Estos límites de la democracia deliberativa no pueden ser un impedimento para que la participación política de la ciudadanía se fomente en las sociedades. Por el contrario, el fortalecimiento de Estado social, democrático, de derecho, participativo y pluralista pasa por la formación integral de ciudadanos. Construyendo una sociedad racional, reflexiva y crítica, se puede garantizar la deliberación pública por parte de la ciudadanía en la esfera pública, creando opinión que refleje la voluntad del colectivo.
Conclusiones
Con la teoría del discurso, Jürgen Habermas fundamenta su tesis de la democracia deliberativa. Para Habermas, la relación entre derecho y política se concreta mediante procedimientos dialógicos por parte de los ciudadanos, generando opinión pública que debe ser legitimada aplicando el principio del discurso. A partir del proceso de deliberación racional y democrático (poder comunicativo) que se da en la esfera pública, se logra una conexión con las instituciones del Estado (poder administrativo). De esta manera, nacen los derechos que expresan la voluntad de una ciudadanía, para luego ser materializados en normas jurídicas aceptadas por la sociedad, dando así la respectiva validez jurídica.
En un Estado constitucional, la deliberación previa entre los poderes públicos y los habitantes afectados por el ejercicio de las competencias de estos resulta indispensable para la materialización del principio de participación ciudadana, mejora la eficacia y garantiza la legitimidad de las decisiones. Si bien es cierto que la representación ciudadana se realiza de manera constante a través de las corporaciones públicas de elección popular, la Corte Constitucional, desde el año 2015, abandera un modelo de democracia deliberativa para temas de capital importancia dentro de la esfera de supervivencia de la comunidad, tales como la autodeterminación de las comunidades indígenas o raizales y la exploración y explotación minera dentro de los territorios municipales. Se pretende que los actores involucrados en la controversia generen espacios de deliberación previa, en igualdad de condiciones, con información pública y que lleguen a consensos que permitan la materialización de sus derechos.
La participación política y ciudadana se convierte en la esencia de la democracia deliberativa, especialmente en la toma de decisiones de la administración pública, las que son legitimadas mediante procesos deliberativos con la comunidad. Es obligación y deber de los ciudadanos asumir el rol de participantes activos en dichos procesos políticos y sociales, ser reflexivos, críticos, tolerantes para buscar mediante el discurso y el consenso en la esfera pública la voluntad de toda la comunidad. De esta manera se pueden consolidar democracias y fortalecer las instituciones del Estado.
Sin embargo, como punto neurálgico se encuentra que la falta de formación integral de los ciudadanos afecta el escenario de la deliberación. Es decir, en términos de Habermas, la sociedad civil tiene individuos que se mueven en la esfera privada, pero al salir a la esfera pública no buscan intereses comunes. Por tanto, se da una fragmentación social que abre espacio a las instituciones informales de la democracia, la corrupción, la concentración de poder, los gobiernos autocráticos, alejando la posibilidad de que los individuos o miembros de una sociedad sean ciudadanos con valores democráticos. No obstante, sigue siendo una asignatura pendiente de los Estados fortalecer los procesos educativos, en particular los procesos de formación en capacidades y habilidades cívicas en el marco de los principios democráticos y del Estado constitucional. Solo así se puede garantizar empoderamiento social para mejorar los niveles de participación social y política y, por ende, la calidad de los procesos racionales deliberativos.
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