Trasfondo político
Al abandonar Alfonso XIII España, vista la falta de apoyo popular en las elecciones municipales de 1931, se proclama la República y se convocan elecciones que ganan las izquierdas republicanas y obreras (el PSOE se convierte en el partido con más diputados en las Cortes). Comienza el llamado Bienio Progresista, durante el cual el Gobierno de la República, formado por distintas formaciones republicanas de izquierda (Acción Republicana, radicales-socialistas...) y el Partido Socialista, trata de poner en marcha una serie de leyes de alto contenido social. El fracaso y la lentitud en la aplicación de las mismas llevan a un descontento popular, que culmina en una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933), reprimidos con dureza y que provocan un fuerte escándalo político, la caída del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas en 1933.
La CEDA, partido derechista, gana estas elecciones, pero el Presidente de la República no les permite formar gobierno, por lo que lo acaban formando los radicales de Lerroux con el imprescindible apoyo de la CEDA. Comienza el gobierno de centro derecha llamado por la izquierda Bienio Negro, ya que anuló muchos de los derechos sociales y reformas progresistas aprobadas durante el gobierno anterior, bienio progresista, oponiéndose especialmente a la reforma agraria. Gran parte del pueblo llano había esperado grandes cambios de la Segunda República. Pero la victoria de los conservadores truncó las esperanzas de muchos y reverdeció la agitación y las protestas al ver el rumbo de marcha atrás que tomaba su política.
Ante lo que consideran mal gobierno de Lerroux, la CEDA exige su participación en el gobierno. Se nombran tres ministros de la CEDA, pero este nombramiento (constitucional) no es aceptado ni por la izquierda ni por los nacionalistas. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) proclama desde Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española y UGT declara una huelga general revolucionaria, lo que provoca la Revolución de 1934 y la proclamación desde Oviedo de la República Socialista Española. La situación queda rápidamente dominada por el Gobierno, salvo en Asturias, único lugar en el que los anarquistas se unen a los partidos y sindicatos de izquierdas. El Gobierno reprime la sublevación de Asturias con dureza, trayendo de África a la Legión y, una vez finalizada, se produce una fuerte represión.
Los escándalos financieros y políticos hacen caer al Gobierno radical-cedista y se convocan nuevas elecciones, en las que, por primera vez en mucho tiempo, la izquierda une fuerzas formando el Frente Popular, y los anarquistas, tradicionalmente abstencionistas, a pesar de no formar parte de la coalición, le dan su apoyo.
Con unos resultados muy ajustados, gana las elecciones el Frente Popular. Poco tiempo después, basándose estrictamente en una norma sobre la disolución de las Cortes, es destituido el Presidente de la República, Alcalá-Zamora; por otra parte, se destina fuera de Madrid a los generales que se consideran desafectos a la República.
Durante la Segunda República, la polarización de la política española que se inició a finales del siglo XIX alcanza su cenit. Conviven una izquierda revolucionaria y una derecha fascista importantes, con una izquierda moderada y una derecha republicana; un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico, una sociedad secular muy anticlerical y un catolicismo ultraconservador.
Desde 1808, la sociedad española intentaba salir de una tradición absolutista que, a diferencia del resto de los países de Europa, lastraba aún al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, derivados del moderantismo decimonónico. Los conservadores, muchos militares, terratenientes y parte de la jerarquía católica ven peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España.
Una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También existía una tradición de más de un siglo (desde los tiempos del rey Fernando VII), según la cual los problemas no se arreglaban más que con los levantamientos.
Este conjunto de circunstancias hace que, durante la Segunda República, el clima social sea muy tenso, la inseguridad ciudadana muy alta y los atentados de carácter político o anticlerical una lacra para el país.
No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.
La revolución social
Como consecuencia de la inacción del Gobierno en los primeros momentos de la revuelta militar, en las áreas controladas por los anarquistas (principalmente Aragón y Cataluña), en suma a las temporales victorias militares, se llevó a cabo un gran cambio social, en el cual los trabajadores y los campesinos colectivizaron la tierra y la industria y establecieron consejos paralelos al ya entonces paralizado Gobierno. A esta revolución se opusieron los republicanos y comunistas apoyados por la Unión Soviética. La colectivización agraria había tenido un considerable éxito a pesar de carecer de los recursos necesarios, cuando Franco ya había capturado las tierras con mejores condiciones para el cultivo. Este éxito sobrevivió en las mentes de los revolucionarios libertarios como un ejemplo de que una sociedad anarquista puede florecer bajo ciertas condiciones como las que se vivieron durante la Guerra Civil Española.
Cuando la guerra progresó, el Gobierno y los comunistas fueron capaces de acceder a las armas soviéticas para restaurar el control del Gobierno y esforzarse en ganar la guerra, a través de la diplomacia y la fuerza. Los anarquistas y los miembros del POUM fueron integrados al ejército regular, aunque con resistencia; el POUM fue declarado ilegal, denunciado falsamente de ser un instrumento de los fascistas. En las Jornadas de mayo de 1937, las milicias anarquistas y poumistas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad republicanas por el control de los puntos estratégicos de Barcelona, tal como George Orwell lo relata en Homenaje a Cataluña.
Véase también: Anarquismo en España
La Iglesia y la Guerra Civil Española
Cambio: Laicismolaicidad del Estado
En octubre de 1931, Manuel Azaña, que para entonces ocupaba la jefatura del Gobierno republicano, declaró que España había dejado de ser católica, actuando su gobierno en consonancia con ello. Desvinculando la Iglesia del Estado, mostrando así el avance hacia un Estado Laico, en consecuencia los subsidios que se otorgaban al clero quedaron abolidos. La educación no debía tener carácter religioso, sino que debía ser suministrada y subvencionada por el Estado (que aún con dificultades económicas, debido a las deudas por indemnizaciones del programa de desamortización de terrenos agrarios, fomentó la educación pública e inició la creación de nuevas escuelas), se introdujo el matrimonio civil, la ley de divorcio y el entierro civil. Las reformas fueron interpretadas como un ataque hacia la Iglesia. El cardenal Pedro Segura y Sáenz se lamentó de este «severo golpe» y temió por la hegemonía eclesiástica en la nación. Desde este momento las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno de la Segunda República Española se irían haciendo mayores.
Componentes religiosos
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