Darío Luján Gómez - Democracia con dignidad

8.Garantizar la presencia de la Defensoría del Pueblo en todas las empresas que tengan empleados contratados.

9.Exigir mediante leyes la participación económica de los empleados en las utilidades de las empresas donde trabajan, sin que ello implique la participación de los empleados en la dirección y toma de decisiones de los socios, asamblea o junta directiva.

10.Aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres hasta los 67 años.

11.Establecer un salario máximo que impida el distanciamiento de las clases sociales y garantice la justicia en la retribución por los trabajos desempeñados en las empresas.

12.Distribuir parte de los ingresos de quienes pueden percibirlos, entre quienes no pueden hacerlo para cubrir sus necesidades básicas.

13.Proteger la producción nacional basada en la dignidad personal, ante la de quienes ofrecen productos basados en la explotación humana, y exigir a los fabricantes extranjeros claridad en la procedencia del dinero recibido para la elaboración de su producto.

14.Garantizar las condiciones necesarias para que se respete la dignidad humana en los centros de reclusión.

15.Construir los centros de reclusión necesarios para apartar de la sociedad a todos los que atenten contra el bien común y la dignidad de los demás.

16.Proteger a las víctimas de la violencia doméstica recluyendo en centros siquiátricos especializados a los acusados y sometiéndolos de por vida a un control policial y tecnológico que les impida acercarse a su familia.

17.Proteger la democracia impidiendo la participación de grupos, movimientos o partidos que defiendan o proclamen sistemas e ideologías antidemocráticas o corruptas como el fascismo, el comunismo o el socialismo, en los que el Estado está por encima del ciudadano y no a su servicio.

18.Buscar el bien común desde el respeto a la libertad y dignidad individual de los ciudadanos.

19.Garantizar la defensa de la vida del ser humano y su óptimo desarrollo desde la concepción hasta su muerte natural, impidiendo el aborto provocado, la eutanasia o suicidio asistido y cualquier forma de violencia o intimidación.

20.Educar al ser humano para que pueda ejercer su libertad como capacidad de elegir el bien, y legislar en consecuencia sin considerar que todos sus comportamientos, como por ejemplo la sexualidad y su responsabilidad en la procreación deban obedecer sólo a sus instintos, sin voluntad ni libertad.

21.Proteger la dignidad humana y el respeto intrafamiliar en el hogar, impidiendo o castigando severamente la pederastia, el maltrato y el sometimiento de los niños a hogares disfuncionales.

22.Apoyar a las familias.

23.Combatir la producción, comercialización y consumo de drogas y sustancias estupefacientes para evitar la degradación personal que esto produce, penalizar como corresponde a quien exporte narcóticos o viva del lavado de dólares producto el narcotráfico, e impedir que el progreso económico de la democracia de un país esté relacionado con la destrucción de los seres humanos en cualquier parte del mundo.

24.Garantizar que la educación y la salud de los ciudadanos sea óptima independientemente de los recursos económicos que posean, o la clase social a la que pertenezcan.

25.Garantizar, con responsabilidad civil para los gobernantes, vivienda digna y alimentación saludable a todos los ciudadanos, sin excepción, y sin importar su nivel de recursos económicos.

26.Cuidar la naturaleza y educar a los ciudadanos en ese sentido, sabiendo que pueden y deben servirse de ella y transformarla en aras del bien común y personal, e impedir que el fundamentalismo ambientalista prive al hombre de su libertad y lo esclavice a la naturaleza.

Capítulo 1.

SALARIOS Y LIBERTAD DE EMPRESA

Tal vez lo más lógico para este primer capítulo hubiera sido hablar de la dignidad del ser humano, puesto que en el respeto a ella se debe fundamentar la democracia. Pero soy consciente de las dudas que podrían surgir sobre la posibilidad de constituir el sistema político, económico y social que planteo, por lo que he decidido anticiparme con las propuestas económicas que a mi modo de ver garantizan la factibilidad de una democracia real.

Considero que parte del respeto a la vida humana es darle a cada uno lo que le corresponde por su esfuerzo, entrega y conocimientos. Por eso se hace necesario hablar de los ingresos justos para los trabajadores, de sus condiciones laborales, residenciales, de salud, recreación y educación entre otros aspectos, así como de las empresas que pagan dichos salarios.

Como lo anticipé en la introducción, creo que la democracia debe ser un sistema en el que el Estado sea un ente de garantías ciudadanas, y no un jefe empresarial, político o social. Por eso el siguiente planteamiento parte de la base de una economía fundamentada en la empresa privada con responsabilidad social, y un Estado que la garantice.

Las empresas deben conservar su razón de ser, que es la rentabilidad. No sólo para beneficio social, sino para el de quienes invierten en una idea, confían en la labor de los trabajadores y arriesgan su patrimonio.

Planteo una muy importante reducción de las cargas fiscales, aboliéndolas casi por completo, porque el Estado no es socio en la inversión ni puede serlo en las utilidades. No es de justicia. Otra cosa es que los empresarios, como ciudadanos, contribuyan al bien común en la medida de sus posibilidades. No podemos olvidar que contrario a lo que predica la doctrina comunista, no todos somos iguales ni somo esclavos del Estado. Ni empresarios, ni trabajadores. Viva la solidaridad, pero viva sobre todo la libertad.

1. SALARIOS JUSTOS

A mi modo de ver, en la actualidad el exceso de cargas fiscales a las empresas dificulta su gestión y su rentabilidad, genera cierres y desempleo y permite a los empresarios el pago de sueldos que realmente y siento mucho decirlo son miserables, con la excusa de que sólo así puede haber un negocio rentable. Muchas empresas trabajan para pagarle impuestos al Estado, y muchas otras dedican todos sus esfuerzos a evadir sus obligaciones fiscales y sociales para asegurar el exclusivo bienestar personal de sus dueños y no de los trabajadores.

El empresario proyecta la viabilidad de la empresa y la lleva a cabo respetando los precios de insumos y procesos que le imponen los proveedores, pero no trata al empleado como un proveedor más de servicios, sino que se aprovecha de su debilidad por la vulnerabilidad que implica la posibilidad de quedarse sin trabajo en medio de la competencia de mano de obra. El empleado en muchos casos debe aceptar contra su dignidad lo que propone el empleador si no quiere quedarse sin trabajo y por tanto sin ingresos. Parece absurdo, pero hay que recordar a los empresarios que contratan trabajadores, que si lo hacen es para que sus empleados puedan vivir con su trabajo. En caso de que no puedan cumplir con esta premisa, deberán desaparecer porque operan con base en cálculos de viabilidad erróneos, que perjudican a la persona y a la sociedad.

Por ello se hace indispensable crear una nueva normativa que garantice el pago de salarios justos con los que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente, y que el proyecto de viabilidad de las empresas se adelante con base en ello.

La base de este cambio es el establecimiento de un salario mínimo acorde a las necesidades reales del trabajador, la creación de un salario máximo que garantice la reducción de la brecha social, la implantación de la participación real de los trabajadores en las utilidades de su empresa y la eliminación de todas las prestaciones sociales añadidas al salario incluida la indemnización por despido injustificado. Dichas medidas se complementan con la instauración de contribuciones solidarias en todos los salarios y con la eliminación de impuestos que empobrecen a la ciudadanía, frenan el desarrollo económico y enriquecen a los corruptos.