AAVV - Universidades, colegios, poderes

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La investigación sobre la historia de las universidades se incardina en una tradición que profundiza en diversos aspectos: poderes internos y externos -reyes y pontífices-, sus miembros -escolares y doctores-, enseñanzas y estudios, patrimonio, ritos y costumbres. El análisis de la inserción en la sociedad de sus profesores y graduados, de sus saberes, exige especialistas diversos que aporten su conocimiento sobre distintas épocas y disciplinas para el avance de la historiografía sobre las universidades hispanas. En esta labor, el intercambio y la crítica son imprescindibles, así como el contacto con la comunidad científica a través de la lectura y de la relación con otros investigadores. Esta comunidad ha evolucionado, desde las antiguas cátedras jerarquizadas, los grupos de presión y reparto de puestos del pasado a formar sectores abiertos, amplios y flexibles, una especie de «colegios invisibles» que se reconocen mutuamente sus conocimientos. Este volumen aborda la renovación de los saberes históricos e histórico-jurídicos sobre la enseñanza superior, tanto de las facultades del Antiguo Régimen como de la universidad contemporánea, descubriendo, gracias a un trabajo que se apoya en esfuerzos anteriores, nuevos planos e implicaciones. Los temas referidos al derecho quedan, además, en primer plano: facultades, enseñanzas, doctrinas, manuales, estatutos de las instituciones y los colegios universitarios, etc.

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Por último, expone el mismo autor, el congreso «fue francamente socialista», lo que le valió duras críticas por parte de la prensa estudiantil e incluso provocó que Benito Flores, presidente de la Federación de Estudiantes de México, desconociera públicamente las resoluciones adoptadas. Total, concluye el escritor, en la mayor parte de los países estas no pasaron de letra muerta, aunque en el caso de México las cosas tomaron tintes más graves, pues motivaron la escisión de los delegados locales y el que rechazaran los acuerdos del congreso bajo los siguientes argumentos:

Que las conclusiones, si fueran adoptadas por la Federación, crearían para ésta la obligación de luchar por destruir la actual organización política y económica de la sociedad, cosa que no solo estaba fuera de sus finalidades, sino que era contraria a las disposiciones expresas de los estatutos. Que estando la Federación integrada por individuos de todos los credos, no podía imponerse cualquiera de ellos. 34

Krauze, en cambio, reconoce en la «romántica generosidad» del congreso internacional de estudiantes la influencia de Vasconcelos: la del tono, la emotividad y el énfasis en el latinoamericanismo. Vista de manera aislada, añade el historiador, no pasaría de ser una nueva versión, colectiva y algo teatralizada, del Ariel de Rodó. Añade que el ejemplo de Vasconcelos, expresado más en obras que en buenas razones, sirvió de contrapeso reduciendo el romanticismo juvenil a sus justas dimensiones. «Su herencia era en suma la del gran empresario, educativo y cultural, nacional y continental, herencia de acción que, llegado el momento, puso en guardia a la generación joven contra los primeros excesos románticos del propio Vasconcelos». 35

V. REFLEXIONES FINALES

Calificar las celebraciones de la consumación de independencia como una «humorada costosa» no fue una expresión al azar, sino producto del convencimiento del dirigente universitario. Gracias a sus palabras conocemos su opinión sobre las «segundas fiestas de la Independencia», como algunos autores las llamaron, así como de su convicción de que estas habían resultado altamente perjudiciales para el país. En apoyo a sus palabras, Vasconcelos hacía notar que el propio ministro de Hacienda, Adolfo de la Huerta, le había indicado que no podría realizar nuevas obras pues se encontraba en serios «apuros de dinero». Pero no quedaron ahí los comentarios de este último, también le expresó que este grave desajuste presupuestal se debía a los excesivos gastos efectuados en «la fiestecita de Pansi», sobrenombre con el que ambos se referían a Alberto J. Pani, a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores. Según cálculos del propio De la Huerta, las celebraciones patrias de 1921 habían tenido un costo de once millones de pesos, con lo que, según afirmaba, prácticamente se había agotado la reserva disponible.

