José Laguna Matute - Cuidadanía

Participación

Más arriba me refería al ámbito sociopolítico como el contexto de pertenencia que determina el estatus de ciudadanía. Pero la pertenencia social por sí misma no asegura el reconocimiento como ciudadano, se necesita además la participación activa en la vida de la polis. Los esclavos, las mujeres y los menores de edad formaban parte de la sociedad griega clásica, pero no se consideraban ciudadanos, porque estaban excluidos de los ámbitos de participación política. Para un griego libre, la dedicación a la cosa pública era un privilegio y un honor; de hecho, la capacidad para consagrarse a las tareas de la comunidad era lo que diferenciaba a un ciudadano de los hombres inútiles, tal como advertía Tucídides por boca de Pericles:

[En nuestra ciudad] nos preocupamos a la vez de los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa pública; pues somos los únicos que consideramos, no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa en ella, y además, o nos formamos un juicio propio, o al menos estudiamos con exactitud los negocios públicos, no considerando la discusión como un estorbo para la acción, sino como paso previo indispensable a cualquier acción sensata (Tucídides, 1952).

Como ya ocurría con la pertenencia, el fenómeno de la globalización incide sobre el pilar de la participación, debilitándola hasta dejarla en expresiones residuales. La sospecha, cada vez más extendida, de que nuestras decisiones como ciudadanos tienen escasa incidencia en la configuración de un mundo global regido por los dictados de una economía trasnacional, dibujan ciudadanías con niveles de participación individual bajo mínimos. Votar periódicamente para cambios de legislaturas gubernamentales o pagar resignadamente impuestos son los únicos ejercicios conscientemente políticos para una inmensa mayoría de ciudadanos pasivos. Por si esto no fuera suficiente, la profesionalización de la actividad política acaba degenerando en exiguas democracias representativas entendidas como subrogación de responsabilidades cívicas.

Protección

Ser ciudadanos –hombres y mujeres– de una ciudad, nación o Estado no solo nos arraiga en una comunidad de valores compartidos e identidades colectivas, también nos inscribe en una comunidad que, en su configuración ideal, protege nuestros derechos individuales, provee de los medios necesarios para nuestro desarrollo personal y se ocupa de atender las necesidades básicas de sus miembros más vulnerables.

Podría haberme referido solo a la vinculación entre pertenencia y derechos para identificar las responsabilidades que la ciudadanía como institución contrae con cada uno de sus miembros: ser ciudadano de un determinado Estado –al menos en los democráticos– implica gozar de mecanismos jurídicos de amparo; pero utilizo pretendidamente el concepto más amplio de «protección» para caracterizar aquellas interacciones sociales que, aun poseyendo una dimensión jurídica incuestionable, generan responsabilidades mutuas más allá de marcos legales. Es el caso de la educación y la sanidad, por poner dos ejemplos cercanos: la educación universal y la sanidad pública, que muchas sociedades exhiben como sus derechos de ciudadanía más preciados, pueden interpretarse también como pactos de cuidados, que, sin menoscabo de sus reclamos legales, generan vínculos de ciudadanía no menos exigentes que la reivindicación de derechos.

Establecidos los mínimos conceptuales de la ciudadanía, de aquí en adelante toda referencia a ella habrá de considerar la expresión de un modelo sociopolítico de convivencia, la definición de un ámbito de pertenencia, la enumeración de instrumentos de participación social y, por último, la explicitación de instancias de protección. Comunidad sociopolítica, pertenencia, participación y protección constituyen el núcleo duro de la definición de ciudadanía; todo acercamiento educativo, filosófico o político que en su argumentario obvie estos elementos puede estar hablando de asuntos relacionados con la sociedad, pero no necesariamente de ciudadanía.

Ciudadanía(s)

El distinto peso otorgado, la jerarquización y las diferentes articulaciones que pueden establecerse entre la pertenencia, la participación y la protección determinan ciudadanías diferentes. No es lo mismo una ciudadanía de orden liberal, centrada en la defensa de derechos individuales y en la que la pertenencia y la participación se reducen a su mínima expresión; una ciudanía de signo comunitarista, configurada en torno a una concepción social de bien común anterior al individuo y en la que las identidades colectivas son muy relevantes, o una ciudadana cívico-republicana, que articula los contrapesos de poder de comunidades históricamente constituidas y en la que los derechos informan y limitan constitucionalismos regulados. No se trata de distintos acentos de una misma ciudadanía, sino de ciudadanías diferentes. El informe Eurydice, de la Comisión Europea, por ejemplo, recoge tres tipologías distintas de ciudadanía: ciudadanía liberal (democrática y neoliberal), ciudadanía comunitaria (liberal-comunitaria, cívico-republicana, comunitario-conservadora) y ciudadanía cosmopolita o posnacional (Comisión Europea, EACEA, Eurydice, 2017). Como ya he denunciado en otro lugar (Laguna, 2020b), me parece un tremendo error la asunción acrítica de una supuesta ciudadanía de «marca blanca» por parte de las instituciones educativas, dando por supuesto que la ciudadanía global que se enseña en sus aulas define un modelo unívoco y pacífico de convivencia social. Nada más lejos de la realidad. Los enfrentamientos entre los manifestantes norteamericanos que, en el contexto de pandemia de la COVID-19, defendían las medidas de autoconfinamiento en vistas del bien común y las de aquellos que reivindicaban su derecho individual a transitar libremente por donde quisieran ignorando las recomendaciones sanitarias de un Estado tachado de paternalista, visibiliza perfectamente modelos de ciudadanía contrapuestos y no solo puntos de vistas diferentes de una ciudadanía homogénea.

No basta con reivindicar la necesidad de una ciudad genérica; en el actual contexto mundial resulta vital definir los contornos precisos de la ciudadanía que se defiende y se promueve. En este sentido, la propuesta de la cuidadanía establece marcos propios de pertenencia, participación y protección.

Ciudadanía global y derechos humanos

Aunque definen realidades diferentes, ciudadanía y derechos humanos comparten un desarrollo conceptual y normativo entrelazado. El tránsito de unos derechos jurídicos vinculados a ámbitos de pertenencia estatales hacia un derecho natural reflejado en un supuesto orden del mundo y, posteriormente, inscrito en la naturaleza individual de cada ser humano, corre parejo a la progresiva ampliación de una ciudadanía territorial que, hoy en día, busca definirse desde la pertenencia global a una humanidad común.

A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 hay que reformular la noción de ciudadanía (también la de democracia, Estado, Constitución, bien común, etc.). Los derechos fundamentales –dirá Gregorio Peces-Barba– suponen hoy el núcleo de la legitimidad en las sociedades democráticas, el contenido material de las Constituciones y la referencia axiológica que determina la idea de justicia y bien común. «Son quizá la realidad ético-jurídica más próxima a los ciudadanos, bandera de los procesos emancipatorios y de las pretensiones justificadas de libertad y de igualdad de los individuos y los grupos» (Peces-Barba Martínez, 1999, p. 15). Para Nira Yuval-Davis, los derechos humanos son una expresión particular de las múltiples capas que componen la ciudadanía (Yuval-Davis, 1990).