Juan Pablo Luna - La chusma inconsciente

Así, pensaba Lechner, los líderes conseguían legitimidad (y tiempo para hacer su pega ) cuando persuadían a la sociedad sobre la necesidad de postergar sus expectativas en lo inmediato, en pos de la construcción de un proyecto más satisfactorio (de difícil aunque plausible construcción) en el futuro.

Un buen ejemplo de esto se observa en el gobierno del presidente Patricio Aylwin. En su momento, construyó legitimidad convenciendo a los chilenos de que era necesario pasar por un periodo de normalización (luego de la dictadura militar), en que las demandas sociales y aquellas asociadas a la justicia respecto a las violaciones de DD. HH. debían contenerse, al menos durante la primera etapa de la transición. Con este movimiento, Aylwin logró sincronizar los tiempos sociales y políticos, creando niveles significativos de legitimidad.

Remarco esta idea de Lechner porque resulta claro que hoy el sistema político chileno está fuertemente desincronizado . En la columna «Por qué la elite política no puede entender lo que quiere la sociedad» analizaré cómo el proceso de desmovilización hizo que la élite política se alejara de los ciudadanos y se identificara crecientemente con los intereses del empresariado, generando desconfianza, falta de empatía y dificultando la capacidad de las élites para interpretar y canalizar institucionalmente las demandas ciudadanas. Aquí el problema se abordará desde los ciudadanos, describiendo tres causas de la desincronización que se originan en ellos y los afectan principalmente a ellos: la compresión temporal, la vida en universos paralelos y el ascenso de los ciudadanos monotemáticos ( single-issue citizens ).

La institucionalidad democrática, al igual que la legitimidad, se estructura fuertemente sobre la base del tiempo. Examinemos, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Si seguimos la conceptualización del politólogo Juan Linz, las elecciones generan mandatos, y en un régimen presidencialista como el chileno los elegidos (idealmente en base a un programa de gobierno) tendrán cuatro años para realizar dicho mandato o persuadirnos de las dificultades que les impidieron cumplirlo, antes de tener que someterse nuevamente a evaluación en las urnas. En este nuevo ciclo electoral, la ciudadanía evaluará al gobierno y decidirá darle continuidad u optar por la alternancia.

Esta concepción de «la rendición de cuentas» está en la base de la institucionalidad de la democracia liberal y, sin embargo, se ha vuelto increíblemente anacrónica. Los problemas que enfrentó España para formar gobierno durante el 201619 demuestran que el parlamentarismo como una solución alternativa probablemente también se ha quedado corto. ¿Qué ha sucedido?

Una explicación plausible es que los tiempos sociales y políticos se han comprimido brutalmente. Las «lunas de miel» de los nuevos gobiernos probablemente sean hoy más breves y frágiles que en el pasado. Cualquier escándalo que se viralice en las redes sociales alcanza para acortar el periodo de gobierno que la ciencia política reconocía como clave para asentar a un gobierno y avanzar en su programa. Las redes sociales y la irrupción de lo que el sociólogo Zygmunt Bauman denominó la «sociedad líquida» tienen sin duda un impacto significativo en la compresión temporal. Solo a modo de ejemplo, mientras usted lee este párrafo se han publicado solo en Twitter 30.000 comentarios a nivel global, varios de los cuales tienen contenido político20.

No obstante, otros procesos menos señalados son también clave. La irrupción de las encuestas y la medición permanente de la popularidad de actores y propuestas también comprime el tiempo.

En la política del pasado, los líderes buscaban implementar su programa y trabajaban con un elenco de su confianza. Si bien recibían señales mediante la penetración social que poseían sus aparatos partidarios desplegados en el territorio, dichas señales llegaban con filtros, con sesgos, y eran en todo caso menos nítidas que el porcentaje de aprobación obtenido en la medición semanal. Como la industria televisiva que pasó del rating mensual al people meter por segundo, obligando a los productores a maximizar los peaks de audiencia improvisando al minuto, del mismo modo los políticos deben marcar bien en las encuestas y sostener su popularidad con frecuencia semanal. Entonces, no cuesta mucho imaginarse al otrora «segundo piso» racional y cerebral en una continua crisis ansiosa.

En la primera columna argumenté que, dada la fuerte desigualdad económica que tiene Chile, los ciudadanos de distinto nivel social viven en universos paralelos . Eso permite a los partidos desplegar estrategias electorales distintas y a veces contradictorias en los diferentes sectores sociales, y así ser competitivos en todos.

Los primeros datos provenientes del análisis de las actas del proceso constituyente nos están mostrando ahora que las preferencias de la ciudadanía también siguen un patrón de segmentación territorial y socioeconómica. Así se desprende del trabajo realizado por académicos del Centro de Investigación de la Web Semántica (CIWS). Según su análisis (que busca generar grupos de comunas en base a los siete valores y conceptos más frecuentemente mencionados en los Encuentros Locales Autoconvocados y que resultan identitarios 21), es posible concluir, entre otras cosas, lo siguiente:

En un primer grupo de comunas predominan las preocupaciones por los derechos de propiedad, la libertad económica y la familia (Banco Central, derecho de propiedad, derecho a la libertad de enseñanza, familia, tribunal constitucional, subsidiaridad).

En un segundo grupo predominan valores asociados a preferencias respecto a procedimientos democráticos y ciertas referencias a valores de izquierda, formulados en términos bastante abstractos (voto obligatorio, democracia participativa, asamblea constituyente, Estado laico, equidad, derechos sociales, libertad personal).

En un tercer grupo de comunas, los términos más frecuentes priorizan cuestiones similares, aunque con énfasis en la igualdad económica y en formato «combativo» (dignidad, derecho a la sindicalización y negociación colectiva, cambio o reforma constitucional, derecho a la salud, derecho a la educación, igualdad, protección y respeto de los derechos humanos y fundamentales)22.

Cualquier observador medianamente informado sobre la realidad chilena puede estimar, con grados altos de precisión, qué comunas pertenecen a cada grupo.

El primero corresponde, exactamente, al viejo distrito electoral 23 (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea). En el segundo grupo de comunas predominan territorios de residencia emblemáticos de la clase media y media alta «progre» (Ñuñoa, La Reina, Providencia, Peñalolén, Santiago). En el tercer grupo, finalmente, encontramos comunas populares, con historia de movilización de izquierda. Varias de ellas también cuentan hoy con alcaldías de ese signo político (La Pintana, Cerro Navia, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Lo Espejo, Renca, Cerrillos, etc.).

También sería relativamente sencillo identificar grupos de comunas en función de los niveles de participación ciudadana registrados en los Encuentros Locales Autoconvocados.

En suma, los resultados de la primera etapa del proceso constituyente replican, con altísima precisión, un mapa político segmentado en términos socioeconómicos y territoriales. Aun en el marco de un proceso que por definición busca elementos comunes entre los diferentes y que «baja» a los territorios de forma homogénea (la convocatoria y el formato de los cabildos fue realizada a nivel nacional), la presencia de universos paralelos se muestra determinante.