Centro de Estudios Legales y Sociales - Post

Los textos que forman parte de este libro se despliegan entre estas dos cuestiones: las urgencias de un presente marcado por la fragilidad y los debates abiertos, de cuyo destino depende la posibilidad de moldear un movimiento social por los derechos humanos cada vez más amplio, capaz de construir consensos igualitarios. Capaz también de multiplicar los encuentros para celebrar que una lucha que atravesó el tiempo logró que el mundo sea hoy más justo que ayer.

HÁBITAT

Guernica. Tierra por tierra

Agustina Lloret, Diego Morales, Marcela Perelman

La reconstrucción y el análisis se realizaron de forma conjunta con Betiana Cáceres, Victoria Darraidou, Paula Litvachky, Luna Miguens, Federico Orchani, Ximena Tordini y Manuel Tufró

Cuando vos tenés tu tierra, ya progresás, pensás, proyectás: acá está el patio de nuestros hijos, hijas, donde puedan estar jugando. Podés planear, planificar un montón de cosas. Es como algo gratificante, algo que te enorgullece de tener un pedazo de tierra. Es lo más glorioso. Pero si no tenemos lo básico, que es un pedazo de tierra, ¿qué ciclo podés iniciar, si no se puede hacer nada? No se puede iniciar nada, ¿no?

Mariana, Barrio 20 de Julio, toma de Guernica

Un enfoque burocrático y penal

El 20 de julio de 2020, muchas familias que habían perdido sus ingresos durante la pandemia y no podían pagar el alquiler o sostenerse en viviendas compartidas se instalaron en terrenos que habían formado parte de un loteo fallido. Era un predio de varias hectáreas linderas a Villa Numancia, en la ciudad de Guernica, cabecera del partido bonaerense de Presidente Perón. La policía las desalojó de inmediato y un día después volvieron a tomar las tierras. En los días siguientes llegaron a ser alrededor de dos mil núcleos, entre familias y otros grupos, muchos integrados por personas muy castigadas por el ajuste social y económico de los últimos años, rematado por la pandemia: niñes, personas mayores solas, mujeres que habían huido de convivencias cargadas de violencia, maricas, bisexuales, lesbianas y chicas trans. Con una precariedad material extrema, organizaron el espacio común y montaron estructuras con palos y bolsas. Sobre cien hectáreas se organizaron cuatro barrios: 20 de Julio, San Martín, La Unión y unos días después, La Lucha.

El 25 de julio, un grupo de funcionarios del municipio, acompañado de la policía, se acercó a relevar información básica. En medio de la desconfianza, quinientas cincuenta personas respondieron a las preguntas, porque les dijeron que era necesario para incluirlas en una solución habitacional. Sin embargo, luego esa información fue utilizada en su contra como base de la acusación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por el delito de usurpación.

Ese día la policía ejecutó la prohibición de ingresar materiales. La acción, solicitada por el fiscal y decidida el día anterior por el juez de garantías de Cañuelas Martín Rizzo, es una medida de bloqueo muy tradicional para evitar la mejora o la consolidación de un asentamiento y forzar el abandono del lugar, lo que en la jerga se llama “ahogar la toma”. Los pedidos de reuniones y mesas de diálogo por parte de quienes estaban en el predio fueron rechazados. Ni las secretarías ni el defensor del pueblo municipales aceptaron las propuestas de conversar para buscar soluciones. Enseguida, la respuesta estatal se organizó mediante el sistema penal. La intendenta Blanca Cantero planteó que no había nada que negociar dado que existía una orden de desalojo, como si esto la eximiera de la responsabilidad política y social. Hubo diferentes denuncias por la usurpación de los terrenos: de una empresa que había comenzado un proyecto de barrio cerrado en la zona, que estaba interrumpido, de otras dos personas y hasta de un concejal, Guido Giana, quien denunció que un grupo había recolectado leña dentro de su propiedad como si eso implicara un robo.

El juez de garantías solicitó al fiscal que aplicara el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”. A partir de un reclamo social, en 2019 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires formuló ese protocolo para aplicar la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en este tipo de situaciones. La Suprema Corte provincial estableció que, en circunstancias de “alta sensibilidad humana”, todes les jueces deben respetar “la dignidad de esas personas” y se deben proteger sus derechos por medio de una solución habitacional. Pero en lugar de una herramienta de protección de derechos efectiva, en Guernica el protocolo fue una formalidad que incluso contribuyó a acelerar los tiempos del proceso penal. El censo se realizó por exigencia del protocolo, pero la información fue utilizada para criminalizar a quienes respondieron.

El 7 de agosto, el juez Martín Rizzo dictó la orden de desalojo. La fundamentación fue burocrática. Pretendió mostrar que se habían cumplido las diligencias en oficinas y agencias municipales y provinciales encargadas del hábitat y la vivienda, pero sin indicar si habían logrado resultados. Refirió que el defensor del pueblo municipal se había esforzado en encontrar alternativas, aunque sin explicar ni detallar qué había hecho, qué había propuesto, ni qué respuestas había obtenido. Sí detalló que el fiscal le había dicho que quienes reclamaban el predio deseaban la restitución cuanto antes y no estaban dispuestes a dialogar con les ocupantes. El juez no explicó la real urgencia en un caso que se trataba de terrenos descampados.

Tierra para vivir, para producir y para criar

Mientras tanto, en la toma unas dos mil familias se organizaron y articularon con organizaciones sociales. Todo esto en pleno invierno y con recaudos para prevenir contagios por la pandemia. El coronavirus se agregó a los problemas económicos, sociales, familiares y de violencia que les habían llevado ahí. En asambleas al aire libre eligieron delegades por manzana, por barrio, comisiones temáticas −feminista, de loteo, de salud−, se distribuyeron lotes, se reservaron espacios de uso común. La consigna “tierra para vivir” −que luego se extendió a “tierra para producir y tierra para criar”− desmentía las acusaciones mediáticas y judiciales de que eran aprovechadores o que buscaban un negocio. También establecía un contrapunto con la respuesta, con un enfoque penal, del Poder Judicial y con la respuesta del Poder Ejecutivo provincial, que a lo largo del conflicto priorizó resolver las situaciones de manera individual, familia por familia. Sintetizaba un anhelo, un derecho y la búsqueda de una solución real. La organización territorial tuvo una fuerte impronta feminista, que se manifestó en las formas de articulación, en los reclamos y en la reivindicación de la tierra como soporte de la vida.

A diferencia de la situación décadas atrás, cuando los asentamientos se ubicaron en terrenos marginales y desvalorizados de los partidos del Gran Buenos Aires, en la actualidad esas tierras tienen un gran potencial rentístico para los desarrolladores de urbanizaciones cerradas. Ese es el destino prioritario del territorio en este municipio. En 2015, una ordenanza municipal estableció que cada desarrollador privado debe pagar un porcentaje en concepto de plusvalía para que el Estado destine esos fondos a políticas de vivienda social. Nunca se aplicó.

El 8 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la orden de desalojo. En ese momento, la posibilidad cierta de una intervención violenta del Estado movió a un conjunto amplio de actores a involucrarse en el conflicto: más de cien organizaciones sociales e instituciones públicas reclamamos que se buscaran alternativas efectivas al desalojo violento a través de una mesa con autoridades judiciales, políticas, instituciones de protección de derechos, delegades y familias. Recién entonces el juez reclamó al Estado provincial que presentara un plan de “contingencia, propuestas y/o soluciones”, pero al mismo tiempo fijó el desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre.