Juan Carlos Guerrero Fausto - La administración pública del futuro

El estudio de esta actividad estatal se presenta como indispensable porque esta, hoy más que nunca, debe ser factor de desarrollo, y su estudio debe llevarse a cabo con base en la puesta en marcha de políticas públicas basadas en evidencias, y en superar aquellas sustentadas en ideologías, pues la sociedad demanda resultados.

El acceso a los medios alternativos de solución de controversias, el derecho humano a la buena administración, el gobierno abierto, el papel del Estado frente al mercado, la transformación digital y el acceso a los servicios de salud, por mencionar algunos, son temas que, interpretados con corrección y aplicados con efectividad en la administración de los asuntos públicos, se instituyen como pilares del desarrollo de cualquier nación.

Por lo anterior, esta obra, al desarrollar dichos temas con precisión y claridad, atesora en sus páginas elementos de imprescindible práctica para quienes, de acuerdo a la teoría del órgano de Otto von Gierke, están insertos en la administración pública.

Esta obra representa el esfuerzo que desde la academia se realiza para atender el proceso dialéctico de la administración pública, pues no basta el análisis de las actuaciones realizadas, sino que la labor de los investigadores es mirar adelante y delinear soluciones útiles para su sociedad.

Felicito a todos los autores de la presente obra, quienes, bajo la coordinación del doctor Marco Antonio Zeind Chávez y el maestro César Omar Avilés González, difunden el conocimiento de frontera que habrá de impactar positivamente en el criterio de los responsables de tomar decisiones, que abonará en el criterio de los ciudadanos y, aun más importante, coadyuvará en la formación de los servidores públicos del mañana.

Tengo la seguridad de que esta obra trae aparejada en su publicación su obligada consulta, pues el éxito de la gerencia pública se basa en la mejora continua y esta siempre encuentra su fortaleza en las instituciones de educación superior.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento por depositar en mí el honor de prologar esta obra, que no tiene otro fin más que el de colaborar en construir el camino para hacer de nuestra nación una nación de oportunidades.

Principio de legalidad, derechos humanos y medios alternos de solución de controversias

Edith Roque Huerta

Introducción

Este artículo tiene como objetivo abordar los derechos humanos, así como el principio de legalidad y los medios alternos de solución de controversias en la actuación de la buena administración de justicia, con un enfoque holístico. Lo antes mencionado permite establecer puentes que tiendan a armonizar los conflictos en materia de administración pública, y la protección y tutela de los derechos humanos. Este enfoque considera que la construcción de la cultura de paz a través de los procesos de solución de conflictos, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento normativo, formará vehículos que fortalezcan y reconstruyan el tejido social y den paso a una administración pública de calidad; de ahí que sea imprescindible reinventar las políticas públicas que permitan incidir en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Legalidad y administración pública

Los gobiernos que conforman cada administración pública de los diferentes órdenes gubernamentales afectan directa e indirectamente la esfera particular de los gobernados. La administración pública debe construirse en beneficio de la sociedad en general y de toda su población, enfocándose, entre otros aspectos, en el bien común.

Los gobiernos tienen entre sus funciones la gestión, el suministro y la administración de bienes y servicios públicos, desde los ámbitos judicial legislativo y administrativo, en áreas como infraestructura, transporte, acceso a los servicios de salud pública, servicios sociales, educación, vivienda, acceso a servicios básicos, alimentación, aplicación de la ley y la seguridad pública, desarrollo económico y comunitario, protección del patrimonio tangible e intangible, la correcta administración de lo recaudado, la protección de los grupos vulnerables, la gestión de emergencias, la respuesta al desastre, entre otras.

Los gobernantes deciden cómo realizar la gestión pública de conformidad con su visión de proyecto, su plan estratégico de gobierno y su ruta crítica, así como los ejes donde aplican nuevas políticas públicas, en algunos casos desde cero. Es repetitivo visualizar, en algunas administraciones, la discontinuidad de los logros obtenidos en los cambios de administración pública municipal, estatal o federal, y también se vislumbra la ausencia de análisis críticos funcionales y racionales basados en indicadores e índices.

En la administración pública existen numerosos actores implicados, lo cual trae consigo una compleja interacción entre ellos y una pluralidad de objetivos de los diversos gobernantes, lo que lleva a no tener una administración pública de calidad, eficiente y efectiva. Esto puede traer como consecuencia el incumplimiento de la normativa y la violación de derechos, lo que deriva en arbitrariedades, sanciones y responsabilidades públicas.

Un aspecto por resaltar es que los actores gubernamentales, ya sean funcionarios o servidores públicos, deben fundar y motivar en todo momento sus acciones y hacerse responsables de sus omisiones; deben actuar conforme a lo que establecen las leyes, es decir, conforme al principio de legalidad. Los servidores públicos tienen la obligación de actuar única y exclusivamente en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Todo acto de autoridad, ya sea administrativo, legislativo o judicial, debe estar circunscrito a la norma, o a los principios generales del derecho, es decir, su actuación debe estar plenamente ajustada a derecho y no debe ser arbitraria.

En México, el principio de legalidad se halla establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se garantiza la existencia del Estado de derecho. La normativa establece la obligación de que las autoridades funden y motiven su actuar, la tutela de los derechos del gobernado o ciudadano.

Una administración eficiente, eficaz y que cumpla con las normas aplicables, es la condición sine qua non para una gobernabilidad democrática adecuada. El principio de legalidad es el punto de equilibrio de todas las administraciones públicas, y una herramienta para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados.

El que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones, que funden y motiven su actuar en la exacta aplicación de la ley, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, de la ciudadanía, se circunscribe a todos los actos administrativos a los que las normas apliquen.

En un Estado democrático, es imperante que se cumpla con los siguientes dos elementos: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho. Lo anterior no permitirá la arbitrariedad en la aplicación de las normas por parte de los gobernados.

Por lo antes mencionado, la ley debe ser clara y precisa, desde su creación y desde su origen, para evitar la imparcialidad o discrecionalidad, o actos de arbitrariedad, que pueden acarrear consigo la violación a algún precepto de derechos fundamentales.

El principio de legalidad trae aparejada e implícita la certeza, para los gobernados, de que sus personas, bienes y posesiones serán protegidos y preservados de cualquier acto que en perjuicio suyo pueda generar el actuar de los administradores.

Protección de los derechos humanos

La protección de los derechos humanos se ha constituido como un elemento prioritario para los Estados. Estos derechos deben estar garantizados para todas las personas, y su protección es un componente del interés público y del Estado de derecho, que forma parte integral de las sociedades democráticas contemporáneas.