Franz Vanderschueren - Prevención del delito y la violencia

Las teorías de la delincuencia

Estas teorías son las que apuntan más a las raíces de los factores que generan violencia y delincuencia, pero la cantidad de teorías hace imposible abordarlas en su totalidad. La pluralidad de teorías refleja a la vez el enfoque filosófico de cada autor o autora, la multiplicidad de factores causales como también la diversidad de grupos autores de delitos o de violencia y la heterogeneidad de los contextos sociales o urbanos. Existen varias clasificaciones de estas. Además de la teoría clásica de fin de siglo XVIII que hace referencia a Beccaria o Bentham, existen las teorías del control social que incluyen el autocontrol (Gottfredson, 1990), el control informal (“desorganización social de la escuela de Chicago, eficacia colectiva de Sampson), el control y apego familiar que ha sido el objeto de análisis de muchas corrientes criminológicas. Otra gran corriente es la de la anomia y tensión (Agnew, 2005), desde Sutherland (1939) la teoría del aprendizaje social se volvió famosa y fue profundizada por Akers (2016), por las corrientes de la subcultura y más recientemente por los criminólogos que focalizaron los delitos de cuello blanco (Van Slyke et al., 2016); finalmente las corrientes del conflicto social donde se sitúan las estimulantes criminologías críticas (Larrauri, 2000), las feministas (Renzetti, 2013) y la criminología cultural (Ferrell, 2008). Existen intentos de integrar estas teorías, como la Teoría del Ciclo Vital (Benson, 2013) y la del Triple Riesgo Delictivo (TRD) de Redondo (2015) o la de la Carrera Criminal (Blumstein, 1986).

El problema no es optar por una u otra ni tampoco asumir una teoría integrativa sino de ver cómo aplicarlas de modo de realizar el vínculo entre prevención y causalidad. Tampoco basta identificar los puntos de acuerdo entre estas teorías como, por ejemplo, la importancia de la socialización en la infancia, porque lo que importa para nuestro objetivo es saber el porqué de la relevancia de esta socialización desde la perspectiva de cada teoría.

Lo primordial es identificar las modalidades a realizar en cada caso, el vínculo entre la causalidad y la prevención. Varios autores (Sampson et al., 2013) proponen tres condiciones para conseguir este objetivo: hacer referencia al contexto, aceptar la heterogeneidad de los efectos preventivos y sobre todo identificar el camino de la causalidad.

La exigencia del análisis de contexto es fundamental y ha sido mencionado más arriba e ilustrado en algunos artículos de este libro6 y en trabajos comparativos recientes como los de Arias y Tocornal (2018) que muestran que la perspectiva de la eficacia colectiva no tiene el mismo efecto en EE.UU. que en América Latina donde el peso del tipo de urbanización y de migración, y sobre todo los enfoques policiales y el grado de legitimidad de la policía, condicionan la aplicación de esta modalidad de prevención.

Lo que se entiende por contexto (Sampson, 2013) abarca el entorno macro (país, ciudad o barrio) que condiciona el comportamiento por la dimensión socio-cultural, las oportunidades que ofrece o del cual carece y la actuación de las autoridades en particular del sistema de justicia criminal frente a esta situación. Los casos de las ciudades de la frontera norte mexicana con EE.UU. ilustran el peso del contexto como en el caso emblemático de Ciudad Juárez en los años 2011-13, condicionada por el tráfico fronterizo recíproco de drogas, armas, cruce ilegal de inmigrantes, por el predominio de un sector social acomodado que se ha enriquecido gracias al contrabando durante décadas y por la presencia de una industria maquiladora con mano de obra sobreexplotada y sin calificación. En este contexto, la constante aspiración de poblaciones que sueñan con la emigración hacía EE.UU. y la cultura del contrabando influyen en los comportamientos colectivos e individuales que priorizan y legitiman los intercambios legales e ilegales entre los dos países, a pesar de la fuerza social de una sociedad civil que lucha por democratizar la sociedad. Esta situación generó para la delincuencia ligada a los intercambios y a las formas de corrupción relacionadas, un espacio y un clima más favorables que en otras ciudades. En efecto, la presencia de carteles del crimen organizado y la diversificación criminal que engendra, ofrecen “oportunidades” que canalizan y “regulan” informalmente el mercado de la ilegalidad orientado al intercambio fronterizo. Por otra parte, la carencia de servicios relacionada con el crecimiento rápido de la ciudad en razón de la priorización de otros objetivos por las autoridades locales durante décadas, hizo que, por ejemplo, la ciudad haya carecido de escuelas secundarias llevando a adolescentes de familias modestas a la socialización alternativa a través de las pandillas violentas. No solo las autoridades carecieron de visión y voluntad política para desarrollar los servicios de la ciudad o promover otro modelo de desarrollo que la industria maquiladora, sino que también el SJC era demasiado vulnerable a la corrupción del entorno para poder regular los comportamientos. La violencia en este contexto es inevitable y la ineficacia estatal y policial, y en varios casos la complicidad, evidente.

