José Woldenberg - Contra el autoritarismo

Luego de las crudas y terroríficas experiencias del siglo XX y de las que están en curso, debería ser compartida la convicción de que el poder político –por más noble que parezca– requiere ser regulado, equilibrado y vigilado. Ello, porque el poder concentrado, discrecional, libre de ataduras, suele incurrir y ha incurrido en todo tipo de excesos, negándole derechos a quienes disienten de él y en el extremo desatando persecuciones e incluso masacres. De ahí la necesidad de reglas, instituciones y procedimientos capaces de procesar la diversidad que anida en cualquier sociedad moderna o modernizada.

No obstante, y por desgracia, cuando los líderes se piensan a sí mismos como la expresión de una masa virtuosa todo el entramado normativo que pone en pie el Estado democrático suele parecerles una camisa de fuerza. Da la impresión que “el pueblo bueno” es el sujeto que ha remplazado al proletariado, a nombre del cual se construyó un régimen sin contrapesos, opresivo.

Ahora bien, México como el resto del mundo está viviendo los efectos de una doble crisis combinada: de salud y económica (estamos en recesión), y el gobierno no parece tomar nota del enorme reto que puede incluso disminuir el impacto de sus programas sociales.

Hay que decirlo: “Por el bien de todos, primero los pobres”, fue una magnífica consigna del candidato López Obrador. Más aún en un país tan desigual como México. ¿Quién, por lo menos retóricamente, podría estar en contra? Es como cuando alguien postula “necesitamos educación de calidad para todos, salud universal y gratuita, vivienda digna”. Objetivos, sin duda, loables que pueden generar un consenso discursivo, pero para lograrlos se requieren algo más que buenas intenciones. Se necesitan políticas específicas fruto del conocimiento y acciones programadas y consistentes.

Todos los signos apuntan a que próximamente México verá crecer su número de pobres. La caída de la economía más la reclusión por la pandemia ya están dando sus primeros resultados: La Secretaría del Trabajo informó de 347 mil empleos formales perdidos en una quincena, un poco más de todos los creados a lo largo de 2019. Y es apenas el inicio.

El Presidente insiste en mantener vivos (y si se puede ampliar) los programas de transferencias monetarias a jóvenes en capacitación para el trabajo, becas para estudiantes de educación media y superior, para los adultos mayores, discapacitados, damnificados, microcréditos y algunos más. Bien, pero todos esos programas son financiados con recursos públicos y el problema mayúsculo es que esos recursos dependen de la recaudación fiscal y se requiere que por lo menos ésta se mantenga en los niveles conocidos.

No obstante, lo más probable es que esos recursos disminuyan porque el conjunto de la economía se hará más pequeña. Las predicciones difieren, pero todas –absolutamente todas– señalan que el Producto Interno Bruto (consumo privado, inversiones de las empresas, gastos del sector público y exportaciones netas) caerá como no lo hacía desde la crisis de 1994-1995 y algunos prevén que incluso será peor. Ello como resultado del cierre y la quiebra de empresas, lo que implicará mayor desempleo y un sector informal creciente en número de participantes y reducido en cuanto a su valor.

Por ello no se puede dejar a su suerte a los millones de empresas y sus trabajadores que constituyen el fundamento del universo productivo mexicano. Da la impresión que en el Ejecutivo no se valora lo que eso quiere decir. Flota un prejuicio antiempresarial que al parecer impide apreciar el aporte y la necesidad de unas y otros. En la página de Bancomext y la Secretaría de Hacienda se ilustra que existen un poco más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas. El 97.6 por ciento son microempresas, que no tienen más de cinco trabajadores, pero en las que está ocupado el 75.4 por ciento de los trabajadores. Las empresas pequeñas, en porcentaje representan el 2 y las medianas apenas el 0.4 por ciento de ese total.

Ese universo la está pasando mal y en los próximos meses lo pasará peor. Y si luego de la pandemia y el enclaustramiento semiobligatorio, resulta devastado, la vida económica y social del país tardará mucho en recuperarse. Por ello, el gobierno (el Estado mexicano) no puede ser omiso y voltear para otro lado. No puede apostar a que el mercado haga su trabajo (porque sin duda lo hará, desapareciendo a las empresas más débiles y mandado a la calle a millones de trabajadores), porque en las circunstancias actuales, eso supondrá un retroceso de décadas y una crisis social de proporciones mayúsculas.

Ya muchos lo han dicho, pero es necesario repetirlo: se requiere un auténtico acuerdo nacional –dialogado, negociado, pactado– que como señaló Rolando Cordera incluya a las representaciones de empresarios y trabajadores, involucrando al Congreso de la Unión y a los especialistas más reconocidos para intentar que la temporada adversa que estaremos viviendo sea lo menos destructora posible. Porque sólo con el voluntarismo y la política del avestruz gubernamental no iremos muy lejos (y ojalá me equivoque).

Lasa Fórum, vol. 51, núm. 3, julio de 2020.

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