Adrián Acosta Silva - Superficie de imágenes

En este escenario, la gestión del conflicto se convirtió en la bestia negra de las reformas educativas. Los problemas de gobernanza considerados como el núcleo duro de la acción del gobierno fueron desplazados sistemáticamente por los problemas de gobernabilidad del sector. La tensión entre cambios y conflictos se convirtió en la seña de identidad de una reforma que aún requiere ser valorada y evaluada en sus distintas dimensiones, alcances y componentes. Quizá ha llegado el momento de iniciar la autopsia de una reforma que no logró consolidarse en el ánimo público.

c) El futuro educativo y el nuevo gobierno

La hora de gobernar, de hacer gobierno, ha comenzado para el lopezobradorismo. En las próximas semanas y meses asistiremos al proceso de transición de la administración pública federal que culminará con la toma de posesión del nuevo presidente de la república el 1 de diciembre de este año. Durante este periodo se forjará la agenda gubernamental básica que dará sentido al programa de gobierno sexenal y a los programas sectoriales respectivos.

La formulación teórica y las evidencias empíricas del campo del análisis de las políticas y del papel de los gobiernos nacionales en la gestión de los asuntos públicos indican que ninguna política ocurre en el vacío histórico e institucional. En cada campo de la acción pública hay legados, herencias, estructuras e intereses que determinan de manera significativa las posibilidades de acción de un nuevo gobierno. Esa característica fundamental estará presente, sin duda, en el campo educativo mexicano.

Lo interesante del momento mexicano es la fuerza con la que llega un nuevo gobierno a enfrentar la combinación de déficits y logros que se han acumulado en cada sector. Y aquí, el lopezobradorismo llega con una fuerza política y social como no había ocurrido en ninguna otra experiencia de alternancia desde el año 2000. El viejo sistema de partidos concentrado en tres grandes fuerzas (PRI, PAN y PRD) ha sido sustituido por una fuerza hegemónica inocultable representada por Morena, una organización pragmática, no ideológica, que absorbe intereses diversos y contradictorios, que combina rasgos del nacionalismo posrevolucionario, tendencias al hiperpresidencialismo, prácticas de neocorporativismo y neopopulismo, junto con elementos del socialismo cristiano, del conservadurismo moral (aportados por el Partido Encuentro Social, el PES), y unos toques del radicalismo revolucionario marxista, o más bien, neostalinista (aportados por el Partido del Trabajo, el PT). Claramente antineoliberal, el perfil del nuevo gobierno anticipa una transición interesante y un conjunto de desafíos inéditos para un gobierno electo democráticamente.

Para el sector educativo, la transición perfila tres tipos de asuntos que, desde mi punto de vista, constituyen el núcleo estratégico de la acción y las decisiones del gobierno para el periodo 2018-2024. El primero de ellos tiene que ver con la reforma educativa diseñada e instrumentada de manera accidentada y heterogénea por el actual gobierno federal. El segundo tiene que ver con el paradigma de políticas y el sistema de creencias que predomina desde hace treinta años en la educación superior. El tercero tiene que ver con el problema del gobierno educativo.

En aras del tiempo, me concentraré en enunciar brevemente los contenidos y características de cada uno de estos tres asuntos y de sus respectivos dilemas, reconociendo que tanto su complejidad, como los dilemas educativos, requieren mayores elementos explicativos.

Reforma educativa: destruir la reforma, reformar la reforma o promover una nueva reforma educativa

Durante su campaña, AMLO se refirió a la reforma como una “falsa reforma”, concentrada solamente en lo laboral y no en lo educativo. Habló en muchas ocasiones de que cancelaría o suspendería la reforma, aunque en uno de los debates afirmó también que probablemente conservaría algunos aspectos considerados en la reforma peñanietista. Estas ambigüedades corresponden claramente al modo electoral del lopezobradorismo, que ahora, enfilado al “modo gubernativo” tendrán que ser explicadas, argumentadas y organizadas en un proyecto con mayor precisión y claridad.

Aquí el punto conflictivo, delicado, tiene que ver con la evaluación docente. Muy probablemente, la primera acción del nuevo gobierno será la suspensión de la evaluación tal y como está planteada, para iniciar una metaevaluación de la reforma (“evaluar la evaluación”), y diseñar un nuevo sistema evaluativo no sólo de los docentes, sino también de los diferentes perfiles de los maestros y de los muy diversos tipos de contextos en los cuales se desarrollan los procesos socioeconómicos, pedagógicos, educativos y cognitivos que influyen en el desempeño escolar de los niños y los jóvenes mexicanos.

Pero el foco de atención de una nueva reforma, cualquiera que esta sea, tiene que ver con los aprendizajes. Si el fin de todo sistema educativo es lograr aprendizajes significativos, adecuados y pertinentes para la formación intelectual y cognitiva de niños y jóvenes, es necesario colocar a la evaluación como un medio para alcanzar los fines y no al revés, como frecuentemente han sostenido los críticos de la reforma peñanietista. Aquí, sin embargo, hay muchas dudas: ¿cuál es o puede ser el papel del INEE en el proceso? ¿De qué manera participarán los maestros y maestras? ¿Cómo se organizará la participación de partes interesadas (gobernadores, empresarios, partidos políticos, padres de familia, expertos, grupos de interés, grupos de presión) a lo largo del proceso? ¿Cómo se legitimarán las propuestas de reforma y de qué manera se instrumentarán?

Educación superior: continuidad o ruptura con el paradigma de políticas en educación superior

La educación superior se caracteriza hoy por varias paradojas y tensiones. Con más de 7 mil establecimientos públicos y privados, que albergan a más de 4 millones de estudiantes y a más de 370 mil profesores e investigadores, este sector constituye uno de los más grandes de América Latina, sólo después de Brasil. Sin embargo, es también uno de los más inequitativos de la región: sólo cuatro de cada diez jóvenes entre 19 y 23 años tiene acceso a la universidad. Por otro lado, existen brechas de desigualdad social que también se reflejan en la divergencia educativa superior: los jóvenes de los deciles de las familias de ingresos más altos y de mayor escolaridad de los padres tienen cinco veces más posibilidades de acceso que los jóvenes de los familias de ingreso más bajos y de padres con escolaridades más bajas. Eso se traduce en un efecto de sobrerrepresentación de los estratos altos y medios respecto de los estratos más bajos de la sociedad mexicana.

Las políticas de modernización y de calidad instrumentadas en los últimos treinta años no han podido resolver este déficit de inclusión y equidad. Tenemos un sector público sobrerregulado coexistiendo con un sector privado cuasirregulado o subregulado compuesto por un puñado de instituciones de élite de alto costo y alta selectividad y miles de establecimientos particulares de bajo costo y baja selectividad.

El lopezobradorismo no ha mostrado un posicionamiento claro sobre las políticas hacia este sector, más allá de algunos pronunciamientos sobre becas para todos los jóvenes, o acceso universal a la educación superior. Sin embargo, revisar justamente las políticas de acceso y de regulación del sistema superior implica considerar por lo menos cuatro temas políticamente delicados e importantes: el tema del financiamiento; el de la autonomía de las universidades públicas y de las instituciones públicas no universitarias (universidades e institutos tecnológicos, escuelas normales superiores, universidad pedagógica nacional); el del papel y regulaciones de las instituciones privadas; y el de la articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación con el desarrollo nacional, que incluye subtemas clave como el del Sistema Nacional de Investigadores o el de la expansión del posgrado.