Ana María González González - El claroscuro catalán

Realmente no es fácil hablar de realidades en movimiento, a las que los acontecimientos y los personajes parecen imprimir un sesgo diferente cada día. En este trabajo he tratado de distanciarme en lo posible de esa inmediatez, con ánimo de alcanzar una visión relativamente ponderada. No considero que sea mi tarea pronunciarme sobre acontecimientos tan próximos como el referéndum de octubre de 2017, o la simbólica —para muchos frustrante— declaración unilateral de independencia, que días después atrajo el interés de la opinión pública internacional[1]. Sobre esos hechos[2], así como sus consecuencias jurídicas, continúa la controversia política. Me ha interesado, en cambio, comprender cómo se ha llegado a esta situación, y las razones de fondo de algunas reivindicaciones que podrían ser objeto de un razonable diálogo político pero que, desde el comienzo del proceso independentista parecen haber perdido relieve, anegadas en un torbellino emocional del que todavía ignoramos el desenlace.

Vaya por delante, en todo caso, que el deseo de independencia que manifiesta aproximadamente la mitad de la población catalana no se sustenta necesariamente en postulados nacionalistas. Ciertamente, si algo tiene el término «nacionalismo», en la medida en que postula la identificación de cultura y política, es que por definición resulta divisivo[3]. Pero, como veremos enseguida, esa no es toda la realidad del independentismo catalán, en el que coexisten distintas visiones de Cataluña como «nación», término que aquí no emplearé en su acepción antigua y medieval[4], sino en el sentido que adquiere en la edad moderna, cuando aparece para remplazar a los monarcas absolutos como sujetos de una soberanía que, a pesar de la división de poderes, todavía se entendía indivisible.

Es precisamente en este marco donde el «sentimiento nacional» debía llegar a desempeñar una función socialmente aglutinadora, análoga a la que había representado la religión en los estados modernos, conforme al principio, cuius regio eius religio. Sobre esta base, a lo largo del siglo XIX, ya en plena efervescencia romántica, el «sentimiento nacional» y sus símbolos característicos[5] pasaron a considerarse expresión de la identidad históricamente diferenciada de comunidades que, por razones variadas, no habrían adquirido «todavía» su personalidad política propia, y que por ello estaban todavía en vías de cumplir su «destino histórico». Con ello se promovía la construcción de un sujeto colectivo sobre la base de la confluencia de razón política y sentimiento. Aunque el papel de este último en la configuración de los espacios políticos modernos pudiera variar, según se tratara de state-led o de state-seeking nations[6], el siglo XIX se convirtió para todos en el siglo de las historias nacionales, a la búsqueda de las esencias patrias; historias más o menos compartidas, construidas por sujetos que deseaban habitar un mundo a su medida.

Ciertamente, no es fácil precisar el alcance geográfico y temporal de eso que llamamos «sentimiento nacional». Como escribe Henry Kamen, «el problema de intentar definir un conjunto específico de sentimientos (identidad) cuando se habla de una ‘nación’ es que tales sentimientos no son de ningún modo exclusivos, sobre todo cuando las personas tienen sentimientos enraizados en muy diferentes lugares»[7]. Parafraseando a Kant, podríamos decir que sentimientos sin razones son ciegos; en particular, desprovisto de razones políticas, un sentimiento ni siquiera podría adjetivarse como «nacional». Sin embargo, en el orden de la fundamentación, la relación entre sentimiento y razón política puede articularse de manera diferente: donde prevalecen los principios liberales, la obra de la razón política precede constitutivamente a la apelación al sentimiento; donde prevalece el sentimiento, este se toma como indicio de una identidad prexistente, configurada en el curso de una historia que, asumida en presente por una determinada comunidad, se concibe como legitimadora de un proceso constituyente en el plano político.

Aunque procesos contemporáneos tales como la construcción de la Unión Europea, o la descentralización político-administrativa de distintos estados en el marco de la globalización, permiten matizar y cuestionar tanto la indivisibilidad de la soberanía como la homogeneidad cultural de las naciones, actualmente asistimos a una nueva reedición de ambos usos del término «nación»: en algunos casos recupera protagonismo un sentimiento nacional que confluye idealmente con el Estado como estructura político-administrativa ya constituida; en otros casos es en el interior de Estados-Nación ya constituidos donde se registran brotes de sentimiento nacional diferenciados y no necesariamente convergentes con el primero.

Es un hecho que la sociedad catalana se encuentra en estos momentos dividida en torno a esta cuestión, cuya evolución y desenlace afecta asimismo al conjunto de la sociedad española. Coexisten hoy en Cataluña catalanes que sienten «como propia una identidad compuesta, catalana y española a la vez»[8] y otros que se identifican a sí mismos únicamente como catalanes, rechazando su comunidad con España. Sin embargo, como apuntaba anteriormente, no todo en el conflicto catalán se reduce a un conflicto de sentimientos identitarios; al menos no en el sentido decimonónico.

TRES DISTINCIONES RELEVANTES

A este respecto, hay tres distinciones que pueden resultar útiles para individuar los elementos que intervienen en la reciente reclamación de independencia:

1 En primer lugar, no todo nacionalismo es independentista. De hecho, el producto histórico más característico de la Cataluña del siglo XIX fue un «catalanismo» cultural y políticamente muy fecundo[9], que, tanto desde posiciones tradicionalistas y conservadoras[10] como desde posiciones federalistas y republicanas[11], se proponía como objetivo la autonomía, o, en general, alguna forma de autogobierno, sin renunciar —todo lo contrario— a ejercer una influencia positiva en el resto de España. Años después, Jordi Pujol describiría este catalanismo como «nacionalismo no independentista»[12]. Comprender por qué una parte considerable de este catalanismo ha evolucionado en los últimos años hacia posiciones independentistas, hasta el punto de silenciar el catalanismo no independentista, requiere tomar en consideración una multiplicidad de factores —culturales, jurídicos, económicos, emocionales—. El peso específico de estos factores en la opción personal por la independencia es variable, pero, considerados en conjunto, constituyen un relato más o menos compartido dentro y fuera de Cataluña, respecto de la evolución de la «cuestión catalana» desde la Constitución de 1978 y la promulgación del primer Estatuto de Autonomía en el 79, hasta la reforma de dicho Estatuto en el 2006 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Promulgada en un clima político enrarecido, la sentencia de 2010, por la que se declaraban inconstitucionales algunos artículos del Estatuto de 2006, ha marcado un antes y un después en la evolución del conflicto catalán. Con todo,

2 no todos los partidarios de la independencia se amparan en tesis nacionalistas. Hay sectores de la población catalana que, sentimientos nacionales aparte y más allá de razones históricas y culturales, viene apostando por la independencia principalmente por razones instrumentales o pragmáticas, de gestión económica y funcionalidad administrativa: quienes lo apoyan piensan que, fracasadas las reformas estatutarias y/o constitucionales encaminadas a solucionar las tensiones jurídicas y fiscales con la administración del Estado, a Cataluña «le iría mejor» por su cuenta[13]. En qué medida esto es realmente así o no, en qué medida es política y económicamente viable una Cataluña independiente o no, son cuestiones sobre las que se dividen las opiniones. En todo caso, esta postura, inicialmente minoritaria, habría ido ampliando sus bases en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica. Es entonces cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, arrecia en sus críticas al modelo de financiación autonómica y las políticas fiscales del Estado para con Cataluña.