María Cecilia M'Causland Sánchez - Responsabilidad civil por el ejercicio de actividades peligrosas en Colombia. Balance reciente y aproximación crítica

Precisa, en efecto, que la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada, que no se confunde con aquellos criterios normativos, supone tener en cuenta, como lo ha expresado la Corte,

la previsibilidad objetiva o subjetiva , a consecuencia de lo cual “ debe realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud ” (SC, 15 enero 2008, exp. 2000-673-00-01; en el mismo sentido, SC, 6 sep. 2011, rad. 2002-00445-01).

Agrega que, contrario a lo expresado en el fallo, la “ ponderación fáctica sobre la causa del daño se debe realizar a través de un minucioso o detallado análisis de los comportamientos de cada uno de los partícipes en el hecho, máxime si se está frente a una actividad peligrosa (SC, 13 ago. 2015, rad. 2006-00320-01)”. Solo después debe hacerse “la evaluación jurídica, con el fin de atribuir sentido legal a cada actuación”.

El magistrado Tolosa Villabona, por su parte, considera también que la argumentación de la sentencia del 12 de enero de 2018 se separa abiertamente de la teoría de la causalidad adecuada, adoptada en forma pacífica por la corporación en pronunciamientos anteriores, y que, por esa razón, entiende, erróneamente, que la Corte defiende un dogma de causalidad material o física y que la omisión no tiene incidencia causal, con lo cual se olvida que la Corte ha declarado la responsabilidad derivada de omisiones, en no pocos casos, desde mediados de siglo XX. Manifiesta, entonces, que no puede adoptarse una nueva tesis “[i]nopinadamente y en contra del debido proceso […] sin saber el porqué el estatuto epistémico vigente es equivocado o insuficiente, o no sirve de faro para prodigar soluciones judiciales en un área tan relevante en el derecho contemporáneo”. Llama la atención, en ese sentido, sobre que un tribunal de casación, que tiene la función de unificar jurisprudencia, “no puede dar saltos al vacío, sembrando dudas en la comunidad jurídica […] puesto que se atenta contra la seguridad jurídica y la confianza legítima”.

Concluye con estas afirmaciones:

Lo discurrido sobre la causa es especulativo. La Corte siempre ha ponderado la causa desde el punto de vista jurídico, pero para el efecto necesita de los hechos materiales que constituyen las distintas causas, como presupuesto necesario de la respectiva imputación jurídica. La ponderación, por lo tanto, excluye un juicio abstracto, salvo excepciones que tornen inocuo el tratamiento de la imputación fáctica.

[…] se debe sostener que no basta comprobar el daño, se requiere demostrar la acción y el nexo causal cuando de responsabilidad objetiva o por actividades peligrosas se trata.

En conclusión, puede observarse que, si bien ninguno de los fallos analizados contempla la culpa como elemento estructural de la responsabilidad por los daños causados por el ejercicio de actividades peligrosas, por lo cual ni el demandante ni el demandado tienen cargas probatorias referidas a ella, la postura de la Sala de Casación Civil no es unánime en lo que toca con la demostración de la causalidad; mientras, conforme a la tesis mayoritaria, el demandante debe probar que el ejercicio de la actividad peligrosa fue la causa adecuada del daño, un planteamiento minoritario defiende la idea de que el cumplimiento de esta carga es imposible, por lo cual le basta a aquella parte acreditar la simple intervención de la actividad peligrosa en la producción del daño –sin necesidad de determinar las circunstancias precisas en que se produjo tal intervención– para que este se impute a su guardián, salvo prueba de la causa extraña.

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