Juan Pablo Fusi - Pensar España

La apertura prometida en febrero de 1974 por el último ejecutivo de Franco, encabezado por Arias Navarro, promesa que galvanizó la política del país —y permitió la acción pública de la oposición moderada y una considerable libertad de prensa—, fue un fracaso: no hubo democratización del régimen. En marzo de 1974 fue ejecutado un joven anarquista acusado de terrorismo, Salvador Puig Antich. Una bomba de ETA mató en Madrid, en septiembre de 1974, a once personas. El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados, en medio de la indignación internacional, dos militantes de ETA y tres del FRAP, un grupo de extrema izquierda aparecido en 1973 que había atentado contra varios policías. La evolución del franquismo hacia la democracia era imposible.

El franquismo no sobrevivió a la muerte de Franco. La transición de la dictadura a la democracia —impulsada por el propio rey Juan Carlos, el hombre que Franco había designado en 1969 como su sucesor— fue una operación compleja y un gran éxito histórico. Fue, en cualquier caso, un proceso menos coherente y planeado de lo que su desenlace final podría sugerir. Exigió iniciativas y negociaciones complicadas, a menudo polémicas (y alguna, errónea), a veces presididas por la improvisación y siempre por la incertidumbre. A la Transición contribuyeron sin duda la transformación económica y social que el país había experimentado desde 1960 y la coyuntura internacional. Pero se derivó sobre todo de la convicción del rey Juan Carlos, de sus asesores y de sus primeros gobiernos (desde que Adolfo Suárez fue nombrado primer ministro en 1976) de que la paz y el futuro de España, y también la institucionalización de la monarquía restaurada, exigían su transformación en un régimen democrático de integración nacional. La Transición fue posible porque se acertó con el hombre, Suárez, y con el procedimiento, una reforma en profundidad desde la propia legalidad franquista; y porque la oposición a la dictadura —encabezada en 1975 por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra y el Partido Comunista de Santiago Carrillo— supo anteponer, por pragmatismo político y sentido de la historia, el restablecimiento de la democracia a consideraciones doctrinarias y revanchistas. Restablecidas las libertades, celebradas elecciones en 1977 (las primeras desde 1936), el nuevo consenso histórico se plasmó en la Constitución de 1978: España se configuraba como una monarquía parlamentaria y democrática y como un Estado autonómico en el que nacionalidades y regiones tenían derecho a la autonomía.

Apoyada en un electorado que desde 1977 votaría, por lo general, posiciones de centro, y en unos medios de comunicación nuevos de gran dinamismo y pluralidad, la nueva democracia española era, cuando finalizaba el siglo, un sistema estable. Ciertamente, el terrorismo de ETA 17 había condicionado la transición a la democracia; igualmente, pese a la creación del Estado autonómico y a la concesión de una amplísima capacidad de autogobierno a sus regiones, los nacionalismos vasco y catalán, y en menor medida el gallego, cuestionaban la idea de España como nación y planteaban su transformación en un Estado plurinacional. Pero la monarquía, lejos de ser cuestionada, era altamente popular. El grado de participación electoral era siempre elevado, como mostraron todas las elecciones posteriores a 1977. La alternancia de partidos en el poder funcionaba. El único intento contra la democracia, el conato de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, fracasó. Los atentados —terribles, brutales— de ETA conmocionaron a la sociedad española: nunca pudieron imponerse al Estado. La izquierda volvió al poder, por primera vez desde 1936, tras la gran victoria electoral de los socialistas (PSOE) en las elecciones generales de octubre de 1982.

Entre 1976 y 1982, gobernó la Unión de Centro Democrático, el partido de Suárez, que restableció la democracia, aprobó la Constitución e inició el proceso autonómico. Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982) completó la «transición exterior». El largo periodo de gobierno socialista (1982-1996), bajo el liderazgo de Felipe González, significó la consolidación de la democracia, la entrada en la Comunidad Europea, la reconversión industrial, la ampliación del Estado del bienestar, una importante modernización de las infraestructuras del país, la recuperación del prestigio internacional de España y varios años de fuerte crecimiento económico. Desde 1996 gobernó el Partido Popular, dirigido por José María Aznar: hasta el año 2000 dio gran estabilidad a la acción del gobierno, mantuvo el crecimiento económico, redujo sensiblemente el desempleo y llevó a España a la integración monetaria europea.

Cuando terminaba el siglo XX, los viejos problemas de España parecían definitivamente resueltos. Aparte de ETA y los nacionalismos, los problemas de España eran los de una sociedad desarrollada, urbana, moderna: medio ambiente, financiación del Estado del bienestar, marginalidad social, tercera edad, consumo de drogas, incluso (ya en la década de 1990) inmigración clandestina, procedente sobre todo del norte de África. España era una economía pujante: un país inversor (especialmente en América Latina) y un país de inmigrantes (procedentes de ese mismo continente, de Europa del Este y del norte de África). Era una sociedad dominada sobre todo por el peso de las clases medias urbanas vinculadas a las profesiones liberales, a la gestión de empresas, a los servicios, al funcionariado, con niveles relativamente altos de bienestar económico y un alto grado de homogeneidad en valores, actitudes y mentalidad. Con el ingreso en la OTAN (1981) y en la Unión Europea (1986), España parecía haber resuelto el problema de su identidad como nación y encontrado su papel en el ámbito internacional. España, en suma, se había encontrado con la modernidad.

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1 La dama errante , 1906.

2 En su gran libro España 1808-1939 publicado en español en 1969 y en inglés en 1966.

3 Aunque no solo: Alcalá Zamora y Miguel Maura; los líderes socialistas Largo Caballero, Prieto, Besteiro y Fernando de los Ríos; Lerroux, José Mª Gil Robles, Martínez Barrio; Macià, Companys, José A. Aguirre; José Antonio Primo de Rivera, Dolores Ibárruri, José Calvo Sotelo…, muchos otros, tuvieron igualmente protagonismo decisivo.

4 La CNT y la FAI, las dos organizaciones anarco-sindicalistas, desencadenaron insurrecciones violentas en enero de 1932, enero de 1933 y diciembre de 1933.

5 Los generales Mola, Franco, Queipo de Llano, Goded y otros.

6 La sublevación fracasó en Madrid, Cataluña, Levante, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias, en el centro-sur del país y en gran parte de Andalucía y Aragón.

7 De los 15.300 oficiales en activo que el ejército español tenía en 1935, en torno a 8.000 se sublevaron y 7.260 permanecieron leales a la República.

8 En torno a un centenar de aviones con pilotos y mandos alemanes.

9 500.000 soldados por cada bando en la primavera de 1937.

10 La última ofensiva sobre Madrid, esta vez desde Guadalajara y a cargo principalmente de fuerzas italianas, fue en marzo de 1937.

11 En el curso de la guerra en el norte, Guernica fue bombardeada por aviones alemanes el 27 de abril de 1937.

12 La crisis, una guerra civil dentro de la Guerra Civil, se saldó con la reafirmación del poder del gobierno, pero a costa del reforzamiento del poder de los comunistas en el gobierno republicano, la dimisión del jefe del mismo, Largo Caballero, y su sustitución por Juan Negrín. El POUM fue ilegalizado; su líder, Andreu Nin, fue secuestrado y asesinado al parecer por policías comunistas.

13 La Ley de Sucesión (26 de julio de 1947) definió a España como Reino y como Estado «católico social y representativo», definiciones que iniciaron el proceso, nunca plenamente concluido, de desfalangización del régimen y de su institucionalización.