2. México
ODR Latinoamérica formó a los mediadores de la Escuela del Poder Judicial de Guanajuato, dirigida por el Maestro Tobías García Tovar. Ya se trabaja la mediación transfronteriza interactiva en el Estado de Tamaulipas en cuestiones civiles. Implementan, en algunos casos, mediaciones para personas con dificultades de documentación migratoria, llevándose a cabo en el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, dirigido por el Dr. Roberto Montoya González. Los acuerdos arribados no son vinculantes, carecen de
imperium para ser ejecutados. Lo significativo y sólido del proceso es el respeto a la autocomposición. Cuando las partes consienten comunicarse en una sesión interactiva para zanjar un diferendo, el profesional y experto en Mediación Virtual aplica estrategias y técnicas propias haciendo honor de la esencia del proceso. El respeto inherente a la persona humana, protegido en este Estado, es conteste con la evolución de los Derechos Humanos evidenciado en el “Consentimiento Dialogado”. Los encargados del proceso, al comprender empáticamente a las partes y explicar las ventajas de la Mediación Virtual: confidencialidad, ahorro de tiempo, costo de traslados, en la mayoría de los casos, cumplen con la función de difundir y educar a la comunidad, logrando en general acuerdos satisfactorios y sustentables en el tiempo.
3. Brasil
ODR Latinoamérica distinguió en el año 2014, con el Premio “Impulsores” durante el desarrollo del Global Mediation Rio, al Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, presidente honorario del FONAMEC. Su gestión contribuyó a iniciar el camino de sensibilización sobre la potencial implantación de las ODR/RDL en Brasil. Facilitó a ODR Latinoamérica compartir sobre este nuevo campo disciplinar en el evento referido.
Brasil aprobó su ley de mediación, la ley 13.140, del 26 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial de la República el 29 de junio del mismo año.
En ella se establece la posibilidad de realizar mediaciones a través de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación, otorgando un nuevo marco legislativo a la actividad del ODR.
4. China. El debut de la mediación en línea
El 8 de septiembre de 2015, la primera plataforma en línea para mediación fue puesta en uso por un tribunal de Shanghái como parte de la respuesta al creciente número de casos civiles que implican a partes extranjeras.
A las entidades foráneas, a menudo les resulta difícil asistir a procesos de litigios judiciales.
Ahora, con la solución móvil de la plataforma en línea, un demandante y un demandado ya no necesitan comparecer físicamente ante un juez. Lo que tienen que hacer, a través de un software, es conectarse y comenzar el juicio para llegar a un acuerdo.
Un número creciente de casos civiles y comerciales de Shanghái implican a partes extranjeras. Este tipo de casos civiles han aumentado en un 11% anual en los últimos cinco años.
“BEIJING, 7 mar (Xinhua) - El Tribunal Popular Supremo (TPS) de China está mejorando los servicios de mediación para evitar o resolver disputas sociales mediante una plataforma en línea.
La plataforma combina los recursos de los Tribunales y sociales de mediación, así como los métodos tradicionales y en línea para mejorar la flexibilidad y eficiencia de la mediación, según Jiang Qibo, director del Tribunal de presentación de casos del TPS.
El TPS dará instrucciones a los Tribunales para que enriquezcan sus recursos de mediación, mejoren sus bases de datos de intermediarios y el análisis de datos, con el fin de mejorar la asignación de recursos de este ámbito.
Se puede descargar una aplicación para móviles en la página web de la plataforma.
China recurre al método de una “mediación popular” para resolver las disputas al margen de los procesos judiciales.
La Ley de Mediación de 2010 estableció comités de mediación popular en los pueblos, comunidades urbanas, empresas e instituciones públicas. La mediación administrativa y judicial también se puede utilizar para resolver disputas.
En octubre de 2017, China inició un proyecto piloto de mediación con el apoyo de abogados en nueve provincias y dos municipalidades del país para resolver conflictos civiles y empresariales” (1).
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