Las medidas que implementó el gobierno del general Velasco entre 1968 y 1975, especialmente la reforma agraria, transformaron el país y generaron un ambiente político y social muy polarizado. A los pocos días del golpe del 3 de octubre de 1968, el gobierno decretó la nacionalización del complejo de La Brea y Pariñas, de propiedad de la International Petroleum Company, medida que fue muy bien recibida por la mayoría de los peruanos, incluidos algunos diarios posteriormente confiscados, como El Comercio.
Meses más tarde, el 24 de junio de 1969, el gobierno de Velasco emitió el decreto ley de reforma agraria, que supuso la expropiación de miles de haciendas, desde los modernos complejos agroindustriales de la costa hasta las tradicionales haciendas de la sierra, y su transferencia a cooperativas agrarias de producción y otras formas asociativas conformadas por trabajadores del agro. Esta medida significó un golpe mortal a la poderosa oligarquía terrateniente y, como no podía ser de otra manera, desencadenó una feroz oposición política y mediática de este sector y sus aliados contra el gobierno. Al año siguiente, el gobierno emitió el decreto ley general de industrias, que incluyó el derecho a la participación accionarial de los trabajadores. La conformación de las comunidades industriales, que incluyó también al sector de medios de comunicación, abrió un nuevo frente de confrontación pública entre el gobierno y las élites industriales.
Bajo este marco, se caía de madura una reforma en el sector de medios de comunicación, considerados importantes agentes de difusión de la ideología de las clases dominantes y adversarios acérrimos de la revolución. El primer paso fue la toma de los diarios Extra y Expreso, de propiedad de las familias Mujica Gallo y Ulloa Elías. Posteriormente, el gobierno decretó la expropiación del 51% de las acciones de los canales de televisión y el 25% de las estaciones de radio, y emitió el Estatuto de la Prensa. Finalmente, se decidió expropiar los diarios de circulación nacional para transferirlos a sectores organizados de la sociedad civil, proceso que no concluyó debido a que el gobierno mantuvo el control editorial de los periódicos confiscados.
No debe haber sido sencillo para Juan Gargurevich escribir sobre acontecimientos de los cuales fue parte activa. Él apoyó firmemente la intención declarada por el gobierno de expropiar los diarios y transferirlos a organizaciones de periodistas y otros sectores de la sociedad civil. Pero, al darse cuenta de que la promesa no iba ser cumplida, adoptó una posición crítica respecto al control gubernamental de los medios de comunicación. Esa postura crítica tuvo consecuencias severas. A principios de agosto de 1975 el gobierno de Velasco clausuró la revista Marka, al considerarla enemiga de la revolución, y deportó a varios de sus periodistas, entre los que se encontraba Gargurevich. Dada la implicación del autor en el proceso, resulta muy meritorio el rigor con el que presenta y explica desde su visión acontecimientos, actores y decisiones que hasta hoy en día siguen siendo objeto de controversia.
Por las razones expuestas, Velasco y la prensa (1968-1975) es de lectura imprescindible para investigadores, docentes y estudiantes de periodismo y comunicaciones. Y es una valiosa fuente para historiadores y científicos sociales interesados en la compleja relación entre medios de comunicación y política en el Perú. Para quienes nos hemos formado leyendo sus numerosos libros y artículos sobre historia crítica de la prensa, la radio y la televisión; y sobre políticas de comunicación, medios y democracia en América Latina, la deuda con Juan Gargurevich es impagable.
Jorge Acevedo
Lima, agosto de 2020
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