Carles Sirera Miralles - Un título para las clases medias

Por lo tanto, era obvio que si Silvela quería respetar parte del legado liberal del que los conservadores dinásticos eran herederos, las reformas de Pidal no podían aplicarse sin propiciar una ruptura definitiva. Precisamente, la lectura del proyecto de presupuestos el 17 de septiembre de 1899 propició una crisis política que se saldó con la posterior salida de Polavieja y la remodelación del Gabinete el 18 de abril de 1900, que tendría como principal novedad la creación del Ministerio de Agricultura y el de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al frente de este último, Silvela colocó a Antonio García Alix, veterano parlamentario que nunca se había destacado en cuestión alguna relacionada con la enseñanza. Su bajo perfil político en este campo debía ayudar a apaciguar los ánimos, aunque, curiosamente, más bien le permitiría desempeñar un papel técnico que iniciaría un periodo de cambios más duraderos y de mayor calado.

LAS REFORMAS DE GARCíA ALIX Y ROMANONES

Es posible que una sincera convicción sobre la necesidad de mejorar la calidad de la Instrucción Pública en España moviese a García Alix, que nunca había tenido interés en estas cuestiones, como él mismo reconocía, a desempeñar una acción sistemática en favor de los institutos oficiales, a ampliar los contenidos científicos en las programaciones académicas, así como a reglamentar y poner en orden las disposiciones que regían el funcionamiento administrativo de los centros. De hecho, su reforma más destacada fue la supresión del plan de estudios de Luis Pidal, su antecesor y supuesto aliado político, por considerar que incurría en un exceso de formación clasicista perjudicial para el nivel cultural del país. En su lugar, promulgó el decreto de 20 de julio de 1900, que en realidad era una readaptación del proyecto de Gamazo que recuperaba la obligatoriedad de la Gimnasia y el Dibujo o asignaturas desaparecidas como la Técnica Industrial y Agrícola y el Derecho Usual, tan repudiado por sectores del conservadurismo. Del mismo modo, se hacían cambios en «el estudio de la Lógica como aligerar algún tanto los formalismos escolásticos, á cambio de consagrar á los métodos de investigación y exposición científica un interés más transcendental». 45 Pero, al mismo tiempo, se respetaba el papel relevante otorgado a la Religión y no se pronunciaba a favor de tolerar la objeción de conciencia.

Por otro lado, para evitar una excesiva carga lectiva del profesorado y de los alumnos, reducía las lecciones de hora y media a una sola hora y, en vez de diarias, hacía la mayoría de ellas de clase alterna. En este mismo sentido, reformó y reforzó los reglamentos referentes a los exámenes públicos y las oposiciones para el ingreso tanto en el cuerpo de catedráticos como en el de auxiliares. Arbitró complementos salariales para los docentes que tuvieran horarios laborales superiores a los de sus compañeros e impuso a los colegios privados un plantel mínimo de profesores titulados para garantizar la calidad de la educación, aunque declaró exentos de este requisito a los escolapios, los jesuitas y los agustinos.

A pesar de esta consideración preferente por algunas órdenes religiosas, García Alix fue duramente criticado por sus correligionarios más cercanos a los planteamientos ultras y sufrió una visceral y violentísima campaña impulsada por la prensa católica que, además de caer en el insulto y la descalificación personal por su aspecto físico, deseó pública y animosamente la pronta y repentina muerte del ministro. 46 No obstante, era inevitable que este conservador fuese acusado de actuar como un liberal, porque sus medidas estaban en consonancia con los proyectos de la oposición, y cuando el 6 de marzo de 1901 Sagasta volvió al poder, el conde de Romanones pudo desde el Ministerio de Instrucción Pública desplegar una política más enérgica por ser su reforma complementaria, en vez de opuesta, a las disposiciones de su predecesor.

