Ricardo Leyva-Flores - Manual sobre los aspectos legales de la regulación de los servicios públicos económicos

Baldwin et al. (2012) indican que existe el problema obvio de que las empresas reguladas generalmente no brindan sus servicios en circunstancias idénticas. Las áreas a las que sirven difieren en términos de topografía, factores como el clima y el suelo, y el nivel y la estructura de la demanda. Tanto el tamaño de la población como el desglose de la demanda entre los usuarios de servicios comerciales y residenciales varían de un lugar a otro.

Debido a ello, se debe tener en cuenta que las empresas pueden tener diferentes estructuras de costos en la medida que cuentan con distintas formas de producción, y, por ende, sus costos unitarios suelen ser distintos. Estas diferencias ocasionan que durante el proceso regulatorio las empresas impugnen la fijación del precio, expresando su disconformidad con la comparación.

– Riesgo de colusión

Asimismo, existe el riesgo de colusión. Si los operadores se organizan juntos y acuerdan mantener sus costos en un nivel innecesariamente alto, cada uno tendrá derecho a un precio correspondientemente más alto y se ahorrará el esfuerzo de producir eficientemente. Si el número de empresas involucradas es pequeño, entonces, será un peligro grave, pero, como en otros contextos, el riesgo de colusión disminuye a medida que crece el número de empresas (Baldwin et al., 2012).

Al respecto, Shleifer (1985) sostiene que este riesgo no es alto por dos razones: en primer lugar, porque el regulador está en posición de detectar la conducta colusoria y reprimirla mediante sanciones. En segundo lugar, porque cuando existen una gran cantidad de empresas resulta ser más complicado coordinar una estrategia de colusión, pues solo basta que una empresa se desvíe del acuerdo colusorio para detectar la conducta.

Capítulo II

Privatización y regulación de los servicios públicos en el Perú1

1Este trabajo está orientado a los servicios públicos comprendidos bajo el ámbito de competencia de las entidades señaladas en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, a los que denominados en el primer capítulo como servicios públicos económicos.

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