Rostros del perdón

Referencias

Comisión de la Verdad y la Reconciliación-CVR (2003). Informe final. Lima: CVR. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/

Galtung, Johan (1980). The Basic Needs Approach. En Katrin Lederer, David Antal y Johan Galtung (eds.), Human Needs: A Contribution to the Current Debate (pp. 55-130). Cambridge: Oelgeschlager, Gunn & Hain.

Lerner Febres, Salomón (2004). Dar la palabra a los silenciados. En La rebelión de la memoria (pp. 123-126). Lima: IDEHPUCP.

Nussbaum, Martha (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge: Harvard University Press.

Ricœur, Paul (2002). Definición de la memoria desde un punto de vista filosófico. En Françoise Barret-Ducrocq (dir.), ¿Por qué recordar? (pp. 24-28). Barcelona: Granica.

Todorov, Tzvetan (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

1Sobre las clases de violencia, consúltese Galtung, 1980.

Control constitucional del perdón

César Landa

Pontificia Universidad Católica del Perú

Si bien no podemos modificar el pasado ni controlar el futuro —porque el pasado es irreversible y el futuro es impredecible—, sí podemos perdonar para redimir parcialmente el pasado y, además, podemos hacer promesas para asegurar parcialmente el futuro, como señala Hannah Arendt (véase García Villegas, 2016). Quisiera enmarcar en estos presupuestos el debate público en torno al indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori (resolución suprema 281-2017-JUS), el 24 de diciembre de 2017. Para lo cual hay dos vertientes de análisis: una política y otra jurídica.

1. La cuestión política del perdón

Por la primera, la política, se señala que el presidente de la república goza de la atribución de ejercer el derecho de gracia para otorgar indultos y conmutar penas (artículo 139 inciso 13 de la Constitución). En virtud de ello, un sector de la opinión pública señaló que esta era una competencia del presidente, sujeta exclusivamente a su decisión o voluntad política, que servía a la pacificación de la tensa relación entre el gobierno y la oposición política fujimorista, la cual —con su mayoría parlamentaria— había estado socavando la estabilidad del gobierno, a través de las interpelaciones, las censuras y el rechazo de la confianza al Gabinete Ministerial del entonces premier Fernando Zavala, en los meses finales de 2017.

En esa coyuntura, algunos abogados y profesores consideraron que el indulto que constituye el perdón de la pena por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y la gracia, que es el término del proceso penal en el caso de la matanza de Pativilca en curso, eran potestades de libre configuración del presidente (García, 2018; véanse las contribuciones de Castillo y de Hakkanson en Castillo & Grández, 2018). Este estableció que la cuestión del estado de la salud médica de Alberto Fujimori constituía la razón determinante para la concesión del indulto y la gracia presidenciales, sin consideraciones de otra naturaleza que la humanitaria.

Con ello, el presidente Kuczynski asumió que el indulto y la gracia humanitaria eran una cuestión política, antes que un asunto jurídico (Landa, 2000). Pensó, por lo tanto, que no devendría en una materia justiciable; esto es, que los jueces nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) tendrían que rechazar las denuncias de las víctimas de los graves delitos de violación de los derechos humanos por la liberación de Alberto Fujimori, al constituir una decisión política no justiciable.

Como un antecedente se tiene que, durante el gobierno del expresidente Alan García Pérez (2006-2011), este dictó más de cinco mil indultos y conmutaciones de penas a condenados por todo tipo de delitos, incluidos los de tráfico ilícito de drogas, sin mayor consideración que la de resolver el problema de la sobrepoblación de las cárceles peruanas. Ello creó un sistema de corrupción de altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ante quienes se presentaban las solicitudes y con quienes se cometían actos de corrupción para obtener los indultos y las conmutaciones de penas presidenciales. Ello motivó no solo procesos penales que culminaron con funcionarios condenados, sino una investigación parlamentaria al mismo expresidente García, la cual este impugnó ante el Poder Judicial y fue archivada como en otras investigaciones anteriores de corrupción (Chaparro, 2017).

Así, no es inusual que algunos presidentes de la república del Perú hayan considerado que su potestad presidencial de dictar indultos y gracias presidenciales sea una cuestión política ajena a las normas jurídicas; también sucedió lo mismo en el derecho comparado (Bourget, 2018, pp. 146-160). En efecto, ello era así otrora, en la época cuando el monarca corporeizaba el principio de legitimidad del ancien régime. Por ello, Thomas Hobbes señalaba que «la autoridad, no la verdad, hace las leyes [Auctoritas: non veritas facit legem]». Sin embargo, desde la instauración de la república en la fórmula del Estado de derecho, sometida a la legitimidad de la soberanía popular, la voluntad popular es válida siempre que se someta al principio de supremacía de la Constitución y de las leyes.

Ello es así, en la medida en que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1 de la Constitución). De este modo, no es la voluntad de la autoridad presidencial la fuente de la soberanía, sino la voluntad popular, pero enmarcada en la Constitución y las leyes. En efecto, el poder del Estado emana del pueblo; sin embargo, sus autoridades legítimas lo ejercen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (artículo 45 de la Constitución).

De allí que, una vez recobrada la democracia constitucional a partir del año 2000, haya sido pacífica la doctrina del Tribunal Constitucional del Perú según la cual «no hay islas exentas del control constitucional» (sentencia del expediente 6292-2006-PA/TC, 8); como expresión sintética de que todo el orden político, social y económico se encuentra regido por el orden jurídico. Este orden jurídico está basado, en última instancia, en el principio de supremacía constitucional, que irradia su fuerza normativa a todos los ámbitos o ramas del derecho.

Lo dicho no ha sido óbice para reconocer que dentro de la teoría del gobierno existen diversos actos del poder político que no tienen prevista una revisión, al menos estricta. Así, existen algunos mandatos constitucionales estrictamente políticos, exentos de control1; otros, que son de naturaleza gubernamental extraordinaria pero sometidos a control2; y; finalmente, otros de naturaleza administrativa, en principio exentos de control judicial3.

No obstante, la jurisprudencia constitucional los ha relativizado, a partir del reconocimiento de los siguientes principios: el principio de interdicción de la arbitrariedad de las actuaciones de la autoridad; el principio de legalidad; y los principios de razonabilidad y proporcionalidad cuando —como producto de los actos políticos, gubernamentales y administrativos— se afecten derechos fundamentales. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en materia de los derechos fundamentales de libertad, propiedad o en asuntos electorales, ha establecido específicos parámetros de control4; así como en la protección de instituciones constitucionales en materia de vacancia presidencial (sentencia del expediente 0006-2003-AI/TC). Asimismo, en los casos de indultos y gracias presidenciales, el Tribunal Constitucional ha establecido límites al ejercicio discrecional de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos.

En particular, en el caso del control judicial del indulto presidencial, el Tribunal Constitucional estableció como doctrina jurisprudencial, a partir del caso del indulto a Alfredo Jalilie, que: