Andrzej Paczkowski - El libro negro del comunismo

La primavera de 1933 marcó sin duda el apogeo de un primer gran ciclo de terror que había comenzado a finales de 1929 con el desencadenamiento de la deskulakización. Las autoridades se vieron entonces enfrentadas con problemas realmente inéditos. Y de entrada, ¿cómo se podía asegurar, en las regiones devastadas por el hambre, las labores de los campos relacionadas con la cosecha futura? «Si no tomamos en consideración las necesidades mínimas de los koljozianos», había previsto en el otoño de 1932 un importante responsable regional del partido, «no habrá nadie que pueda sembrar y asegurar la producción.»

Además, ¿qué se podía hacer con centenares de miles de presos preventivos que congestionaban las prisiones y a los que el sistema de los campos de concentración ni siquiera podía explotar? «¿Qué efecto pueden tener sobre la población nuestras leyes hiperrepresivas», se interrogaba otro responsable local del partido en marzo de 1933, «cuando se sabe que a petición de la sala centenares de koljozianos condenados durante el último mes a dos años y más de prisión por sabotaje de la siembra ya han sido liberados?».

Las respuestas formuladas por las autoridades a estas dos situaciones límite, en el curso del verano de 1933, revelaban dos orientaciones diferentes cuya mezcla, alternancia y frágil equilibrio iban a caracterizar el período que va del verano de 1933 al otoño de 1936, antes del desencadenamiento del gran terror.

A la primera cuestión —¿cómo asegurar en las regiones devastadas por el hambre los trabajos de los campos con vistas a la futura cosecha?— las autoridades respondieron de la manera más expeditiva organizando inmensas redadas de la población urbana, enviada a los campos manu militari .

«La movilización de las fuerzas urbanas», escribía el 20 de julio de 1933 el cónsul italiano de Járkov, «ha adquirido proporciones enormes. (…) Esta semana, por lo menos 20.000 personas han sido enviadas cada día al campo. (…) Anteayer se realizó una incursión en el bazar, se apoderaron de todas las gentes que podían trabajar, hombres, mujeres, adolescentes de ambos sexos, y se los llevaron a la estación vigilados por la GPU, y los expidieron a los campos 23».

La llegada masiva de estos habitantes de las ciudades a los campos hambrientos no dejó de crear tensiones. Los campesinos incendiaban los barracones en los que se había confinado a los «movilizados» que habían sido debidamente puestos en guardia por las autoridades para que no se aventuraran por las aldeas «pobladas de caníbales». No obstante, gracias a condiciones meteorológicas excepcionalmente favorables, a la movilización de toda la mano de obra urbana disponible, al instinto de supervivencia de los sobrevivientes, que, confinados en sus aldeas, no tenían otra alternativa que trabajar esta tierra que ya no les pertenecía o morir, las regiones afectadas por el hambre durante 1932-1933 proporcionaron una cosecha muy digna en el otoño de 1933.

A la segunda cuestión —¿qué hacer con el flujo de detenidos que congestiona las prisiones?— las autoridades respondieron de manera pragmática liberando a varios centenares de miles de personas. Una circular confidencial del Comité Central de 8 de mayo de 1933 reconoció la necesidad de «reglamentar los arrestos (…) efectuados por cualquiera», de «descongestionar los lugares de detención» y de «reducir, en un plazo de dos meses, el número total de los detenidos, excepción hecha de los campos de concentración, de 800.000 a 400.000 » 24. La operación de «descongestión» duró cerca de un año y alrededor de 320.000 personas detenidas fueron liberadas.

El año 1934 estuvo marcado por cierta tregua en la política represiva. De ello da testimonio la fuerte disminución del número de condenas en los asuntos seguidos por la GPU, que descendieron a 79.000, frente a los 240.000 de 1933 25. La policía política fue reorganizada. Conforme al decreto del 10 de julio de 1934, la GPU se convirtió en un departamento del nuevo comisariado del pueblo para el Interior unificado a escala de la URSS. Parecía así fundirse con los otros departamentos menos famosos tales como la milicia obrera y campesina, la guardia fronteriza, etc. Al llevar además las mismas siglas que el comisariado del pueblo para el Interior —Narodnyi Komissariat Vnutrennyj Diel o NKVD—, la «nueva» policía política perdía una parte de sus atribuciones judiciales. Al término de la instrucción, los autos debían ser «transmitidos a los órganos judiciales competentes», y ya no tenía la posibilidad de ordenar ejecuciones capitales sin el aval de las autoridades políticas centrales. Igualmente se creó un procedimiento de apelación: todas las condenas a muerte debían ser confirmadas por una comisión del Politburó.

