Juan Pedro Cavero Coll - El pueblo judío en la historia

4.919.917 refugiados registrados por Naciones Unidas.

1,5 millones de expulsados por la guerra de 1948 y sus descendientes, no registrados por Naciones Unidas porque no se inscribieron o porque no necesitaban asistencia cuando se convirtieron en refugiados.

950.000 desplazados por la guerra árabe-israelí de 1967 y sus descendientes.

350.000 desplazados residentes en Israel y sus descendientes.

Los refugiados palestinos reconocidos por Naciones Unidas viven principalmente en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, Jordania, Siria y Líbano. De ellos, casi el 30% (en torno a 1,5 millones) residía a fines del 2012 en los 61 «campos» oficiales. Un «campo» es «un terreno puesto por el gobierno anfitrión a disposición de la UNRWA para acomodar a los refugiados palestinos e instalar servicios, con objeto de atender a sus necesidades». Los solares donde se asientan estos campos son propiedad de los países que los prestan o se arriendan a dueños locales, y de su administración y vigilancia responden los países anfitriones, mientras la UNRWA se encarga de proporcionar a sus residentes los servicios sociales básicos.

El 1 de julio de 2012 había 58 campos de refugiados reconocidos por la UNRWA instalados en Jordania (10 campos), Líbano (12), Siria (9), Cisjordania (19) y la Franja de Gaza (8). En dicha fecha la distribución de los refugiados era la siguiente:

A 31 de diciembre de 2012, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, la población mundial palestina era de 11,6 millones, de los que 4,4 vivían en territorios palestinos (2,7 millones en Cisjordania y 1,7 millones en la Franja de Gaza), 1,4 en Israel (de los que el 36,5% tenían menos de 15 años), 5,1 en países árabes y unos 655 mil en otros países. En la misma fecha casi un 44,2% de la población que vivía en territorio palestino eran refugiados: en concreto, un 41,4% en Cisjordania y un 58,6% en la Franja de Gaza.

La ubicación de los campos, como refleja la tabla, muestra con claridad que cualquier negociación sobre esos millones de refugiados palestinos no solo incumbe directamente a la ANP y a Israel, sino también a los principales países de acogida (Jordania, Siria y Líbano). El tema concierne igualmente a los demás estados miembros de la comunidad internacional, sobre todo a los más poderosos, algunos de los cuales llevan décadas aportando grandes cantidades de dinero para el mantenimiento de muchos palestinos, sean o no refugiados. La ONU, por su parte, lleva décadas esforzándose por alcanzar acuerdos justos y, a través de la UNRWA, ha contribuido de forma decisiva a mejorar las condiciones de vida de los refugiados, responsabilizándose de cubrir sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, sanidad, vestido y educación).

¿Cuál es el futuro de esos millones de personas? En 2005 Peter Hansen, comisionado de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) entre 1996 y 2005 concluyó ese último año un artículo insistiendo en la necesidad de alcanzar una solución política como única vía para arreglar el problema de los refugiados palestinos:

«A pesar de los esfuerzos de la UNRWA y sus ayudantes durante este prolongado período, y para alguien como yo que ha servido con orgullo a los refugiados palestinos durante nueve años, creo que es esencial que todas las partes, incluyendo la comunidad internacional, reconozcan que los problemas políticos no pueden solucionarse únicamente mediante intervenciones humanitarias, sino que requieren de soluciones políticas.»

El gobierno de Israel distingue entre los «refugiados», que abandonaron sus casas como consecuencia de la guerra de 1948, y los «desplazados», que son todos los demás. Por cuestiones humanitarias, Israel estaría dispuesto a recibir a varios miles de esos «refugiados», pero no a los «desplazados». Las autoridades israelíes argumentan que acoger tanto a los «refugiados» como a sus descendientes, los «desplazados», supondría tal avalancha que peligraría la identidad judía de Israel. Este país contaba ya en 2013 con una población árabe superior a 1,7 millones de personas sobre un total ligeramente superior a 8 millones de israelíes (de ellos, poco más de 6 millones de judíos), según la Oficina Central de Estadísticas de Israel.

Los gobernantes israelíes afirman, además, que muchos de los palestinos que entraran en Israel pretenderían acabar con el estado judío. Por eso la mayoría de los políticos israelíes considera que conlleva más riesgos que ventajas admitir el retorno masivo de quienes se marcharon o fueron expulsados y la entrada por vez primera de sus descendientes. Desde Israel se alega, asimismo, que su estado hubo de hacerse cargo de los judíos expulsados por las naciones árabes en 1948.

La OLP, por su parte, afirma que el término «refugiado» hace referencia a un status legal y sostiene que todos los refugiados tienen el derecho a volver a su tierra, así como a una compensación económica por los daños causados. Según esta organización a todos los refugiados se les debe dar la opción de regresar a sus casas, tal y como está reconocido por el Derecho Internacional, dejando que sean ellos mismos quienes elijan su futuro con otras opciones si voluntariamente rechazan la de regresar: reasentándose en terceros países, reasentándose en una nueva Palestina independiente o normalizando su situación legal en el país que actualmente les acoge. Lo importante es, según la OLP, que sean los propios refugiados quienes elijan qué opción prefieren sin que nadie se la imponga.

También consideramos nosotros que esa es la solución óptima, si bien esa elección solo debería corresponder, en nuestra opinión, a los refugiados que la ONU reconociera para la ocasión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre lo mejor es realizable. En el caso que nos ocupa, numerosos países consideran que el derecho de los palestinos a elegir ha de ser compatible con los derechos de Israel a su seguridad y a mantener su carácter de «hogar» para todos los judíos del mundo.

Aunque difícil de conseguir, lo ideal es que las preferencias de cada refugiado ―al menos, de la gran mayoría de ellos― coincidan con las de las restantes partes afectadas (según el caso, la ANP, Israel, Jordania, Siria y Líbano). Por eso, antes de adoptar una medida oficial sobre el futuro de los refugiados palestinos convendría hacer un sondeo (si no total, al menos una muestra representativa) para conocer su elección en caso de que pudieran hacerlo. De esa manera, la ONU y los países directamente implicados en el problema podrían trabajar con más datos.

La ANP no parece excesivamente interesada en recibir a todos los refugiados en los territorios que gobierna porque se agravarían los difíciles problemas que afronta en la actualidad. Más complejo aún sería la entrada masiva de nuevos refugiados en la Franja de Gaza. Los países limítrofes, por su parte, deseosos de normalizar cuanto antes su situación interna, quieren arreglar pronto la cuestión. Como ya indicamos, solo Jordania ha concedido la nacionalidad a los refugiados. Pero esto no basta. Por eso, una solución sería convencer a los refugiados para que renuncien a esas tierras ―las que reclaman en Israel y, si así conviene a la ANP, las que les corresponderían en los territorios bajo su jurisdicción― a cambio de indemnizaciones. De estas compensaciones se beneficiarían también la propia ANP y, por supuesto, los países que hicieran el esfuerzo de admitir a esos antiguos refugiados en su nueva condición: la de ciudadanos permanentes.