José Laguna Matute - Cuidadanía

A pesar de las apariencias, la relación entre ciudadanía y derechos humanos está lejos de ser una convivencia pacífica. Los derechos humanos no son la culminación exitosa de una ciudadanía cosmopolita; la ciudadanía que se presenta hoy como global se muestra ineficaz para proteger los derechos de seres humanos apátridas. Nada nuevo por otra parte; ya Hannah Arendt, en el siglo pasado, había llamado la atención sobre la impotencia de las instituciones supraestatales para defender la vida de aquellos sujetos que eran expulsados a los márgenes de cualquier reconocimiento estatal. Según ella, el genocidio nazi se justificó por la condición de apátrida atribuida a judíos y gitanos. Su condición de ciudadanos de ninguna parte o, expresado en términos de derechos humanos, su ser «solo» humanos, fue lo que los dejó sin ninguna protección real frente a las atrocidades del Holocausto. Para Arendt, la ciudadanía, entendida como el «derecho a tener derechos», se vincula inexorablemente al reconocimiento de una ciudadanía territorial; solo el marco legal de un Estado-nación puede defender a sus miembros; apelar a un universalismo humanista no protege de abusos totalitaristas y violentos (Arendt, 1987). Aunque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Asamblea francesa de 1789, los utilice como términos equivalentes e intercambiables, la realidad es que solo los derechos de una ciudadanía vinculada a un Estado concreto auxilian a unos genéricos derechos del hombre. Llevado al extremo, podíamos llegar a concluir que la apelación a una ciudadanía global es un oxímoron; que, en último término, toda ciudadanía es siempre local y que, por tanto, deberíamos evitar la atribución de pertenencias universales a dicho concepto. Así lo advertía a principios del siglo XIX el filósofo y político contrarrevolucionario saboyano Joseph de Maistre: «La Constitución de 1795, como las precedentes, está hecha para el hombre. Ahora bien, el hombre no existe en el mundo. Yo he visto, durante mi vida, franceses, italianos, rusos..., y hasta sé, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa: en cuanto al hombre, declaro que no me lo he encontrado en mi vida; si existe, lo desconozco» (De Maistre, 1955, p. 142).

Hoy sigue habiendo millones de apátridas (más de 65 millones de personas deambulan por el mundo a causa de conflictos bélicos, catástrofes climáticas y pobreza extrema), personas que no encuentran el abrigo de ninguna ciudadanía cosmopolita que les reconozca y les proteja. En la misma senda de un cosmopolitismo crítico, el jurista italiano Luigi Ferrajoli propone el camino inverso al de H. Arendt, esto es: más derechos humanos y «menos» ciudadanía.

Tomar en serio estos derechos significa hoy tener el valor de desvincularlos de la ciudadanía como pertenencia [a una comunidad estatal determinada] y de su carácter estatal. Y desvincularlos de la ciudadanía significa reconocer el carácter supra-estatal –en los dos sentidos de su doble garantía constitucional e internacional– y, por tanto, tutelarlos no solo dentro, sino también fuera y frente a los Estados, poniendo fin a este gran apartheid que excluye de su disfrute a la gran mayoría del género humano, contradiciendo su proclamado universalismo. Significa, en concreto, transformar en derechos de la persona los dos únicos derechos que han quedado hoy reservados a los ciudadanos: el derecho de residencia y el derecho de circulación en nuestros privilegiados países (Ferrajoli, 1999, p. 17).

Más allá de los debates jurídicos especializados, lo que me interesa resaltar es la urgencia por encontrar los anclajes universalistas que remitan a ciudadanías globales con eficacia real; como veremos, la vulnerabilidad y los cuidados que propone la cuidadanía son universales-concretos que permiten construir marcos socio-jurídicos de protección arraigados en la realidad.

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