Estas disposiciones, presentadas como medidas «que reforzaban la legalidad socialista», no obstante solo tuvieron efectos muy limitados. El control de las decisiones de arresto por parte de la sala no tuvo ningún alcance, porque el fiscal general Vyshinski concedió una autonomía completa a los órganos represivos. Además, desde septiembre de 1934, el Politburó infringió los procedimientos que él mismo había establecido a propósito de la confirmación de condenas de pena capital, autorizando a los responsables de varias regiones el que no se refirieran a Moscú para las condenas a muerte expresadas en el ámbito local. La tregua había tenido una corta duración.

El asesinato de Serguei Kírov, miembro del Politburó y primer secretario de la organización del partido de Leningrado, abatido el 1 de diciembre de 1934 por Leonid Nikolayev, un joven comunista exaltado que había conseguido entrar armado en el Instituto Smolni, sede de la dirección del partido de Leningrado, desencadenó un nuevo ciclo represivo.

Durante décadas, la hipótesis de la participación directa de Stalin en el asesinato de su principal «rival» político, prevaleció, fundamentalmente después de las «revelaciones» realizadas por Nikita Jrushchov en su «Informe secreto» presentado durante la noche del 24 al 25 de febrero de 1956 ante los delegados soviéticos en el XX Congreso del PCUS. Esta hipótesis ha sido cuestionada, sobre todo en la obra de Alla Kirilina 26, que se apoya en fuentes archivísticas inéditas. No hay ninguna duda de que el asesinato de Kírov fue ampliamente utilizado por Stalin con fines políticos. Materializaba efectivamente, de manera extraordinaria, la figura de la conspiración, elemento central de la retórica estalinista. Permitía crear una atmósfera de crisis y de tensión. Podía servir, en todo momento, de prueba tangible —de único elemento, en realidad— de la existencia de una vasta conspiración que amenazaba al país, a sus dirigentes y al socialismo. Proporcionaba además una excelente explicación de las debilidades del sistema: si las cosas iban mal, si la vida era difícil, aunque debería de ser según la expresión famosa de Stalin, «alegre y feliz», se debía a «la culpa de los asesinos de Kírov».

Algunas horas después del anuncio del asesinato, Stalin redactó un decreto, conocido con el nombre de «ley del 1.° de diciembre». Esta medida extraordinaria, que entró en vigor por decisión personal de Stalin, y que solo fue ratificada por el Politburó dos años más tarde, ordenaba reducir a diez días la instrucción en los asuntos de terrorismo, juzgarlos en ausencia de las partes y aplicar inmediatamente las sentencias de muerte. Esta ley, que marcaba una ruptura radical con los procedimientos establecidos unos meses antes, iba a ser el instrumento ideal para la aplicación del gran terror 27.

En las semanas que siguieron, un número importante de antiguos opositores a Stalin en el seno del partido fueron acusados de actividades terroristas. El 22 de diciembre de 1934, la prensa anunció que el «crimen odioso» era obra de un «grupo terrorista clandestino» que comprendía a Nikolayev y además a trece antiguos «zinovievistas» arrepentidos, y que era dirigido por un supuesto «centro de Leningrado». Todos los miembros de este grupo fueron juzgados a puerta cerrada los días 28 y 29 de diciembre, condenados a muerte e inmediatamente ejecutados. El 9 de enero de 1935 se abrió el proceso del mítico «centro contrarrevolucionario zinovievista de Leningrado», en el que estuvieron encausadas setenta personas, entre ellas numerosos militantes eminentes del partido que se habían opuesto en el pasado a la línea estalinista y que fueron condenados a penas de prisión. El descubrimiento del centro de Leningrado permitió ocuparse del «centro de Moscú», cuyos diecinueve supuestos miembros, entre los que figuraban Zinoviev y Kamenev en persona, fueron acusados de «complicidad ideológica» con los asesinos de Kírov y juzgados el 16 de enero de 1935. Zinoviev y Kamenev admitieron que «la antigua actividad de la oposición no podía, por la fuerza de las circunstancias objetivas, más que estimular la degeneración de estos criminales». El reconocimiento de esta sorprendente «complicidad ideológica», que se producía después de tantos arrepentimientos y negaciones públicas, debía exponer a los dos antiguos dirigentes a figurar como víctimas expiatorias en una futura parodia de justicia. De momento, les ocasionó, respectivamente, cinco y diez años de reclusión criminal. En total, en dos meses, de diciembre de 1934 a febrero de 1935, 6.500 personas fueron condenadas según los nuevos procedimientos previstos por la ley contra el terrorismo de 1 de diciembre 28.