Yolanda Sierra León - teoría general de la reparación simbólica

En sentencia del 15 septiembre de 2005, la CorteIDH declara que el Estado es responsable internacionalmente por violación a derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, ordena medidas de reparación simbólica orientadas a: (i) la construcción de un monumento apropiado y digno para recordar los hechos, (ii) la adopción de medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de cuerpos armados y organismos de seguridad en derechos humanos y (iii) la publicación de la sentencia.

Estas reparaciones simbólicas se enfocan en medidas de satisfacción (reconocimiento de responsabilidad y publicación de la sentencia), objetos de tipo material (monumento) y garantías de no repetición (educación en derechos humanos).

Caso La Cantuta vs. Perú : trata sobre el secuestro de varios estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta a manos de miembros del ejército peruano y del grupo paramilitar Colina. Las víctimas posteriormente fueron desaparecidas y algunas de ellas ejecutadas extrajudicialmente.

Hubo condenas contra algunos denunciados. No obstante, el Congreso peruano aprueba la Ley 26479, que concede amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones de derechos humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, fecha de promulgación de dicha ley.

La CorteIDH, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2006, declara que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia ordena reparaciones simbólicas como: (i) proceder con la búsqueda y localización de los restos mortales de quienes continúan desaparecidos, (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, (iii) asegurar que las personas declaradas como víctimas ejecutadas o de desaparición forzada incluyan su nombre en el monumento “El Ojo que Llora”, previo consentimiento de los familiares de las víctimas, (iv) publicar la sentencia, (v) implementar programas permanentes de educación en derechos humanos para miembros de los servicios de inteligencia, fuerzas armadas y policía nacional, así como para jueces y fiscales.

Las medidas de reparación simbólica ordenadas adoptan enfoques como: (i) garantía de satisfacción (búsqueda y localización de restos de desaparecidos, acto de reconocimiento de responsabilidad y publicación de la sentencia), (ii) garantía de no repetición (educación en derechos humanos) y (iii) objetos de tipo material en lo relacionado con la inclusión de los nombres de las víctimas en el monumento “El Ojo que Llora”.

Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México : trata sobre la desaparición y posterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez.

En sentencia del 16 de noviembre de 2009 la CorteIDH declara responsable al Estado por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Belém do Pará.

Como medidas de reparación simbólica ordena: (i) publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación , en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en honor a la memoria de las víctimas, (iii) levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez y (iv) continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género y perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos.

Estas medidas de reparación simbólica adoptan tres enfoques: el primero, como garantías de satisfacción (publicación de sentencia y acto público de reconocimiento de responsabilidad), el segundo, relacionado con un objeto de tipo material (monumento) y el tercero, como garantía de no repetición (programas y cursos en derechos humanos y perspectiva de género).

Caso Azul Rojas Marín y Otra v s. Perú : trata sobre los actos de violencia que agentes estatales cometieron en contra de la señora Rojas Marín en razón a su orientación sexual.

La sentencia del 12 de marzo de 2020 declara responsable internacionalmente al Estado peruano por violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Como medidas de reparación simbólica enfocadas en garantías de satisfacción ordena: (i) la publicación de la sentencia y (ii) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Ahora bien, desde un enfoque como garantía de no repetición se encuentran: (i) la adopción de un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI, (ii) la implementación de un plan de sensibilización y capacitación de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI, (iii) el diseño y ejecución de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI y (iv) la eliminación del indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú.

En estos dos últimos casos, las garantías de no repetición ordenadas buscan la eliminación de patrones culturales existentes en la sociedad que permiten la exclusión de determinados grupos poblacionales y naturalizan la violencia ejercida contra ellos.

De manera general, se observa que tanto la CIDH como la CorteIDH acogen la reparación simbólica en sus pronunciamientos y recurren a múltiples enfoques que combinan medidas de satisfacción, garantías de no repetición y objetos de tipo material, inmaterial y artístico. No obstante, algunos autores cuestionan la generalidad de estas medidas. Por ejemplo, un estudio realizado por Manuel Albarracín respecto a las reparaciones simbólicas acordadas en soluciones amistosas evidencia que:

Aun cuando la CIDH acepta que la reparación simbólica forma parte de la reparación integral, pareciera que tal perspectiva es reciente y que por ello no se ha intentado su aplicación. Esto se soporta en que desde 1985 y hasta el 2012 únicamente en once casos 25se pactaron medidas de reparación, simbólica o de carácter simbólico, en tres diferentes formas de estructuración: a) la construcción de monumentos en honor a las víctimas; b) la designación de espacios y edificaciones públicas con el nombre de las víctimas; y c) el establecimiento de placas conmemorativas. ( Albarracín, 2018, p. 239).

Lo anterior demuestra que, con relación a las medidas de reparación simbólica adoptadas en los acuerdos y recomendaciones de la CIDH y en las sentencias de la CorteIDH, no existe un proceso de creación del símbolo que permita un diálogo entre las víctimas, el Estado y la sociedad en general y que tenga como eje central los derechos a la verdad, memoria y dignidad.

La reparación simbólica en los tribunales penales internacionales es un tema que se ha incorporado de manera gradual en el tiempo, desde los juicios de Núremberg hasta las sentencias emitidas por la Corte Penal Internacional.