Vasconcelos compartía las críticas hacia Pani, a quien culpaba de haber sido el principal promotor de las fiestas y causante del desequilibrio económico sufrido por el Gobierno obregonista. Era, afirmaba, el «malhora» de esa administración, quien por falta de trabajo en la cancillería se había inventado el negocio del «patriotismo retrospectivo». Además, concluía en tono descalificador que la conmemoración no había tenido ningún sentido, pues nunca antes se habían homenajeado los sucesos del plan de Iguala ni volvería a hacerse. Por tanto, concluía de manera contundente: «Aquel Centenario fue una humorada costosa y el comienzo de la desmoralización que sobrevino más tarde». 36

Pero ¿qué había de cierto en las consideraciones del Rector? ¿Realmente las fiestas patrias del año de 1921 habían mermado las finanzas estatales? Si bien para entonces los ánimos revolucionarios se habían atemperado, las celebraciones provocaron malestar y descontento entre un sector importante de la opinión pública, ya que, entre otros motivos, las veían como una celebración del porfiriato pero sin don Porfirio. En las cámaras, por ejemplo, se criticaba acremente el uso de facultades extraordinarias otorgadas al ejecutivo, lo cual permitió los excesivos gastos aprobados para el centenario: «Ustedes creen, preguntaba el diputado por Querétaro, José Siurob, que si el Ejecutivo no tuviera facultades extraordinarias, se habrían atrevido [sic] a estar dando grandes cantidades de dinero para congresos fulanos y menganos, de los cuales no conocemos hasta la fecha ni sus resultados?». 37Por su parte, el diputado Uriel Avilés era más directo al calificar a las fiestas como un «solemne ridículo» que, a manera de epílogo, dejaría «sin un centavo las arcas de la nación». 38

Aunque no todas las críticas provenían de la representación nacional. Federico Gamboa refiere en su Diario que la situación financiera era tan apremiante que el Gobierno de Obregón tuvo que imponer un gravamen especial para sortear los gastos que demandaban las celebraciones, 39recurso que seguramente generó malestar social y, por supuesto, mayores críticas a la decisión del presidente de llevar adelante las fiestas conmemorativas. Por su parte, Alberto J. Pani, en un recuento retrospectivo del estado de la hacienda pública en septiembre de 1923, explica que, al hacerse cargo de dicha secretaría, encontró un déficit de más de cuarenta y dos millones de pesos, cifra que no incluía los adeudos heredados de ejercicios anteriores. Es decir, de acuerdo con Pani, dos años después del centenario, el país se encontraba al borde de una inminente catástrofe financiera. 40Mucho más cercano a nuestro tiempo es la versión que nos brinda Leonardo Lomelí Venegas quien afirma que «casi todos los testimonios de la época coinciden en señalar a 1921 como el peor año de la depresión para la economía mexicana», lo cual explicaría los malabarismos que el Gobierno tuvo que hacer para costear los gastos de los festejos del centenario.

Si bien las conmemoraciones de la patria no fueron la única causa de la crisis hacendaria con la cual cerró la Administración del presidente Obregón, es claro que Vasconcelos nunca estuvo de acuerdo con los enormes gastos que aquellas significaron, pero ante la decisión del primer mandatario y la madeja de intereses vinculada a su realización, probablemente optó por la solución más conveniente: involucrarse lo menos posible para, desde esta posición, estar en posibilidades de enjuiciar, con total libertad, a quien o quienes considerara responsables del desajuste económico que provocarían. Pero aunque no lo confiesa de manera explícita seguramente temía que los cuantiosos recursos que demandarían las festividades redundarían en detrimento del capital disponible para echar a andar la Secretaría de Educación Pública, su verdadera obsesión.

Con motivo del discurso que pronunció en la toma de posesión al cargo de rector (1920), expresó el espíritu que lo animaba y el verdadero peso que para él tenía la universidad. Con toda seguridad sorprendió a los integrantes de la institución y a la comunidad en general al declarar que, de acuerdo con su conciencia, debía lograr la transformación radical de la ley de educación pública entonces vigente, producto de «la más estupenda de las ignorancias», y crear un ministerio federal abocado a dicha materia, fundamental para el futuro de México. Señalaba el rector en tono profundamente crítico que él no se conformaría con recibir un buen sueldo y ocupar un cargo que halagara su vanidad; tampoco justificaría su paso por la rectoría «conceder borlas doctorales a los extranjeros ilustres que nos visiten y presidir venerables consejos que no bastan para una centésima de las necesidades sociales». 41

Su función rectoral tendría características muy distintas a las de sus predecesores; reprobaba las instituciones de cultura del país, las que desde su punto de vista se encontraban en el «período simiesco», ya que en lugar de servir al pueblo, como era su deber, únicamente pretendían engañar a los extranjeros. Por tanto, concluía de manera fulminante que él no trabajaría por la Universidad sino que le pedía a la «Universidad que trabajara por el pueblo». Había llegado el momento –aseguraba– de que la institución creada por Justo Sierra devolviera a los mexicanos algo de lo mucho que había recibido de estos. Por tanto esperaba que esta colaborara en la creación de un ministerio de Educación Federal, meta vertebral de su Administración. Para finalizar, invitaba a la Universidad a unírsele en la cruzada por la educación que planeaba llevar a cabo, a no permanecer ajena, como hasta entonces lo había hecho, a los anhelos populares, a que abandonaran su torre de marfil y que sellaran un pacto de alianza con la revolución. 42

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