, incluyendo las necesidades y los acumulados institucionales que se producen incluso en la periferia del país. En el quinto capítulo, exploramos de nuevo la manera como interactúa la justicia en equidad en un territorio como el araucano, y presentamos la justicia comunitaria como un concepto aplicado desde las figuras reconocidas y no reconocidas vigentes en múltiples contextos. Este capítulo permite ver un contraste claro con denominaciones impulsadas desde una visión del Estado neoliberal que restringen su cariz transformador. En la Escuela nos sentimos orgullosos de los avances ejemplares que ha tenido la figura en la región; sin embargo, las tendencias del Estado y su burocracia han reducido sus alcances haciéndose necesario buscar nuevas salidas que la fortalezcan como justicia comunitaria. El último capítulo de esta segunda parte describe el proceso de impulso a la justicia en equidad en el territorio araucano, desde su concepción como construcción social y regional de la justicia, en un diálogo entre las situaciones contextuales que determinaron su configuración inicial, evolución y transformación hacia la necesaria búsqueda de la paz. Allí, los autores hacen una lectura de su propia experiencia como protagonistas desde la Escuela del proceso en el que hemos estado trabajando durante tres lustros. También, muestran cómo la interacción sostenida en el territorio nos enseña y nos lleva a cambiar. Los procesos golondrina que apenas se posan en el territorio por unos meses no tienen que cambiar porque es posible que ni siquiera lleguen a entenderlo.

La tercera parte del libro muestra aspectos destacados de la experiencia de la Escuela en la región: la figura de los conciliadores en equidad y el aporte más importante que se está haciendo desde allí a una estrategia nacional de acceso a la justicia. Por lo tanto, esta parte final es una lectura de los aprendizajes araucanos en dos capítulos.