En un contexto de corrupción sistémica y de violencia crónica como el de Ciudad Juárez, una política de prevención debe ser integral, de largo plazo y apuntar a reconstruir el tejido social y la cultura de la ciudad al mismo tiempo que abordar las vulnerabilidades de la población. Si no se modifica el contexto, lo que requiere tiempo, las intervenciones de una política preventiva tienen un efecto limitado y discontinuo. Estas conclusiones son válidas para las ciudades de alto nivel de violencia.

El segundo aspecto que propone Sampson (2013) es el de identificar los caminos de la causalidad, que equivale a verificar los procesos a través de los cuales desde una causa se llega a un efecto (delito) y bajo qué condiciones. Este proceso distingue entre un factor de riesgo y una causa, y al mismo tiempo desenreda las varias causas para ponderar su efecto en un comportamiento delictual y además ofrece criterios para evaluar la eficiencia de una política y justificarla.

El ejemplo de los robos de autos a través de los llamados “portonazos” en Chile podría ilustrar esta perspectiva. La introducción de una tecnología de protección “eficaz” contra el robo de autos a partir del año 2013, gracias a la instalación de tecnología imprescindible para arrancar el motor, ha hecho que se pasara del robo de autos en estacionamiento (que exigía solo la presencia de un ladrón desarmado pero capaz de arrancar el auto) a los “portonazos”, lo que significa por una parte un robo violento con riesgo de lesiones u homicidio porque es realizado cuando el chofer maneja, y por otro parte, un cambio de tipo de victimarios. En efecto, requiere varios operadores dispuestos al uso de armas y por lo tanto virtuales autores de homicidios. De hecho, las estadísticas de arresto muestran que en los “portonazos” actúan menores de edad más agresivos que los antiguos ladrones desarmados. Este cambio generó un “desplazamiento maligno”: no solo por el riesgo para la vida de las víctimas sino también por el hecho de que el “portonazo” ofrece un campo fértil para que menores tengan la posibilidad de formarse como virtuales asesinos al punto de transformarse en jefes de bandas peligrosos en la adultez.

La estrategia de lucha contra el robo de autos en Chile basada sobre una sola tecnología de seguridad, aparentemente efectiva pero incapaz de frenar el robo de auto puede revelarse ineficaz y contraproducente. La causa principal del robo no radica en el grado limitado de dificultad para conseguir esta presa sino en la finalidad de los robos de autos y su rentabilidad. Mientras existan grupos decididos a robar autos porque existe un mercado atractivo de exportación, de reventa o de comercialización de piezas de cambio, habrá robos de autos. Del punto de vista de la prevención situacional, dificultar el robo significa no solo introducir nueva tecnología (control remoto) sino tener medidas complementarias (grupos de intervención rápida, vigilancia de vías de salida de los municipios, control de las exportaciones y de los talleres de las piezas de recambio etc.) y, sobre todo, a través de la inteligencia policial, focalizarse en los actores de estos mercados rentables. Para la prevención social implica centrarse en los grupos vulnerables de menores, potenciales autores de “portonazos” y así aprendices incontrolables del gran bandidismo. Las causas radican en la existencia de “grupos económicos” presentes en mercados ilegales muy rentables y su posibilidad de utilizar una mano de obra disponible por su carencia de socialización y perspectiva de movilidad. Sin el abordaje de estas causas, las medidas preventivas serán simples paliativos.