La primera medida del nuevo ministro fue una circular dirigida a los rectores en favor de la libertad de cátedra, que, si bien se trataba de un derecho que existía de facto, desde la Constitución de 1869 no se reconocía positivamente y su aceptación tácita sufría la limitación teórica del artículo 170 de la Ley Moyano que consentía la tutela del Episcopado, siempre predispuesto a someter a los catedráticos a un escrutinio inquisitorial. Obviamente, la oposición de la Iglesia fue frontal y, en cierta medida, ayudó a la misma acción de Gobierno al justificar el giro anticlerical que los nuevos líderes del partido querían tomar. Después de este acto simbólico, empezó un intenso proceso de recolección de datos estadísticos y descriptivos que sustentarían firmemente las controvertidas decisiones que iban a dictarse.

Una vez terminado el acopio documental, se hicieron unos ligeros cambios en los planes de estudio de García Alix y se dio paso a la reconversión de los institutos provinciales en institutos generales y técnicos con la intención de revitalizar los estudios de aplicación y las escuelas industriales de artesanos, agonizantes desde hacía lustros, al hacerlas depender directamente de los institutos y no de las diputaciones.

Por otro lado, Romanones también asumió por primera vez la instrucción primaria como una competencia directa del Estado e hizo que los honorarios de los maestros dependieran de Madrid, decisión que Eduardo Vincenti llevaba diez años reclamando y que siempre había contado con la negativa de los ministros de Hacienda. Igualmente, reglamentó el ingreso en las Escuelas Normales de Maestros y las fusionó con los institutos para que estuvieran bajo el control de sus directores. Asimismo, sometió a exámenes más rigurosos y severos a los escolares matriculados en los centros privados, dio plenos poderes a los rectores para inspeccionar tanto la educación primaria como la secundaria, ya fuese oficial o privada, e hizo de la enseñanza religiosa una materia voluntaria sin valor académico, interpretando el artículo 11 de la Constitución como una cláusula de salvaguarda de la aconfesionalidad de las instituciones públicas:

En cuanto á los exámenes de religión, claro está que, siendo potestativo y libre para los alumnos el estudiarla ó no, sólo puede exigirse el certificado de aprobación ó el examen á los alumnos oficiales ó no oficiales que deseen cursarla; pues aun cuando el Ministro que suscribe reconoce ante todo la necesidad moral y social de esa enseñanza, no puede imponerla, sin faltar abiertamente á la Constitución del Estado, y á imponerla equivaldría el exigir su aprobación. Hasta la misma denominación de asignatura es impropia e irreverente, tratándose de tan elevado principio de educación, que no de enseñanza. 47

Este conjunto de medidas, como el propio preámbulo del decreto reconocía, más que el esperado revulsivo fue la necesaria recuperación del tiempo perdido por la Administración. Se trató de una reconstrucción exitosa del marco normativo erosionando desde los inicios de la Restauración que, paradójicamente, fijó unos sólidos cimientos que no tuvieron continuación en la obra de ningún legislador. De hecho, los decretos de Romanones fueron respetados por los conservadores, porque su propia debilidad interna les impidió realizar cambios radicales y tuvieron que conformarse con reducir el número de asignaturas por el Real Decreto de 6 de septiembre de 1903, que exponía en su preámbulo la situación de agotamiento a la que se había llegado: «Hablar siquiera en esto momentos de una reforma en el plan de estudios de la segunda enseñanza, sería dar motivo justo de alarma á los alumnos, á sus familias y al mismo Profesorado, harto conturbado por anteriores repetidos ensayos. No es oportuno, ni casi sería lícito someter tantos intereses á nueva inquietud». 48 Por esta razón, en vez de suprimir contenidos, excepto la enseñanza del Inglés y el Alemán que había incorporado Romanones sin el necesario plantel de profesores a tal efecto, se procedió a comprimir el número de cursos de las materias prácticas como el Dibujo, la Gimnasia o la Caligrafía para simplificar y abaratar la enseñanza media.